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El pueblo celebra la oportunidad de la paz. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 06:37 pm
Villa Nueva Colombia le llamaban los guerrilleros de las FARC-EP a la ciudad de San Vicente del Caguán, «tomada» virtualmente por ellos después de que, en el año 1998, 40 000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano fueron declarados como «zona de despeje» por el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, para facilitar un diálogo de paz que no llegó a sus fines.
Cuando me asomé por aquellos predios en julio de 2001 no había miembros del ejército, solo una denominada policía civil, y los insurgentes andaban a sus anchas, algunos fusil en ristre, en la considerada capital de la zona desmilitarizada. Había un inusual movimiento siempre en las callejuelas enfangadas de un pueblito que, de no ser por los aguaceros, semejaría un lugar cualquiera «del oeste» norteamericano, y eran comunes las grandes vallas y carteles alusivos a la guerrilla, a la Revolución, a la paz…
Claro que no es esa la nueva Colombia que se empieza a construir ahora que finalmente, y gracias a la voluntad política de ambas partes, se han silenciado las armas.
Desde inicios de esta semana entró en vigor el alto el fuego definitivo, firmado en La Habana el pasado 23 de junio, y declarado directamente a sus tropas después por el ejecutivo de Juan Manuel Santos y también por el líder de las FARC-EP, el comandante Timoleón Jiménez, lo que ha significado el primer acallamiento total de los fusiles en más de 50 años: es el fin de la guerra, como han proclamado ambas partes, de lo que se ufana y felicita la comunidad internacional.
No obstante, y como han dicho también voces de distintos lados, se abre ahora una etapa todavía difícil: la construcción de la nueva Colombia delineada por los delegados del Gobierno y la insurgencia en casi cuatro años de conversaciones en la capital cubana, y estampada en el Acuerdo Final, Integral y Definitivo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
A grandes rasgos, destaca en esos postulados el hecho de que la insurgencia podrá acudir ahora al ruedo civil para participar como partido en la vida política (ya no habría más guerrilleros de las FARC-EP deambulando, armados, como en San Vicente del Caguán; ni perseguidos, ni inhibidos de presentarse a las urnas). Y es de relieve también que por primera vez en la historia colombiana un Gobierno se compromete con una Reforma Rural Integral: punto uno de un temario de seis ítems debatidos por las partes, y que pudiera catalogarse como esencia de un conflicto que tuvo su origen, precisamente, en las desigualdades de la propiedad de la tierra y la vida rural.
Aunque quedó fuera de los consensos el espinoso asunto del latifundio y los terratenientes, presentado al diálogo por la insurgencia, el Comunicado Conjunto divulgado en La Habana el pasado 24 de agosto y que resume el acuerdo afirma, en lo tocante a esa reforma, que esta «contribuirá a la transformación estructural del campo», cerrando las brechas entre este y la ciudad y «creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural», lo que «contribuirá a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía».
Otros acuerdos trascendentes
Principios relevantes asumidos por las partes también son la convocatoria a un gran Acuerdo Político Nacional para definir las «reformas y ajustes institucionales» de modo de «atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social»; el establecimiento de las garantías de seguridad y lucha contra «las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres» o que atenten hoy contra defensores de los derechos humanos y movimientos sociales y políticos (lo que incluye a los sucesores del temible paramilitarismo); y el reconocimiento de que se necesita (y ya se promueve) «una nueva visión» que dé un tratamiento diferenciado al problema del consumo de drogas, los cultivos de uso ilícito y la criminalidad organizada que se asocia al narcotráfico, «asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública diferenciado y de género».
Igual de trascendente resulta lo referido a las víctimas del conflicto, una herida abierta y sangrante en Colombia y en torno a lo cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde participarán mecanismos judiciales y extrajudiciales, y asunto que conllevará investigación, búsqueda de desaparecidos y sanción a las violaciones a los Derechos Humanos consideradas graves. Las penas podrían recaer lo mismo sobre guerrilleros que sobre agentes del Estado, aunque se ha anunciado una amnistía lo más amplia posible para delitos considerados políticos y sus conexos.
La Jurisdicción Especial para la Paz encargada de este tema contempla dos tipos de procedimiento: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hagan, o la reconozcan tardíamente.
