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Ministerio público allana casa de la mandataria peruana Dina Boluarte y residencia presidencial

Gabinete de ministros se reúne tras las acciones de la Fiscalía y la policía, emprendida por acusaciones de enriquecimiento ilícito de la presidenta designada

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Juventud Rebelde

LIMA, marzo 30.— Una reunión del gabinete ministerial fue convocada mientras el Ministerio Público lleva adelante el allanamiento de la casa en Surquillo de la presidenta designada Dina Boluarte y residencia presidencial.

Medios de ese país reseñaron que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen, fue uno de los primeros en presentarse a la sede del gobierno junto al ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Según esas informaciones los miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros expresaron su indignación por las acciones de la Fiscalía iniciadas en la noche del viernes.

Al momento de la diligencia de la Fiscalía peruana y personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la presidenta Dina Boluarte no estaba en su domicilio en el distrito de Surquillo y solo se encontraba su hijo, dijo Telesur.

De acuerdo a las primeras informaciones, el allanamiento ordenado por el juez Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tiene fines de registro e incautación, a mérito de una resolución judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito y omisión en consignar declaración en documentos por el uso de unos relojes Rolex, detalló la transnacional.

En redes sociales circulan fotos y videos de la diligencia judicial en el domicilio de la mandataria. Según las imágenes difundidas por medios locales, los agentes, al ver que no abrían la puerta, decidieron entrar a la fuerza y proceder con la investigación. Luego de concluido ese registro también fue pesquisada la residencia de Boluarte en el Palacio de Gobierno.

Antes de la decisión judicial, la presidenta Boluarte, solicitó reprogramar su cita a la Fiscalía debido a lo apretado de su agenda de trabajo. Sin embargo, la mandataria no asistió a los eventos que usó de excusa para pedir la reprogramación.

Foto: Getty Images

El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por presuntamente no haber declarado la posesión de relojes de lujo de la marca Rolex y por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

Prensa Latina señaló que el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, en un mensaje en la red X descartó la renuncia de Boluarte, informó que la mandataria permanece en la residencia del palacio presidencial, y calificó de desproporcionada e inconstitucional la acción de los agentes de la justicia anticorrupción.

Reiteró que la jefa de Estado declarará ante los fiscales cuando se la convoque, aunque incumplió dos citatorios y no recibió a los fiscales en los últimos días, por lo que fue declarada rebelde por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

«Los ministros expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia», dijo Adrianzén, quien aseguró que la presidenta y los ministros están decididos a seguir en funciones por la reactivación económica y la seguridad nacional como prioridades.

Insistió en calificar de «grave ruido político» el caso de los relojes, a los que ayer se agregó la revelación periodística de que Boluarte posee también joyas cuyo costo asciende a decenas de miles de dólares.

Al conocer sobre la medida judicial contra la jefa de Estado, congresistas y sectores de la oposición han señalado que Dina Boluarte debe ofrecer explicaciones y presentar su renuncia inmediata al cargo.

En este sentido, el congresista Carlos Anderson señaló que la presidenta Dina Boluarte debe dar explicaciones y entregar las joyas tras el allanamiento a su vivienda. «De lo contrario, va a tener que renunciar», remarcó.

También advirtió que de Dina Boluarte no ofrecer explicaciones o negarse a renunciar, desde el Congreso deberán iniciar el proceso de vacancia contra la presidenta peruana.

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