La mayoría de votos que los lentos conteos en las elecciones peruanas otorgan al aspirante Roberto Sánchez sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga cuando casi está terminado el proceso, ubica al candidato de Juntos por el Perú (JPP) en segundo lugar tras la primera ronda, lo que le daría el pase para discutir el balotaje frente a la conocida Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien está segura en el primer puesto.
Sánchez, seguidor del apresado expresidente Pedro Castillo e identificado como de izquierda, rebasa a Aliaga por 14 474 votos cuando está concluido el 99,68 por ciento del escrutinio, un margen que, según analistas, se considera irreversible.
Pero si Aliaga, de Renovación Popular (RP), obtiene la cuarta parte de los votos pendientes y Sánchez no avanza, pudiera rebasarlo. El derechista lidera en la capital con el 20 por ciento de los votos válidos, y allí solo restan por revisar 16 000 sufragios, valoró Telesur.
De todos modos, el margen es muy escaso aunque, en última instancia, no es la única sombra que pende sobre la posibilidad de que en la segunda ronda, prevista para el 7 de junio, pueda haber una opción distinta a la ultraderecha pura lo que, de paso, repetiría el esquema visto en los comicios presidenciales de 2021: entonces fueron a la ronda final la propia hija del exmandatario Alberto Fujimori y el maestro cajamarquino Pedro Castillo, quien obtuvo una inesperada y difícil victoria, tras la cual la derecha en el Congreso boicoteó su mandato y vació su programa de gobierno hasta sacarlo del poder bajo la acusación manipulada de que iba a asestar un golpe de Estado, con lo que justificó su «vacancia».
Sin embargo, aparte de las improbabilidades (¿o probabilidades?) que se abren ante Sánchez y que están ajustadas únicamente al conteo, hay peligros como las reiteradas acusaciones de fraude vertidas por Aliaga contra las elecciones pese a que se están analizando las actas impugnadas. Ello buscaría anular los resultados, algo que hasta ahora no ha prosperado.
Pero existe una amenaza aún peor. Este propio martes circula la noticia de que el Ministerio Público ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato de Juntos por el Perú por, presuntamente, haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre los aportes de campaña entre los años 2018 y 2020.
Según el diario local El Comercio, la Fiscalía también ha solicitado la «inhabilitación definitiva» de Sánchez para seguir ejerciendo el cargo de presidente de su partido. A priori, llama mucho la atención que, remitiéndose la acusación a campañas de hace tanto tiempo, la condena emerja justamente ahora, cuando la posibilidad de que el candidato de JPP pasara a segunda ronda parecía no solo probable, sino cercana.
Su abogado defensor, Carlos García Asenjo, rechazó la acusación y ha dicho que la responsabilidad por las supuestas declaraciones falsas no corresponde a Sánchez, sino al tesorero del partido, dijo RP, e informó que el próximo 27 de mayo habrá una audiencia judicial en la que se decidirá si Sánchez irá a juicio oral, para que allí se decida si es culpable o inocente.
La ubicación dada por los resultados electorales a Sánchez fue, para muchos, una sorpresa que no estaba contemplada en los sondeos, pese al escaso margen obtenido por cada uno de los aspirantes, lo que habla de la falta de credibilidad y consistencia de que goza la institucionalidad peruana entre la población.
Pero tampoco debe sorprender que su puntaje resultara inesperado, porque la base fuerte de Sánchez está en las áreas rurales y, en general, en ese Perú profundo a donde tal vez no lleguen los estudios de opinión… o donde está la opinión con la que apenas se cuenta.
