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DETROIT, agosto 17.—Una jueza federal de Detroit ordenó el jueves al gobierno del presidente George W. Bush detener el programa de escuchas telefónicas de la Agencia de Seguridad Nacional en el interior del país, tras señalar que viola la Constitución de Estados Unidos.
La decisión es un nuevo revés para el gobierno de Bush, que ha defendido el programa como una herramienta esencial en su supuesta guerra contra el terrorismo, indica Reuters.
La jueza Anna Diggs Taylor dijo que la polémica práctica de escuchas telefónicas, conocida como «Programa de Vigilancia Terrorista», violaba los derechos de libertad de expresión, protección contra investigaciones excesivas y la revisión constitucional sobre el poder de la presidencia.
El programa ha sido ampliamente criticado por los defensores de los derechos civiles y generó preocu pación entre los legisladores, entre ellos algunos del Partido Republicano —el mismo del presidente Bush—, quienes sostuvieron que el mandatario podría haber sobrepasado sus poderes al autorizar las escuchas.
La juez respondió a una demanda introducida ante un tribunal federal de Detroit, Michigan, contra la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) por la Unión de Libertades Civiles Es tadounidenses (ACLU), a pedido de periodistas, abogados, profesores y otros trabajadores que alegaban que no podían desarrollar su trabajo por miedo a que sus comunicaciones fueran monitoreadas.
El gobierno ha pedido que se descarte la demanda presentada por la ACLU, planteando que cualquier acción judicial en el caso pondría en riesgo secretos de la guerra contra el terrorismo.
Bush autorizó el programa de la NSA después de los ataques del 11 de septiembre. La medida se hizo pública el año pasado.
El programa permite al gobierno escuchar las conversaciones telefónicas provenientes del extranjero y revisar los mensajes electrónicos de los ciudadanos estadounidenses sin necesidad de obtener una orden, si se encuentra persiguiendo a Al Qaeda.
Los demócratas y algunos republicanos dicen que el programa podría exceder la autoridad de Bush como «comandante en jefe» y parece violar la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 1978, que exige órdenes para las intervenciones telefónicas a sospechosos dentro de Estados Unidos.