Mucho se debe laborar para poner en marcha lo pactado. Definición de las llamadas zonas veredales y puntos transitorios de normalización, hacia donde deben estarse desplazando ya los guerrilleros para que se proceda luego allí a la entrega de las armas; conformación del acordado mecanismo de seguimiento y verificación —donde están representantes de la guerrilla, el Gobierno y de ocho países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)— y del Mecanismo de acompañamiento, esencial en un país donde desmovilizaciones insurgentes anteriores terminaron en masacre, ocupan ahora el tiempo en Colombia. Así transcurren estas horas hasta tanto llegue el llamado Día D, cuando Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez suscriban en ceremonia oficial el acuerdo firmado en Cuba por los jefes de sus delegaciones en el diálogo, un acontecimiento que se afirmó primero podría tener como escenario a la Asamblea General de la ONU, pero que Santos dijo después se suscribirá «al interior de Colombia».
Los más recientes despachos de prensa ubicaban la firma el 26 en Cartagena de Indias, según dijo el mandatario durante un evento en esa localidad. Será en esa propia fecha cuando arranque en firme un cronograma que contempla primero el acantonamiento de los insurgentes en las citadas zonas veredales y la paulatina entrega de armas a la ONU (proceso que debe concluir 180 días después), así como la reubicación de las tropas del ejército en el territorio nacional, para dar paso luego al plebiscito, previsto para el 2 de octubre. Será mediante esa consulta que los ciudadanos colombianos digan definitivamente Sí o No a lo acordado.
Carrera hacia las urnas
Inquirido sobre la posibilidad de un No, el jefe de la representación gubernamental en las conversaciones de La Habana, Humberto de la Calle, ha dicho que nada es renegociable, y que solo el presidente Santos podría decidir después acerca de «mantener, abrir o cerrar» el proceso pacificador.
En todo caso, lo más importante para evitarlo parece ser la divulgación, hacia adentro de la sociedad, de lo pactado, algo que todo indica el Gobierno se ha tomado con ahínco, mediante reiteradas ruedas de prensa y recorridos del equipo negociador por distintos puntos y sectores del país.
Por su parte, la guerrilla convoca a los suyos a su 10ma. y última Conferencia Nacional, prevista en principio del 13 al 19 de este mes (aunque se ha hablado de una postergación por razones logísticas) en la zona de los Llanos del Yarí, justamente en el municipio de San Vicente del Caguán.
Unos 200 delegados se espera participen en el encuentro del máximo organismo de dirección de las FARC-EP, que no solo debe refrendar los acuerdos sino dar paso a la transformación de la organización guerrillera en un movimiento político legal.
A propósito, ha trascendido que los excombatientes tendrán posibilidad en lo adelante de poseer tres voceros sin voto en cada instancia del Congreso, y cinco curules en el Senado e igual cantidad en la Cámara durante dos períodos constitucionales a partir de las elecciones de 2018, a los cuales accederían mediante el voto y no, como dicen algunos, «a dedo». Ello facilitará no ya su inserción, sino su participación real en la vida política de Colombia.
¿Quiénes querrían el no?
El Sí debería ser «pan comido» en el plebiscito, en una nación con deseos de paz sustentados, sobre todo, en los más de 218 000 muertos que ha dejado el conflicto entre 1958 y hasta 2012, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque pueden ser muchos los no contabilizados; de ellos, alrededor de 23 000 víctimas de asesinatos selectivos y casi 12 000, desde 1985 a 2012, perecidos en masacres a tenor con la misma fuente.
Sin embargo, hay quien hace campaña en contra. Entre los enemigos acérrimos de los acuerdos está el expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, defensor a ultranza de la salida militar al conflicto, quien lo atizó durante su mandato y habría apostado mejor a una derrota de la insurgencia. No en vano, sin argumentos, califica los postulados suscritos de facilitadores de la impunidad que llevarían, dice, a una paz «corta».
Impulsor de cuanto proceso retrógrado se mueva en la región, Uribe y su partido Centro Democrático adoptan una actitud esperada: él es un raro político al que le gusta ver que la sangre corra.
Según se reportó, con su discurso se propone recorrer todo el país. Sin embargo, un acto reciente en Bogotá apenas reunió con él a unos 300 seguidores.
Se afirma que el también expresidente Andrés Pastrana, impulsor del inconcluso proceso del Caguán, está en contra, aunque su Partido Conservador ha dicho que votará afirmativamente.
Quizá demasiado tempranas para ser tomadas muy en consideración, las encuestas mostraban este viernes una mayoría por el Sí... Colombia, en verdad, está ante una coyuntura histórica que decidirá los destinos del país. Y vale no desaprovecharla.
