Raúl Castro también formó parte de la Asamblea. Autor: Estudios Revolución Publicado: 22/12/2021 | 03:36 am
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Una ley ordenamiento territorial y urbano sin precedentes
Como una disposición necesaria y novedosa por la ausencia en el ordenamiento jurídico cubano de normativas relacionadas con el ordenamiento territorial y urbano, que defiende el derecho a la propiedad relacionada con el suelo, a una vivienda adecuada y aun medio ambiente sano y equilibrado, entre otros aspectos, calificó el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, la ley referida a este tema.
Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Foto: Abel Rojas Barallobre
«Con su promulgación, se dispondrá por primera vez de una norma jurídica integral, capaz de articular y coordinar las diferentes competencias que inciden sobre el territorio y que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana», acotó Rodiles Planas.
El diputado precisó que desde 2015 se ha trabajado en este documento, con la participación de especialistas y jubilados de la actividad, representantes de organismos, juristas, académicos y la población en general. En sesiones de trabajo de forma presencial y virtual, talleres metodológicos regionales y forodebates, y se tuvo en cuenta además la legislación similar en diez naciones, para incorporar las tendencias más modernas.
La Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo que se propone –indicó- tiene como objeto establecer las regulaciones para una adecuada organización y utilización óptima del espacio, con una visión perspectiva del desarrollo que articule las diferentes competencias que inciden sobre el territorio.
Además, que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana, como un sistema integrado en sus interrelaciones con el desarrollo de las investigaciones científicas y la innovación en esas competencias e instrumentos.
Como aspectos significativos de la ley, enunció el ordenamiento territorial y urbano como políticas públicas que orientan la actuación de los actores públicos y privados sobre el uso del suelo como recurso finito, las responsabilidades de los órganos locales del Poder popular, del Instituto Nacional, delegaciones provinciales y direcciones municipales de Ordenamiento territorial y Urbanismo, el régimen jurídico y urbanístico del suelo los instrumentos para su gestión y uso sostenible.
Santiago Lajes Choy, presidente de la comisión de Industria, Construcciones y Energías. Foto: Abel Rojas Barallobre
Por su parte, Santiago Lajes Choy, presidente de la comisión de Industria, Construcciones y Energías del Parlamento, significó en el Dictamen realizado a esta ley que resulta novedosa la propuesta de la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones, la construcción en azoteas estatales, las servidumbres y reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo sostenible del suelo y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del interés general.
También, que se dedica un Título a la Participación y Comunicación, y se reconocen los actores que intervienen y se definen las responsabilidades y los deberes comunes y específicos de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la elaboración y gestión de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano y a la gestión del suelo.
Como parte de las consultas realizadas en las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, se formularon 52 intervenciones, que generaron 127 criterios y propuestas. Estos, sumados a los 160 realizados por la población y los organismos a través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular habilitado a estos efectos, fueron evaluados por ambas comisiones de conjunto con funcionarios y expertos. De los 287 criterios constituyeron propuestas 250, de las cuales fueron aceptadas 148, realizándose 63 modificaciones, precisó.
Entre las recomendaciones expuestas en el dictamen, figura que el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo desarrolle un plan de capacitación de sus integrantes y otros organismos que así lo requieran, para el conocimiento de esta Ley y sus disposiciones complementarias, establezca una estrategia de comunicación social, que permita la debida información del contenido de esta Ley y sus normas complementarias a la población.
Por su parte, Inés María Chapman, vice primera ministra de la República de Cuba, comentó que hoy existen muchos desordenes urbanísticos que impactan en el desarrollo económico y social del país, por lo que la ley contribuirá a la resolución de muchas de las indisciplinas que hoy se cometen, además de articular con los planes económicos y los presupuestos del Estado y de los órganos locales. Se refirió además a la necesidad de que la población conozca y estudie esta ley, así como a la necesidad de disminuir trámites e informatizar procesos.
Entretanto, Gerardo Enrique Hernández Suárez, diputado por Arroyo Naranjo, se refirió al necesario control del cumplimiento de la ley. Tras su debate dicha norma jurídica fue aprobada por los parlamentarios.
