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WASHINGTON, junio 1.— La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el reingreso de Honduras después de 23 meses de suspensión con motivo del golpe militar contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.
La OEA sancionó por 32 votos a favor el reingreso del país centroamericano a ese mecanismo con el voto en contra de Ecuador, que ratificó su negativa, al considerar que no están dadas las condiciones para el retorno de Honduras, especialmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa nación y la impunidad que gozan los golpistas, reportó PL.
La necesidad de que se aplique justicia en relación con los ejecutores del golpe también fue señalada por el canciller venezolano Nicolás Maduro, parte de cuya intervención fue transmitida por Telesur.
Por su parte, Nicaragua solicitó que el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) participe en igualdad de derechos en los procesos políticos en Honduras. Precisamente, la oficialización del FNRP como partido político es uno de los puntos contenidos en el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del sistema democrático en Honduras firmado hace dos semanas en Cartagena, Colombia, por Zelaya y el actual mandatario hondureño Porfirio Lobo, y que propició el reciente retorno del presidente depuesto a su país.
Dicho acuerdo fue también el preámbulo para que la OEA convocara a esta Asamblea General a nivel de cancilleres y abordara la reincorporación hondureña.
Luego de la votación, apuntó PL, la ex canciller Patricia Rodas consideró que hacerse reconocer ha sido una victoria del pueblo hondureño, la cual ha permitido que el régimen de Lobo pudiese ocupar de nuevo un puesto en la OEA.
En un comunicado, organizaciones sociales hondureñas calificaron de significativo el regreso a Honduras del ex presidente Zelaya, aunque manifestaron su desacuerdo con el reingreso del país a la OEA mientras persistan las violaciones de los derechos humanos y no se aplique justicia a los responsables del golpe.
La admisión de Tegucigalpa no debe constituir un freno para que se investiguen y vayan a los tribunales aquellos que participaron en la ruptura del orden institucional, a tono con la exigencia del respeto a los derechos democráticos, afirmaron.
