«¡Cómo me gustaría conocer la ley para poder defenderme ante esta violación!» Seguramente usted ha pronunciado o ha escuchado decir esta frase varias veces y en disímiles contextos. Cual amenaza o quejido que se estrella contra el muro de lamentos vanos, llegamos hasta a abusar de la susodicha exclamación como si el logro del saber dependiera de otros y no de nuestro esfuerzo propio.
Nos susurró el Apóstol desde su eterna sabiduría que el conocimiento es libertad. Entonces, solo en nuestras manos está llevar como infalible arma y escudo los argumentos que podamos esgrimir ante aquellas (in)evitables situaciones que en ocasiones amenazan con cruzarse en nuestros caminos.
Informaba recientemente María Esther Reus, ministra de Justicia, que en 2013 se legislaron 106 normas jurídicas en el país, cifra a la que Cuba nunca se había aproximado en un año. Afirmaba también que todo cuanto se actualice del modelo económico y social de la nación vendrá acompañado de su ley y del paquete jurídico que engloba cada requerimiento.
Por si fuera insuficiente el acceso a cada norma para conocer cualquiera de los cambios, otros procedimientos estarán en manos del pueblo, luego de que estos se tracen. Reus se refirió a que el Ministerio de Justicia (Minjus) establecerá los documentos necesarios para cada circunstancia, una decisión que procura frenar la tendencia negativa a solicitar documentación de más en sitios donde se realizan trámites.
Ninguno de estos cambios está oculto, gracias a un sistema de Derecho apegado a aquella máxima martiana de que en los pueblos dueños de sí mismos, el Derecho ha de ser popular. La Gaceta Oficial de la República, mientras que generalmente veía la luz una vez al mes, ha tenido hasta cinco ediciones en igual período de tiempo.
En cada estanquillo del país o en su página digital pueden encontrarse las nuevas leyes, aun cuando el Minjus reconoce que La Gaceta... no tiene el alcance ni la tirada que se requiere. ¿Se preocupan las cubanas y cubanos por acceder a ella, por informarse y apropiarse de lo que allí se explica?
Cierto es que resultan insuficientes los espacios para que los medios de comunicación se dediquen a divulgar y fomentar sistemáticamente la cultura jurídica en Cuba, pero cada legislación viene acompañada de un seguimiento mediático para popularizar cada norma. ¿Existe conciencia de la importancia de nutrirse de estas informaciones?
Muchas veces triunfa la comunicación popular, aquella que va de boca en boca guiada por las experiencias personales de los que se enfrentan a una modificación. Así, se expanden verdades no tan ciertas y se recorren caminos trillados.
Por citar un ejemplo, en el caso de la compra y venta de viviendas, los notarios advirtieron la tendencia a simular que se realiza el proceso mediante donación, para evitar el pago al Banco del impuesto que genera este acto. Sin embargo, esta mala práctica surgida de conductas erradas que se imitan, puede ocasionar la anulación del proceso. Y, ¿de dónde nació? De alguna sugerencia errada y de la vulnerabilidad de quienes andan desinformados. Por suerte, y por el trabajo de los juristas, es una propensión que se ha frenado.
Como mismo se le exige a un chofer que conozca la Ley de Vialidad y ninguno de ellos se atrevería a ponerse al timón sin el debido conocimiento, deberíamos los cubanos apropiarnos de las nuevas normas legales que acompañan la actualización del modelo económico y social. Porque también es un riesgo transitar las vías del país sin conocerlas y hemos de empoderarnos de ellas como arma y escudo ante quienes se atreven a desconocerlas.
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