Aprueban ley de los tribunales militares
El diputado Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al presentar la nueva Ley de los Tribunales Militares afirmó que esa norma está en total sintonía con la Carta Magna de la nación y se le incorporan recomendaciones y criterios en consonancia con el carácter unitario del sistema de tribunales del país.
Precisó que la misma da continuidad a la tradición jurídica cubana de que existan leyes específicas para el ámbito militar. Además, destacó que antes de la presentación de esa legislación a los diputados, fue ampliamente analizada por jefes, funcionarios y especialistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
También, refirió, fueron consultados especialistas de la Fiscalía General de la República, profesores de la Universidad de la Habana y de la Universidad Militar de Ciencias Jurídicas Comandante Arides Estévez, entre otros conocedores del tema.
Argumentó que el objetivo fundamental de esa norma es salvaguardar el orden económico, político y social del país, lo cual se encuentra refrendado en la Constitución de la República, así como ratifica el carácter imparcial de los tribunales militares en el ejercicio de su labor.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional. Foto: Abel Rojas Barallobre
Posteriormente José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, presentó el dictamen de la ley, el cual destaca que ese texto forma parte del proceso de reforma judicial que se viene desarrollando en el país y en consecuencia guarda una estrecha vinculación con la Ley de los Tribunales de Justicia aprobada por el Parlamento en el anterior período ordinario de sesiones.
Esta normativa jurídica militar tiene el papel trascendental de contribuir al fortalecimiento del orden y la disciplina en las instituciones armadas, piedra angular en el eficiente desempeño de la misión que les establece la Constitución de la República de proteger y mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, su seguridad y la paz, puntualizó.
Además, destaca el dictamen que, en consonancia con los instrumentos internacionales y la Constitución de la República, consolida el régimen de garantías individuales en el fuero militar, al consagrar el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.
Una ley de proceso penal militar moderna
Extender a la jurisdicción militar el fortalecimiento del régimen de garantías establecidas en la Constitución de la República es el principal propósito de la Ley de Proceso Penal Militar, que fue aprobada este martes por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Foto: Abel Rojas Barallobre
Sobre esta norma jurídica, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, detalló que es coherente con el derecho procesal penal moderno, porque desarrolla ampliamente los fundamentos del debido proceso. Igualmente, está en consonancia con los artículos 94 y 95 de la Constitución, estableciendo un procedimiento equitativo en el cual el procesado tiene a su alcance todas las posibilidades de la defensa de su caso.
Esta norma jurídica desarrolla en su ámbito, principios esenciales para la protección de los derechos de las personas sujetas a sus competencias y para el funcionamiento judicial en sí mismo, según detalló José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, al dar lectura al Dictamen de este ente.
Dijo que incorpora y consolida principios fundamentales como la disposición a la justicia ordinaria, con el cual se relaciona la agregación del recurso de Habeas Corpus. El principio de juez natural garantiza el carácter imparcial e independiente del tribunal en su función de impartir justicia, lo cual constituye una prohibición del establecimiento de fueros especiales.
Especial significado reviste el principio de defensa, dentro del que se inscribe, la comunicación previa de la acusación, el derecho a un defensor propio o por cuenta del Estado, el derecho a presentar testigos u otros medios de prueba al proceso, el derecho de no autoincriminación y a establecer recursos contra las decisiones que se adopten, conformando, un entramado de garantías esenciales para una eficaz protección de los derechos de los procesados.
Resulta destacable la función encomendada a los órganos investigativos y la Fiscalía, dotándolos de los procedimientos y garantías requeridas para desarrollar una actividad independiente, funcional y ágil, con el propósito de que desarrollen una indagación multilateral, objetiva y consecuente que derive en una promoción responsable de la acción penal.
En atención a todo lo expresado, explicó, nos corresponde aprobar un proceso penal en el fuero militar, moderno, en consonancia con los principios de nuestra sociedad y con instrumentos internacionales en la materia, así como en perfecta simetría con los postulados de derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República.
