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Como reflejo de la más alta expresión de la voluntad política del Estado Cubano de transparentar su gestión en un contexto hostil marcado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, la Ley de transparencia y acceso a la información pública —aprobada por unanimidad en la sesión plenaria del Parlamento cubano este jueves—, entrará en vigor a los 180 días hábiles siguientes, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Es la primera de su tipo en el país y se aplica a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios públicos o reciben financiamiento u otros beneficios de igual naturaleza. El objetivo es regular, controlar y promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y contribuir al control popular sobre los actos en ella.
Ante los diputados en el 3er. Período Ordinario de Sesiones de la 10ma. Legislatura, Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), comentó que en coherencia con otras normas jurídicas, este cuerpo legal tributa al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus metas en busca de instituciones eficientes, responsables y transparentes.
Afirmó además que con esta ley —muy esperada por quienes se dedican a la investigación y la búsqueda de información histórica en los distintos ámbitos del país— se establece el equilibrio necesario entre la información que se transparente o a la que se accede y la protección de la información para asegurar la defensa y seguridad nacional.
Destacó que esta normativa ha sido construida de forma colectiva tras un amplio proceso de consulta generalizada, mediante el cual se recibieron 307 opiniones, de las cuales 196 fueron tenidas en cuenta, y de estas 47 fueron hechas por los diputados.
Precisó Martínez Díaz que se reconoce el derecho de las personas, sin criterio alguno de discriminación, a solicitar y recibir del Estado de forma gratuita la información veraz, objetiva y oportuna y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme con las regulaciones establecidas.
La información solicitada puede entregarse mediante informe escrito, consulta directa del documento en cualquier soporte, emisión de copias simples o certificadas o la reproducción por cualquier otro medio, incluido el electrónico.
Daicar Saladrigas González, diputada camagüeyana, destacó que la nueva normativa implica un cambio sustancial en el actuar con respecto a la información de este tipo y, por lo tanto, un reto que debe afrontarse correctamente.
Ponderó el hecho de que se potencien las buenas prácticas y de que el Citma favorezca la asesoría y la capacitación en torno al conocimiento pleno y la adecuada aplicación de la ley.
Significó que la ley reivindica el esfuerzo de muchas instituciones y personas que han preservado la memoria histórica, además de fortalecer la credibilidad del sistema institucional, nuestro Gobierno y nuestro Estado de derecho.
La diputada del municipio capitalino de La Habana Vieja Lizette Martínez Luzardo subrayó los retos que todos los servidores públicos asumen al quedar aprobada la ley y que deben ser refrendados.
Adianez Taboada Zamora, viceministra del Citma, detalló el proceso de elaboración de la nueva ley, en tanto cada opinión y sugerencia recibida permitió perfeccionarla. «Se nos plantea un gran reto en cuanto a la capacitación para su aplicación, pero estamos conscientes de lo que ello significa para el país, para todos».
Miguel Enrique Charbonet Martel, diputado artemiseño, reconoció el intenso trabajo realizado para su elaboración y la de las normas complementarias, que entrarán en vigor el mismo día que la normativa.
Yoerky Sánchez Cuellar, diputado por el villaclareño municipio de Manicaragua, elogió el abordaje conceptual que presenta este cuerpo legal, «teniendo en cuenta que información pública, por ejemplo, se entiende de una manera específica y necesaria en esta ley, a diferencia del concepto que propone la Ley de Comunicación Social».
Cubre un vacío legal y nos implica a todos, no solo a determinadas instituciones, agregó. «Sin menoscabar la seguridad del país, se promueve la cultura de la transparencia sin que ello signifique que se diga o se publique todo porque existen excepciones lógicas. De cualquier manera, una nación con mayor información y mayor transparencia, será una nación más democrática».
