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Parlamento cubano Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 14/07/2019 | 02:40 am
EL camino que ha emprendido Cuba hacia la prosperidad, desde el propio triunfo revolucionario, tiene entre sus fundamentos el respeto al medio ambiente y defiende los conceptos de sostenibilidad asociados a todos los recursos naturales.
Siendo un Archipiélago, el mar y sus ecosistemas resultan imprescindibles para nuestro desarrollo, fundamentalmente para la industria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, la explotación de estos recursos tiene que hacerse desde una conciencia ambientalista y regulada, por lo que son indispensables marcos legales que amparen la actividad y que respondan a las condiciones actuales y a las dinámicas del país.
Tal asunto fue uno de los primeros en tomarse en cuenta en la vorágine jurídica que vive la Cuba de hoy. Al Parlamento cubano se llevó el dictamen del Proyecto de Ley de Pesca; ampliamente debatido con anterioridad en comunidades y asentamientos pesqueros. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales tuvieron la oportunidad de estudiar el documento y agregar sus criterios a las propuestas anteriormente efectuadas.
Como explicó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la propia Comisión, no siempre las leyes pueden llevarse a referendo. No obstante, la opinión del pueblo en cualquier ejercicio jurídico es escuchada y analizada oportunamente, lo que responde a una política básica de la Revolución: «Pensar y hacer desde el pueblo y para el pueblo, porque es allí donde está la mayor fuente de sabiduría. Y esa es una de las enseñanzas que nos legó nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz».
En el 3er. Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se presentó el Proyecto a todos los diputados. En este contexto, Iris Quiñones Rojas, titular del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), explicó que, desde los primeros años de la Revolución, la dirección del país prestó especial atención al desarrollo de la actividad pesquera, tanto en aguas nacionales como internacionales.
En las décadas de los años 60 y 70, dijo, se desarrolló ampliamente la infraestructura y la logística para la pesquería en aguas profundas fuera del mar territorial, lo que permitió que durante años se alcanzaran niveles significativos de captura en las mismas, llegando a superar las 100 000 toneladas anuales.
En la década de los 80, continuó, la pesca en la plataforma cubana alcanzó sus máximos niveles de captura. En aquel entonces la importación de pescado también era significativa, por lo que estaban garantizados los altos consumos per cápita de población.
La caída del Campo socialista, la obsolescencia de la flota cubana de pesca, sus elevados costos y la declinación de las poblaciones pesqueras, obligaron a los barcos a retirarse gradualmente de la pesquería en aguas internacionales, hasta que prácticamente desaparece la actividad en 2002, narró la directiva.
La situación empeora aún más debido a la depresión de las poblaciones marinas. «Tal como es tendencia en el mundo, las capturas en Cuba han disminuido sensiblemente, fenómeno que está asociado fundamentalmente a factores climáticos y al mal manejo de la actividad a nivel mundial».
La caída drástica de los consumos per cápita de la población —en comparación con las épocas de esplendor de la industria pesquera—, evidencia la necesidad de establecer y reforzar las medidas de ordenamiento pesquero para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de la acuicultura como fuente principal para el incremento de las producciones y los consumos.
En esencia, señaló Quiñones Rojas, el Proyecto de Ley que proponemos se apruebe hoy por este Parlamento, se distingue por elevar el rango de la norma jurídica vigente y por conducir el perfeccionamiento de las regulaciones complementarias, encaminadas a lograr la conservación de los recursos.
Además, esta Ley de Pesca se atempera a los códigos y convenios internacionales para una pesca responsable, de los cuales Cuba es parte; y se adapta a nuestro modelo económico, reconociendo todas las formas de gestión —estatales y no estatales—, como partes del sector pesquero del país, propiciando su protección.
Asimismo, ella alude a los programas de saneamiento y conservación ambiental, y a otros de mayor dimensión y alcance a nivel nacional como es la Tarea Vida. También mandata al Minal para implementar en coordinación con el resto de los organismos las estrategias para el desarrollo de la acuicultura.
Precisó que esta Ley es fruto también de la sabiduría de nuestro pueblo, expresada en las opiniones emitidas por la población en general, en las comunidades pesqueras, y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la ANPP.
El Parlamento cubano aprobó la Ley de Pesca por unanimidad y acordó que la Comisión de estilo —que revisará el texto antes de su publicación en la Gaceta Oficial—, estará presidida por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, y tendrá por miembros a los diputados Ramón Osmany Aguilar Betancourt y Alicia de la Caridad Fernández.
En los diputados, la voz del pueblo
En el debate, la diputada Reina de la Caridad Torres Pérez calificó a la Ley como absolutamente necesaria, pues se atempera a los requerimientos internacionales y a las prioridades del país de acuerdo con nuestro modelo económico. «Es también expresión de una voluntad política que siempre tiene en cuenta las ideas del pueblo, el que no solo ayudó al enriquecimiento del proyecto, sino que aportó elementos valiosos para su implementación».
Se refirió, además, al papel de esta normativa en la puesta en práctica de los encadenamientos productivos, ya que permite y obliga a varios organismos a interactuar en torno a ella.
Señaló que sus preceptos están en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030, encaminados a garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Con ella se refleja una vez más que somos un país de referencia, no solo para Latinoamérica, sino también para el resto del mundo, en cuanto a nuestras políticas sociales y ambientales, así como nuestros avances en la ciencia y la innovación.
Por su parte, la diputada Edita Castillo Puebla insistió en la importancia de dar continuidad a este ejercicio legislativo con regulaciones que tomen en cuenta la proyección de los artículos 168 y 169 de la Constitución recién aprobada, los que se refieren a la autonomía municipal y al desarrollo local.
El diputado Yoexis Manresa Peñalver se refirió a la necesidad de esclarecer los detalles del trabajo por cuenta propia en la acuicultura, fundamentalmente cuando el cultivo de determinada especie está supervisado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), como es el caso, ejemplificó, de las clarias.
A estas dos últimas intervenciones, Quiñones Rojas respondió que tales criterios se incluirán en el proyecto de decreto que establecerá el reglamento, ya que este tendrá, como le corresponde, un carácter más específico que la ley en cuestión.
El camino para el ordenamiento
La Ley de Pesca que se propone tiene como objeto establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la pesca, en función de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres de la República de Cuba, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria de la nación.
Así lo consideraron las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, encargadas de hacer el dictamen sobre la importante normativa que fue presentado este sábado al plenario de nuestro Parlamento para su aprobación por el diputado Ramón Osmani Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria.
Entre los objetivos que se persiguen están: instituir los principios de ordenación del recurso pesquero; regular las autorizaciones de pesca; definir sus modalidades; disponer las bases para el funcionamiento del órgano consultivo en materia de ordenamiento pesquero y crear mecanismos de coordinación entre los organismos que intervienen en el proceso.
Reconoce las formas no estatales como sujetos de aplicación, incluyendo el ejercicio de la actividad por cuenta propia.
Independiza la pesca deportiva de la recreativa, considerando una categoría especial dentro de esta última, la pesca submarina.
