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Por primera vez tendremos un sistema de registros ordenado, coherente e integrado que facilitará que el Gobierno se nutra de la información necesaria para la toma de decisiones, y propiciará gestiones más efectivas de trámites y servicios a la población.
Así expresó María Esther Reus, ministra de Justicia, en conferencia de prensa en la que aclaró que el Decreto-Ley 335 Del Sistema de Registros Públicos de la República de Cuba —que entró en vigor este lunes y regula la organización y funcionamiento de esas instituciones en el país— se emite para, sin perder los principios de seguridad jurídica, simplificar lo que la población necesita para resolver sus problemas cotidianos.
Luego de más de dos años estudiando la situación de estas instituciones, se detectó que existían más de 280, y muchas presentaban insuficiente nivel de informatización y falta de preparación del personal. Se les señaló también escasa visión organizacional y marco legal con normas obsoletas.
Por eso, explicó Arleidy Rodríguez Rodríguez, directora de Registros Públicos, es que luego del reacomodamiento suman 99 entidades, aunque resta clasificarlas en cualesquiera de sus ocho tipos (personas naturales, jurídicas, bienes muebles e inmuebles, permisos y licencias, propiedad intelectual, hechos y procesos, resultados económicos y documentos) y adoptar disposiciones complementarias según el caso.
Las resoluciones identificables, emitidas la pasada semana por el Ministerio de Justicia, atendían a los Registros Civiles, como un primer paso dentro del mejoramiento, y confieren, entre otras cuestiones, más facultades a los registradores para subsanar errores. Sobre este particular, se alertó que es preciso que la ciudadanía revise sus documentos antes de salir de la institución, con tal de prever equivocaciones. Los errores que sean responsabilidad del registrador correrán a su cuenta y se arreglarán inmediatamente.
Dentro del perfeccionamiento de la actividad registral se cuenta el aprovechamiento de las facilidades digitales, aunque 47 de los registros no posen conectividad. Se prevé que para el 2016 ese asunto sea solucionado y disminuyan las personas que asisten a dichas instituciones.
La intención es aprovechar más los datos del carné de identidad, aunque ello no quiere decir que no se expidan los documentos necesarios. Se aclaró igualmente que ninguno de estos documentos tiene fecha de vencimiento.
Francisco García Henríquez, viceministro de Justicia, comentó que este proceso se ha acompañado por el debate de los involucrados, lo mismo en los registros que en las notarías, entidades que también se perfeccionan y adaptan sus términos según la complejidad del trámite.
Asimismo, Olga Lidia Pérez Díaz, directora de Notarías, aclaró que están establecidos los mecanismos para el control efectivo de términos y para determinar la responsabilidad de los errores. Es preciso, señaló, que el cliente firme en el Libro Único de Control de Asuntos para garantizar el cumplimiento del proceso. El 85 por ciento de los documentos tienen un plazo de hasta diez días, lo que demuestra agilidad y racionalidad, expresó.
