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Los integrantes del Consejo de Estado en su sesión ordinaria de este martes aprobaron el decreto ley Modificativo de la Ley 157 Del Presupuesto del Estado para el año 2023, del 12 de diciembre de 2022, que pauta una propuesta de ajuste al Presupuesto del Estado para el presente año y, en consecuencia de ello, se estima un incremento del déficit fiscal aprobado en ley, lo que incide en el importe de la deuda pública.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), explicó que esta propuesta fue presentada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, a instancia del MFP, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos financieros del Presupuesto del Estado para respaldar las demandas de gastos en los sectores presupuestado y empresarial, así como las afectaciones en la captación de los ingresos.
Durante el encuentro también se examinaron varios temas que serán analizados por los diputados en el 2do. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ma. Legislatura, convocado a partir del 20 de diciembre. La cita estuvo encabezada por el titular del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.
Los miembros del Consejo de Estado evaluaron los proyectos de leyes de la Fiscalía Militar, de la Salud Pública y del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, propuestas de disposiciones normativas que, tras el desarrollo del correspondiente proceso legislativo, serán sometidas la próxima semana a consideración del Parlamento cubano.
Por último, el titular de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, —conjuntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional— informaron sobre el cumplimiento del cronograma legislativo y las propuestas de actualización a este texto, que serán presentados ante el órgano supremo del poder del Estado.
Entre los principales retos del proceso legislativo, Silvera Martínez mencionó «garantizar la calidad de las propuestas por el estricto cumplimiento de la Constitución y el Cronograma Legislativo, coherencia en el ordenamiento jurídico, alto rigor científico y consenso social».
También cumplir correctamente las indicaciones del Presidente de la República que permiten la participación popular en la actividad legislativa, con la realización de consultas especializadas, publicación en los sitios web oficiales de la institución ponente y consulta a los expertos en Marxismo. Asimismo, insistió en la importancia de eliminar las deficiencias que subsisten en la planificación y el cumplimiento de los cronogramas de elaboración de las normas jurídicas.
