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BRASILIA, agosto 10.— El abogado defensor de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, denunció que la Presidenta suspendida fue sometida a un proceso «inquisitorio» con el propósito de condenarla sin pruebas.
Cardozo mencionó varios defectos del informe acusatorio elaborado por el senador Antonio Anastasia, el cual fue aprobado por 59 votos contra 21 en el Senado, en prolongada sesión de 16 horas, que duró hasta la madrugada de este miércoles, y en la que se decidió abrir el proceso contra Rousseff.
Está previsto que dentro de dos semanas concluya el proceso y se vote para separarla definitivamente del cargo presidencial y además se le suspendan por ocho años los derechos políticos, apuntó ANSA.
«El relatorio del senador Anastasia no es una acusación en sentido estricto, es una pieza inquisitorial, me parece que el senador se comportó como un Torquemada (inquisidor español)», afirmó el abogado, exministro de Justicia durante el Gobierno de Rousseff.
Cardozo explicó que en lo inmediato su estrategia es continuar la disputa en el Senado, pero si continúan los atropellos el caso puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues Brasil «es signatario del Pacto de San José de Costa Rica».
«Hubo situaciones curiosas como el hecho de que senadores dijeran que tenían su parecer formado sin necesidad de escuchar a la defensa», comentó Cardozo, quien aseguró que buscaban condenar a la Presidenta »como sea».
El Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Rousseff anunció que realizará una presentación ante la CIDH por considerar que es procesada sin haber cometido ningún delito, explica un documento firmado por los diputados Waldih Damous, expresidente de la Orden de Abogados de Brasil sección Rio de Janeiro, Paulo Teixeira y Paulo Pimenta, agregó ANSA.
«Esto fue un golpe parlamentario, estaremos gobernados por un presidente que no fue elegido como es (Michel) Temer» afirmó a su vez el senador Jorge Vianna, del PT.
Por su parte, Lindbergh Farias, senador petista, acusó al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Michel Temer —quien asumió interinamente la presidencia desde el pasado 12 de mayo— y al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de formar una alianza de golpistas para derrocar a Dilma y permitir la impunidad de los corruptos.
Al respecto, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) destacó este miércoles las acusaciones de haber recibido sobornos, hechas por altos directivos de la constructora Odebrecht, contra Michel Temer y su canciller interino, José Serra, cerebros del golpe parlamentario.
El empresario de la construcción Marcos Odebrecht, uno de los acusados presos por el escándalo de corrupción en Petrobras, afirmó en una de sus declaraciones ante la Justicia que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, y también el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, fueron beneficiados por la red de corruptelas relacionada con la petrolera estatal.
Por otro lado, otros directivos de la misma empresa señalaron que la corrupción arrancó en la campaña presidencial de José Serra en 2010, que fue derrotado en las urnas por la presidenta Dilma Rousseff.
ALAI afirma que en una declaración en la que negocia un acuerdo de delación premiada para reducir su condena, el expresidente de la constructora Odebrecht aseveró que se reunió con Temer en 2014 —cuando este era vicepresidente— para concretar una «donación» a la campaña presidencial de diez millones de reales (unos 3,1 millones de dólares), de acuerdo con el semanario Veja, revista dedicada hasta ahora a denostar al expresidente Luiz Inacio Lula, a Dilma y al PT.
Del dinero entregado, cuatro millones de reales (unos 1,26 millones de dólares) fueron para Padilha y los seis millones de reales restantes (unos 1,89 millones de dólares) para Paulo Skaf, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y entonces candidato al Gobierno de Sao Paulo, citó Veja.
La Operación Lava Jato, como se conoce el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, señala que las constructoras sobrevaloraban contratos con la petrolera y el soborno era repartido entre ejecutivos de esas empresas, exdirectores de la estatal y una cincuentena de políticos, algunos integrantes del Senado y la Cámara que condenan a Dilma.
