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Se afirma que en 2016 Sergio Moro aseguró que no se «metería» en política. Tres años después, el exjuez brasileño formado a la sombra del FBI no solo ha incumplido su palabra al aceptar el Ministerio de Justicia que le ofreció el presidente Jair Bolsonaro (seguro en pago a sus servicios)… Un cargo que, en buena lid y en un medio realmente honesto, Moro ahora debiera entregar.
Lo peor, precisamente, es que sin ser un político, él hizo política tras bambalinas cuando era juez y llevaba la investigación Lava Jato, que indagó y ha condenado a más de un centenar de personas por la corrupción denunciada en Petrobras: el gran pecado de Sergio Moro, por tanto, es que ha hecho política ilegal, es decir, sucia, y políticamente motivada.
Así lo demuestran las revelaciones formuladas el domingo por The Intercept Brasil, al ofrecer textualmente mensajes de chats privados que Moro sostuvo con el coordinador de Lava Jato en Curitiba, Deltan Dallagnol, acompañados de fotos y videos.
Los materiales forman parte de un extenso y bien documentado reportaje de cuatro partes que ha causado conmoción, y debería resultar suficiente para que se le conceda el habeas corpus a Lula y se declare después la nulidad del expediente falseado mediante el cual se le ha condenado. En eso está ahora la defensa.
Pero aún podría ser peor. Las dudas y el temor expresados en cierto momento por Dallagnol en cuanto a la «solidez» de las «pruebas» que presentaba a pedido de Moro; la manera impúdica en que este le instruía, no solo exculpan al líder del PT al probar los denunciados ardides mediante los cuales se cometió una masacre política contra el Partido de los Trabajadores de Brasil.
Además, la trama a la luz tiende un enorme velo de incredulidad sobre la propia investigación en torno a la corrupción en Petrobras, que ha sido la maquinaria sobre la cual se ha montado el discurso de la justicia brasileña sobre su lucha contra la corrupción.
Jair Bolsonaro ha dicho poco. Pero no olvidemos que gracias a esa maquinaria tramposa y sucia él está en la presidencia. De modo que también se ha puesto en duda la autenticidad de su elección: no digo la legalidad. Pero a estas alturas, la convicción de quienes votaron por él no puede resultar convincente.
El PT ha reaccionado convocando a movilizaciones, en una decisión bien pensada porque es el momento de presionar para que finalmente se haga justicia a Lula, y de abrir los ojos de los engañados por esa falsa justicia y su propaganda política orientada —aunque ellos se digan adalides de la desideologización— a la imposición de una ideología retrógrada.
Podría haber saldos peores para la derecha y la desprestigiada institucionalidad de Brasil: así se fabricaron también «los argumentos» que condujeron al impeachment contra Dilma, obra que terminaba con las falsas acusaciones y la condena a Lula. Los años más recientes del acontecer político en el gigante sudamericano, han sido puestos en cuestionamiento.
Ahora, realmente, no sabemos cuál será el final: si no hay presión de la ciudadanía es improbable que el stablishment se autocritique y se inculpe.
Mas el alcance puede ser largo. El escándalo que acaba de estallar desnuda un modo sucio de hacer política y de manipular las mentes de la ciudadanía que también se emplea en otras naciones.
Cristina Fernández, casi segura candidata a la vicepresidencia en Argentina por el peronismo, también es víctima de lo que se ha dado en llamar judicialización de la política o lawfare, una práctica catalogada por los teóricos como otro tipo de guerra de cuarta generación: vía expedita para que se abra paso y se imponga el modelo neoliberal, en tanto se lleva al cadalso al progresismo y a la izquierda convencida.
El esfuerzo hecho por la mano anónima que propició los documentos a Glenn Greenwald, Betsy Reed y Leandro Demori, no debería quedar en vano luego de que los valerosos periodistas que firman el reportaje de The Intercept Brasil arriesgaran así, quién sabe si su integridad. (Salvando las distancias, veamos lo que filtrar la verdad le ha provocado al creador de WikiLealks, Julian Assange).
Esa verdad, como dicen los autores del reportaje, debe conocerse. Y si no hay justicia que actúe en consonancia, los ciudadanos deberían aprender, anotar y —¡ojalá!— abrir los ojos y no olvidar.