Toledo Santander añadió que, al hacerlo estamos dotando a los operadores del sistema de justicia penal, de un eficaz instrumento para el mejor desarrollo de su gestión, pero, estamos conscientes, de que es a estos a los que corresponde su correcta aplicación y en definitiva hacerlo realidad.
La Comisión, dijo, recomendó a los Tribunales Militares, la Fiscalía General de la República y los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, establecer una estrategia de comunicación social que permita el conocimiento de esta Ley a todos sus integrantes, así como a las personas establecidas en las áreas declaradas como zona militar y a la ciudadanía en general, así como establecer un sistema de capacitación que permita la debida preparación de sus integrantes en los conocimientos técnicos que exige la aplicación de esta Ley.
Presentan Código de las Familias
Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, significó el ejercicio de participación popular y democracia socialista que se ha desarrollado desde 2019, cuando comenzó el proceso de debate abierto para que todos aportaran sus criterios en la concepción del nuevo Código.
«Es este un proyecto que no fabrica ni impone modelos, sino que articula una diversidad como expresión de pluralidad familiar y coloca a Cuba en una posición que protege las diferencias. Es un proyecto de sumas y multiplicaciones, de alternativas y oportunidades, y ante todo, es una conquista democrática para quienes no poseían determinados derechos y para los que si los tenían, que ahora le son reforzados», apuntó.
Silvera Martínez se refirió a este proyecto como «una ley moderna, respetuosa, inclusiva y protectora de toda la familia porque toma en cuenta todas las expresiones de la diversidad familiar en coherencia con la Constitución, basada en los principios de igualdad y dignidad humana».
La futura norma optimiza principios y consagra valores, fortalece la responsabilidad familiar en lo concerniente a la atención a sus miembros, actualiza y perfecciona las instituciones jurídico-familiares y además, potencia la igualdad de género, subrayó.
Igualmente, ponderó entre las ventajas de esta legislación, la ampliación de las variantes del régimen económico del matrimonio para lograr la autonomía de los cónyuges, la garantía de la salvaguarda del interés superior de niños, niñas y adolescentes y la protección a la juventud, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a la maternidad y la paternidad responsables que recoge esta legislación.
«Es un proyecto que reconoce los derechos de cada miembro de la familia, que potencia la autodeterminación, las preferencias, la igualdad de oportunidades de adultos mayores y personas con discapacidad y, fundamentalmente, amplia el derecho de la comunicación familiar», señaló.
El Ministro de Justicia enfatizó en el derecho de los cubanos a una vida familiar sin violencia, refrendado en esta normativa. «Es prioridad proponer fórmulas garantistas para personas en situación de desventaja y brindar soluciones a los conflictos trasnacionales que puedan surgir».
Voces de los diputados por el Código
Al intervenir en el plenario, Yolanda Ferrer, diputada por Pinar del Río, ratificó su apoyo a este proyecto, que resume las ideas de Fidel, Raúl, Vilma y Celia. Abundó en los preceptos de quien fuera fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y aseveró que «el Código de la Familia que será sometido a consulta popular es, sobre todo, un homenaje a Vilma Espín».
Ofelia Miriam Ortega, invitada a esta sesión del Parlamento e integrante de la Comisión redactora, destacó el amor y la justicia presentes en la nueva norma. Catalogó de esenciales los cambios realizados en el Código que se quiere y exhortó a enfatizar los valores que promueve el Código en la consulta popular, su aprendizaje y aplicación.
«La base del amor, los afectos, la consideración, la solidaridad y el respeto mutuo son fundamentales en la familia cubana, lo vi reflejado en los primeros artículos y deseo que aprendamos a vivir con esos valores. Este Código es una plataforma avanzada con el marco jurídico adecuado y estoy segura de que nos ayudará a caminar hacia el futuro en la construcción de nuestra sociedad».
El diputado Enrique Alemán, director del proyecto Quisicuaba, instó a continuar perfeccionando la bendecida democracia que tiene este país. «Tenemos un pueblo de fe lo suficientemente inteligente para desechar lo estéril, lo que no aporta en la construcción de nuestra sociedad. Aprobemos este Código, renovador y profundamente emancipador. Patria o Muerte en nombre de la fe».
