Una vez más, Estados Unidos y algunos de sus socios han dejado claro de parte de quién están: de Israel, de la injusticia… Al igual que hace más de un mes, cuando Palestina presentó a Naciones Unidas su petición para ingresar como miembro pleno, Washington ha vuelto a escudarse en su retórica mentirosa y las presiones, en el intento de frenar el reconocimiento de ese pueblo como un Estado independiente y soberano, pues sabe los riesgos que ello puede acarrear para Tel Aviv, su incondicional fortín en Medio Oriente.
Ante la impotencia por no poder frustrar la admisión de Palestina como el miembro 195 de la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el lunes, Washington anunció como represalia el retiro de sus contribuciones económicas a ese organismo, que ascienden a 80 millones de dólares anuales, el 22 por ciento de toda la financiación. ¡Una verdadera extorsión!
No es la primera vez que acude a estas jugadas sucias. En septiembre, dijo a los palestinos que les cortaría la asistencia si insistían en solicitar la membresía en Naciones Unidas. También anunció que vetaría esa petición en el Consejo de Seguridad, como ha hecho unas 40 veces en otros temas relacionados con el conflicto israelo-palestino, para no aislar a Tel Aviv.
Meses antes, en abril, la ultra-rreaccionaria presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Ileana Ros-Lehtinen, amenazó con la misma medida si Al-Fatah y Hamas formaban un Gobierno de unidad, una vez que ambas agrupaciones se pronunciaron por el fin de las divisiones pues, según las palabras de la Loba, «los fondos que proceden de los contribuyentes estadounidenses no deberían y no deben ser usados para apoyar a aquellos que representan “una amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU., nuestros intereses y nuestro aliado vital, Israel».
Reiteradamente, Washington acude al argumento nada creíble de que con las acciones diplomáticas en la ONU no se logrará la paz en el Medio Oriente, arguyendo que esta solo se alcanzará con las negociaciones, en las que la potencia norteamericana participa como patrocinadora. En sus declaraciones, los funcionarios estadounidenses e israelíes tratan de imponer una relación antagónica, pero inexistente: conversaciones versus reconocimiento. O sea, si Palestina intenta buscar legitimidad en la ONU, «atenta» contra la negociación. Sin embargo, el diálogo está estancado; y no precisamente por responsabilidad de los palestinos. Es Tel Aviv quien atenta contra la solución del conflicto, al no detener los asentamientos ilegales. Y su respuesta sigue siendo dar luz verde a más ocupación. También prosiguen las agresiones y el bloqueo contra la Franja de Gaza.
En cambio, la parte palestina insiste en participar en las negociaciones, pero quiere hacerlo como un Estado ocupado, y no en nombre de una organización, tal como ha ocurrido hasta ahora.
Ser un miembro de la ONU le permitiría a Palestina, por ejemplo, demandar al Gobierno sionista ante la Corte Internacional de Justicia, que solo puede tratar asuntos presentados por un Estado contra otro, y que en 2004 emitió una «opinión consultiva» (no tiene efectos vinculantes) en la que reconoció que ese pueblo tiene derecho a la libre determinación, y dictaminó que la construcción del Muro de la Vergüenza menoscaba gravemente su ejercicio, así como declaró la ilegalidad de los asentamientos de los colonos israelíes y de la anexión de Jerusalén Oriental.
Israel, además, tendría que renunciar a la falsa idea de que Palestina es «un territorio en disputa» y, por tanto, estaría obligado a definir sus fronteras definitivas y aceptar que la Palestina histórica debe ser compartida por dos pueblos con sus respectivos Estados, como lo definió la ONU en 1947, en su Resolución 181. Asimismo, tendría que retirar su ejército de los territorios ocupados.
Demasiados riesgos para el Gobierno sionista. Por eso, Estados Unidos quiere evitar a toda costa que Palestina sea reconocida en la ONU. Y en ese objetivo, solo puede gastarse intimidaciones o un veto en el Consejo de Seguridad. Porque en la Asamblea General, la estructura más democrática de Naciones Unidas, la mayoría aplaude ese justo ingreso. La UNESCO, donde tampoco existe el anacrónico veto, ya lo aceptó. Esa es la verdadera voz de la comunidad internacional.
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