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Pesa en punto de venta. Autor: Adán Iglesias Publicado: 14/11/2017 | 10:40 pm
Si alguien imaginó que la respuesta a fijar precios máximos para productos alimenticios en Villa Clara iba a causar la estampida de los vendedores, se equivocó. Más bien, en sentido general, se mantienen detrás de los mostradores. Muy bien esa reacción, aunque tampoco la bajada impuesta fue de espanto.
El argumento de las autoridades para hacer lo que hicieron era irrebatible; pero aun así, como acostumbran, más que utilizar sin previo aviso sus prerrogativas, optaron por exponer argumentos y escuchar criterios.
Lo que sí estaba claro, clarito, es que había que frenar de cuajo la subida de los precios —tras el azote despiadado del huracán Irma— de las carnes, granos, vegetales, condimentos y frutas en los mercados de oferta y demanda, puntos de venta y carretilleros.
Era un reclamo a voces de la población que vio, crispada, cómo una libra de bisté de cerdo pasó a costar 45 pesos; un aguacate, 20; y las ristras de ajo, 150. En fin, el desbarajuste a partir de la noche aciaga, de los vientos bravíos y las lluvias.
El desborde del importe que se debía pagar, al amparo de la sombra de Irma se enderezó con guante de seda, pero con determinación, sobre la base de resoluciones que facultan al Consejo de Defensa Provincial para aplicar esas medidas.
Ahora el bisté cuesta 23 pesos la libra; el lomo, la paleta y la pierna, 16; y la costilla 15; mientras las viandas, vegetales y condimentos se comercializan a iguales importes que antes del huracán, y hasta más baratos.
El tope obligó a los vendedores a colocar una tablilla con el costo de cada producto, una medida muy aceptada, para que todo el mundo sepa lo que tiene que pagar. Quien se deje exprimir el bolsillo será porque tiene alma de masoquista.
En realidad hoy los mercados de oferta y demanda, puntos de venta y carretilleros comercializan, con sus bajas y altas, viandas, granos y condimentos; los más escasos resultan los vegetales y las frutas.
Si la medida de fijar el precio máximo ha funcionado, se debe, indiscutiblemente, a la presión ejercida por los organismos de inspección, autorizados a penalizar a los incumplidores con medidas severas como decomisos y retiro de la licencia.
Los vendedores entendieron la justeza de la medida en una circunstancia crítica por el daño que Irma causó a la agricultura, razona Reinaldo Oms Pairol, director de la Dirección de Inspección y Supervisión Integral (DIS) en la provincia.
Las cifras avalan ese criterio. Durante casi un mes de estar aplicada la medida se han realizado más de 300 visitas de inspección para alertar y también sancionar si es necesario.
¿Resultado? Se impusieron 37 multas por un valor de más de 25 000 pesos, se retiraron tres licencias y hubo dos decomisos, en ambos casos por ser reincidentes en las transgresiones.
La DIS no resulta la única involucrada en velar por la protección al consumidor. En cada municipio adoptaron un método de trabajo con ese propósito, integrado por el Ministerio del Interior, la Dirección Estatal de Comercio, las direcciones de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
En definitiva, tampoco ningún vendedor ha entregado la patente ante el topado de los precios. Saben bien que, aun así, tienen su margen de ganancias. Ahora también sus proveedores saben con más exactitud a cuánto pueden comercializar las mercancías. Un golpe indirecto, pienso, a aquellos que compraban al productor relativamente barato y vendían carísimo. Bienvenido el tope de precios asumido con satisfacción en la tribuna de la calle.
