Paquete es una palabra con muchas sinuosidades en Cuba. No siempre, al acudir a ella, nos referimos a lo mismo que en otras geografías donde, más que a estos, los trabajadores debieron soportar terribles paquetazos, casi siempre —y en eso sí hay coincidencia semántica con nosotros—, con sus buenas mentiras y manipulaciones mediante.
A nadie con cierta perspicacia política se le debe haber escapado el giro sustancial que dio el artículo que abre nuestra nueva Constitución, al declarar al cubano como un Estado socialista de derecho, en sustitución del Estado socialista de trabajadores que recogió la Carta Magna de 1976.
Esa sola transformación daría para un congreso, si en vez del sentido constitucionalista —tan raigal en la historia revolucionaria nacional—, y de supremacía del derecho que tanto se elogia de la reciente Ley de leyes, así como su balance y visión más ecuménica y realista, nos dejáramos llevar por alguna mala leche que, en estos casos —como sabemos—, nunca falta. Lo evidente aquí fue la búsqueda de correspondencia entre el diseño de sociedad consensuado y las circunstancias en que deberán concretarse sus postulados.
Lo más hondo, y lo que alinea especialmente a ese Estado socialista de derecho que ahora se proclama con sus fundamentos clasistas, es que no se traiciona, en su espíritu y aspiraciones, la primacía del trabajo y los trabajadores, así como a la posesión pública o social en el tipo de sociedad planteada, con independencia de que se reconozcan distintos tipos de propiedad en el escenario económico nacional.
Uno de los vuelcos conceptuales que más se parecen a ese sentido del momento histórico delineado por Fidel en su concepto de Revolución —del que se cumplen, precisamente, 20 años este Primero de mayo— es que una cosa es el Estado como propietario, en nombre de la nación y el pueblo, y otra los distintos modelos en que puede gestionarse la propiedad.
El cambio estructural del modelo económico nacional, pese a la apertura a diversas formas de propiedad mantiene la hegemonía de la de carácter público, con una empresa socialista que abre terreno a mayor autonomía, incluyendo en el uso de los ingresos y su beneficio a los trabajadores.
Esto debería favorecer la capacidad negociadora y de influencia de los sindicatos, si queremos hacer honores a su verdadera naturaleza, y que disposiciones como el pago por resultados encuentren cauces más prometedores.
Si alguna lección no es posible olvidar en este Archipiélago, es que los modelos del llamado «socialismo real» fracasaron, según revelan numerosos estudios, porque el burocratismo escamoteó la condición de dueños que correspondía a los trabajadores y condujo a lacerantes y extensivos procesos de enajenación, claramente descritos por el Che Guevara en su carta a Carlos Quijano conocida como El socialismo y el hombre en Cuba.
Semejante distorsión alteró los fundamentos no solo del socialismo, sino incluso del sindicalismo heredado del marco burgués, sometiendo a este, en nombre de urgencias superiores, a una voluntad ajena a sus valores y necesidades reales.
En las complejidades de la actualización económica nacional, y con la ventaja del Estado socialista sensible y humanista que los representa en Cuba, se necesita educar a los trabajadores para asumir el desafío histórico de la protección de sus derechos y condiciones laborales, tanto en su condición de propietarios colectivos de los medios de producción y del producto de su trabajo en tiempos de Revolución, como en los escenarios del creciente segmento privado de la economía.
Esa sincronía entre Estado y trabajadores en Cuba no precisa de vulgares abstracciones, porque es posible palparla desde muchas dimensiones: un Código de Trabajo renovado —y ampliamente consensuado—, que reconoce deberes y derechos en las diversas formas de propiedad, los mencionados cambios en la empresa socialista, así como el protagonismo que se promueve en la discusión de los convenios colectivos de trabajo, el Plan y el Presupuesto, deslindándose de la corrosiva formalización de esos cruciales procesos.
Aquí vale la pena exaltar el valor que líderes de la talla de Lázaro Peña ofrecían en el socialismo al derecho de los trabajadores a proponer, a derivar experiencias, a descubrir reservas, a aportar iniciativas, a vigilar porque todo marche bien.
Ahora mismo, en medio de la expansión mortífera del nuevo coronavirus, mientras en otros países millones de trabajadores, sometidos a labores informales y el abandono más doloroso, claman por algunas migajas de los Estados neoliberales, en la Cuba asediada con saña irracional el Estado reconoce, no ya el vulgar sentido de la caridad o el clientelismo, tan comunes en este mundo, sino sus deberes constitucionales de protección social, justicia y equidad, en tiempos de emergencia pandémica.
Si a alguien le queda alguna duda de todo lo anterior en este Primero de Mayo de curioso cambio de plaza por casa, que profundice y medite en ese peculiar y curioso «paquetazo».
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