Ya son más claras y sinceras las alusiones a una intervención militar de Occidente en Siria, a pesar de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte sigue pregonando en su prensa que no tiene intenciones de dar semejante paso.
Las grandes potencias están apostando al fracaso de la misión mediadora del ex secretario de la ONU, Kofi Annan, para que se le dé el visto bueno a acciones militares contra la nación árabe. Recientemente el canciller francés, Alain Juppé, sugirió la idea de que el Consejo de Seguridad debería considerar el uso de la fuerza contra Damasco si la misión de observadores de la ONU no lograba detener la violencia en la nación mesoriental.
No es una propuesta individual. Se trata de una acción concertada entre los centros de poder. Juppé dejó claro que su país estaba negociando con otras potencias la posibilidad de acudir al Capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que da la potestad al Consejo de Seguridad «de determinar la existencia de toda amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión», y decidir luego las medidas a tomar «para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».
Aunque cita entre ellas la posibilidad de interrumpir las comunicaciones y hasta las relaciones económicas y diplomáticas, también afirma que si estas «no funcionaran», el Consejo tiene la prerrogativa de ejercer, «por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria».
Es obvio que lo pensado por París ya está conciliado con el Pentágono, que estudia la posibilidad de desplegar sus tropas en la frontera entre Siria y Turquía, con el objetivo declarado de crear «una zona de seguridad», como informó este viernes Kathleen Hicks, vicesecretaria de Defensa estadounidense, ante una audiencia del Senado.
Según las declaraciones del belicoso Juppé —uno de los mayores defensores de la guerra contra Libia—, la última palabra la dirá, el 5 de mayo, el Consejo, cuando Kofi Annan presente a sus 15 miembros el informe sobre los resultados de la labor de los veedores de su misión, que el lunes llegará a 30 miembros, y más adelante alcanzará los 300.
Pero desde hace días, Estados Unidos y Francia dan por fracasado el trabajo de este grupo, y empujan acciones más letales que derroquen al presidente sirio Bashar al-Assad. Desde ya preparan el terreno.
Es cierto que el alto al fuego alcanzado para cumplir con los postulados de Annan todavía es frágil; mas las acusaciones mediáticas solo apuntan al Gobierno sirio como responsable, y callan los sabotajes, los secuestros y los asesinatos de las bandas armadas opositoras, en cuyas filas se encuentran mercenarios procedentes de Libia, Afganistán, Iraq y el Golfo. Este viernes, Damasco contabilizaba en más de 1 300 las violaciones al alto al fuego cometidas por la oposición armada desde el 12 de abril, cuando se implementó la medida.
Tampoco se ha detenido el financiamiento externo a estos grupos, ni la infiltración de armas y mercenarios a través de las porosas fronteras sirias, a pesar de las constantes denuncias hechas al mismísimo Kofi Annan, a la ONU y a la Liga Árabe.
La prueba más fehaciente del sabotaje de las grandes potencias al plan de Annan lo constituye la coalición internacional denominada Amigos de Siria, con Washington a la cabeza. Este grupo, de más de 80 países y organizaciones internacionales que quieren el fin de Al-Assad, respalda al opositor Consejo Nacional Sirio (CNS) como interlocutor «válido y representante legítimo» del pueblo. El objetivo es reforzar el papel de la coalición opositora, que cuenta con muy poco arraigo al interior de la nación, y se alía al Ejército Libre Sirio (ELS), banda paramilitar que asesina, sabotea centros económicos y lucra con los secuestros.
En el marco de esta plataforma, las petrodictaduras del Golfo Pérsico decidieron aportar millones de dólares para pagar los salarios de los miembros del CNS y el ELS, ambos, partidarios de una intervención militar abierta. Hace mucho que les están pasando logística, mientras EE.UU. y Reino Unido les facilitan servicios de inteligencia. Nada más alejado de un sincero apoyo a la solución política de la crisis que afecta a Siria hace un año.
Ante las acciones de las bandas armadas y sus patrocinadores, Damasco no puede quedarse de brazos cruzados: sus fuerzas deben garantizar la seguridad nacional.
Lo que propone hoy Juppé es otro paso de un plan premeditado de Occidente: hacer creer que el Gobierno sirio no respeta el alto al fuego para proponer que los observadores de la ONU sean militares, no civiles.
Él y sus compinches quieren televisar que hicieron todo para «evitar» su intromisión militar abierta. Lo que quieren, en verdad, es justificarla.
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