Entre las esencias y enseñanzas mostradas desde siempre por la vida, aflora como un mazazo que solo es posible revertir la situación de desorden cuando, en vez de solicitar que la gente cumpla la ley, se proceda de manera resuelta contra aquellos que la quebrantan.
Esa premisa de advertir, esclarecer y casi hasta de mandar de favor su acatamiento, independientemente de que resulta positivo a fin de ilustrar, la hemos hecho por rastras y, digámoslo francamente, sin obtener los mejores dividendos.
La cuestión llega a tal extremo que el escepticismo surge vertiginoso cada vez que anuncian una medida legislativa. De inmediato le cuelgan las funestas frases de «Habrá que ver si se cumple» o «Aquí todo está reglamentado, pero cada cual hace lo que le viene en gana».
Por desgracia—lo he escrito con anterioridad—, los augurios encierran una verdad que está fundamentada en ese mal agobiante que aflora cuando falta un estricto control por aquellos a quienes les pagan para ejercerlo.
Pero en la actual circunstancia, sin extremismos, aunque sin admitir el desacato, va a cantar otro gallo, y se van a desengavetar los mecanismos para hacer acatar lo dispuesto por la legalidad en bien de la sociedad.
El propio Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha enfatizado la necesidad de pasar de la etapa de educación, desarrollada para instruir cómo proceder contra la COVID-19, a actuar con más rigor contra las conductas de indisciplina que obstaculizan el buen desempeño de las medidas aplicadas.
No se trata solo de sancionar a los transgresores de las normas sanitarias sobre la prevención y control de las enfermedades transmisibles, como establece el artículo 187-1 del Código Penal cubano, sino también de corregir a los infractores del control de los recursos materiales y financieros.
Ahí entran una amplísima gama, de mayor y menor cuantía, que incluye el robo de productos alimenticios, combustible y materiales de la construcción; y también el acaparamiento, la reventa ilegal, el desvío de recursos y un larguísimo etcétera.
En este tiempo difícil en que está en juego la vida de las personas, nadie se puede hacer ilusiones, pues el enfrentamiento será al duro y sin guantes contra los que quieran aprovecharse de la situación para sus funestos intereses.
Ahora mismo se acaba de efectuar un juicio ejemplarizante en el municipio villaclareño de Camajuaní contra dos personas por el delito de apropiación indebida, tras sustraer de una tienda de víveres poco más de 280 libras de papa destinadas a la canasta básica familiar normada.
La acción tuvo como protagonista a la administradora de la unidad La Cascada, de esa localidad, y a un ciudadano ajeno al centro, quienes fueron sancionados a un año y a ocho meses de privación de libertad, respectivamente.
Más allá de la condena en sí misma, el mensaje deviene contundente alerta a los propensos a meter las manos y hasta el codo, que pueden ir a parar detrás de las rejas, porque la benevolencia en esta circunstancia hay que archivarla de una vez y para siempre.
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