Por su parte, Arelys Santana, diputada por el municipio capitalino Habana del Este, habló en nombre de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer y lo catalogó de hermoso y profundo. «La Comisión acompañará el proceso de consulta para, desde todos los escenarios posibles, informar y aclarar dudas a nuestro pueblo con el fin de lograr una sociedad más justa».
Mariela Castro Espín, diputada por La Habana, recordó que el respeto a la dignidad plena es uno de los principios fundacionales de la Revolución Cubana. «Un trabajo riguroso y sostenido de diálogo se exige para comprender cuan revolucionario y necesario es este proyecto, expresión de un gradual proceso de la madurez alcanzada por nuestra sociedad en pos de la justicia social.
«Se garantizan derechos de grupos de personas, cuyas realidades no habían sido tan comprendidas. Se le brinda derechos a otros grupos poblaciones. Se promueve más justicia, más equidad y se refuerza la esencia del socialismo cubano cuando coloca a las personas y las familias en el centro de toda reforma.
«La sociedad cubana es una sociedad compleja, diversa y plural y el Código refleja la esencia de nuestra Revolución: Cambiar lo que debe ser cambiado… No es cambiar por moda sino cambiar lo que genera violencia, opresión, dolor, lo que nos aparta de la máxima martiana Con todos y para el bien de todos.
«Este es un Código que no quita derechos a nadie sino que amplía derechos, no condena ni impone modelos familiares, sino que garantiza el mandato constitucional y por ello, hago un llamado al pueblo a defender este Código con argumentos sólidos y con la participación consciente.
«Se sitúa a Cuba en la vanguardia mundial con esta normativa y tenemos el deber y la responsabilidad histórica de aprobarlo para consulta popular, teniendo así la certeza de que le garantizamos todos los derechos a todas las personas, todos los derechos para todas las familias», señaló.
El diputado Miguel Barnet, miembro de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, elogió la muestra madura y democrática de la Asamblea Nacional de llevar este Código a referendo. «Es esa la evidencia más contundente del valor democrático de nuestra sociedad. Rompamos barreras y superemos prejuicios. Recordemos a José Martí: “Solo el amor hace milagros, solo el amor nos salva”», dijo.
Mientras, de la Caridad Torres, diputada por Ciego de Ávila Reina, expresó que es un Código que emociona, que conmueve, que demuestra la responsabilidad de quienes lo pensaron y lo defienden. «Yo creo en el Sí que le daremos a este Código porque es el Código de nuestras familias».
El diputado Alberto González planteó su inquietud con respecto a la guarda y cuidado de los menores, reflejado en el artículo 149, porque considera que siempre debe estar ligada a la madre. El Ministro de Justicia aclaró que el Código propone varias posibles variantes y que en todo caso, los menores deben quedarse con quien tengan la relación parental. «No se beneficia una solución por encima de otra porque cada familia es diferente».
Hacia el final del debate, el diputado José Castañeda abogó por argumentar profundamente la nueva norma durante la consulta popular, para lograr su perfeccionamiento, sin que campañas mediáticas enemigas tergiversen su esencia. Mientras el diputado Juan Carlos Rodríguez catalogó este Código como extraordinariamente revolucionario y compartió su convencimiento de que el pueblo cubano sabrá comprenderlo y aceptarlo.
Aprueban proyecto de Código de las Familias y su consulta popular
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este martes —por unanimidad— el Proyecto de Código de las Familias, así como someter esa norma jurídica a consulta popular, desde el 1ro. de febrero al 30 de abril del próximo año.
Votan por dos nuevos miembros del Consejo de Estado
En la jornada de ayer también fueron llevadas a votación dos vacantes del Consejo de Estado que quedaron libres. Para ello se propuso a las diputadas Aylin Álvarez García, actual primera secretaria de la UJC, y Karla Santana Rodríguez, presidenta de la FEU.