La actual consulta ciudadana del Proyecto de Constitución de la República de Cuba es un tamiz de sabiduría popular y, a la vez, una prueba de fuego para la democracia que debemos ensanchar y fortalecer, como una urgencia insoslayable del socialismo cubano.
Ya de por sí, el texto sometido a debate del soberano por el máximo órgano de Gobierno, propugna preliminarmente la voluntad de fortalecer la participación popular en las riendas del país, así como el control y la fiscalización de la gestión pública desde esas bases de la sociedad. Y es un asunto de primer orden para el presente y el futuro de la nación.
En la consulta popular, los cubanos en toda su diversidad, incluidos residentes en el exterior, se han tomado muy en serio esta oportunidad histórica. Opinan con entera libertad. Sugieren modificaciones en el articulado, adicionar o eliminar esto y aquello. Argumentan y legislan desde su «escaño» vivencial del taller, el surco, la cátedra o el barrio. Proponen nuevas formulaciones. Y hasta discrepan apasionadamente: desde quien considera que no debemos situarle tantos frenos y límites a la concentración de la propiedad, hasta el que cuestiona la ausencia de la palabra comunismo en el texto a debate, por solo citar dos ejemplos.
Cada quien construye su sueño de país, al menos en el espíritu de la Carta Magna. Y la gente supone que, aunque cada criterio puntual no pueda ser incorporado en el Proyecto de Constitución final, tanto aporte popular no puede quedar en el mero ejercicio de la opinión. La gente aspira a que, del cúmulo de sugerencias que se recojan, nuestro máximo órgano de Gobierno tenga en cuenta en el proyecto a votar matrices de opinión mayoritarias y recurrentes.
Después, a la hora de votar popularmente en el referendo de Reforma Constitucional, lo trascendente será valorar el propósito esencial de la Ley de leyes, como bitácora de la nación soberana e independiente, y de la sociedad más justa que debemos alcanzar; por encima de la normal discrepancia con este o aquel artículo.
El análisis del Proyecto de Constitución, que tuvo un antecedente provechoso en la discusión masiva de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución, es una coyuntura excepcional para entrenarnos hacia futuras consultas, en la búsqueda de los consensos y no en las unilaterales e inconsultas medidas que más de una vez se han impuesto voluntaristamente. Es aprovechar más los mecanismos democráticos en la toma de decisiones estratégicas para el país.
Cada cubano, en cualquier latitud de la sociedad, no debería soslayar, al ejercer su derecho a opinar y posteriormente votar, que estamos prefigurando una nueva Constitución, ajustada a estos tiempos y a los futuros, no para engavetarla, sino para cumplirla con devoción patriótica, civismo y respeto. Tanto para las personas naturales como las jurídicas. Tanto para el ciudadano, piense como piense, como para las instituciones estatales y todas las formas de propiedad.
Lo complejo, al menos para este opinante, es que comenzamos a transitar de una Carta Magna a otra, con el fardo de muchos años de incultura constitucionalista. Y nuestro Estado de derecho (de deberes también) se ha visto erosionado también por el quebrantamiento de la Ley. El irrespeto a las normativas, la indisciplina y la contravención se han posesionado de la vida cotidiana del país, entre crisis y urgencias. Tanto por la ciudadanía como por la institucionalidad.
Insisto en que esta reforma es una oportunidad histórica, porque haríamos poco favor a nuestra historia, al pundonor nacional y al futuro de Cuba, si no aprovechamos este jalón constitucionalista para fortalecer el espíritu de la Ley en su cumplimiento responsable. De la Carta Magna se derivarán transformaciones en los cuerpos legales segundarios (decretos leyes y resoluciones) que habrá que buscarles plasmación con la autoridad y el rigor necesarios.
La cultura constitucionalista y el cumplimiento de la ley, en cualquier circunstancia, son un requerimiento de cualquier sociedad para desarollarse y fortalecerse. Son el puntal de la institucionalidad y el orden, que garantizan el goce pleno de los derechos. Y deben comenzar por la acción consecuente de las instituciones y autoridades, que están obligadas a asumir sus deberes y responsabilidades, sin acomodamientos ni evasivas a la hora de defender la justicia y la verdad.
También, del lado de las personas, hay ciudadanos, gente honorable y respetuosa; hay habitantes, que ocupan su espacio sin compromisos con la sociedad ni con el prójimo; y hay —perdonen la dureza— bestias que sobreviven por la fuerza y el instinto. De no hacer justicia a los primeros, de no salvar y ganar a los segundos, de no neutralizar a los terceros, y de no blindar a las instituciones y autoridades de resolución y a la vez respeto, caeríamos en el barranco de la ingobernabilidad y la desinstitucionalización. De eso se trata, constitucionalmente opinando.
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