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En medio de un contexto latinoamericano aún castigado por la pobreza y la inseguridad social, el Derecho Penal debe dirigirse también a sancionar a quienes acaparan los alimentos y los venden a precios alterados para alcanzar ganancias excesivas.
Ello lo recomendó en su conferencia magistral el Doctor Oscar Juárez Cárdenas, presidente de la Confederación Nacional de Abogados Mexicanos, al referirse a la relación entre la alimentación como derecho incumplido y el fenómeno criminológico en América Latina, durante la apertura del Congreso Internacional Abogacía 2014, que aconteció este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El penalista significó también la necesidad de ver al Derecho Penal como instrumento de mejora social, con el que se puedan prevenir o revertir situaciones y comportamientos a partir de una conducta ética y justa por los juristas.
Al finalizar su exposición, Juárez Cárdenas recibió la recién instituida distinción Toga de Honor, de manos de Ariel Mantecón, presidente de la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), organizadora de la cita.
En otro momento, el profesor Jorge Juan Lozano, asesor de la Oficina del Programa Martiano, reflexionó sobre el pensamiento jurídico de José Martí, para quien la justicia debía ponerse tan alta como las palmas.
La tercera edición internacional de este evento, en el que participan 142 delegados de 18 países, 211 asesores jurídicos de entidades y profesionales de la ONBC, se ha consolidado como espacio intelectual de intercambio sobre temas actuales de la realidad del país y los cambios legislativos que trae consigo la actualización del modelo económico y social cubano, según destacó Ariel Mantecón en el discurso inaugural de este encuentro.
A la primera jornada del cónclave asistieron Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado; Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular; María Esther Reus, ministra de Justicia; Joaquín Bernal, funcionario del Comité Central del Partido; Darío Delgado Cura, fiscal general de la República; Oscar Silvera, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, así como representantes de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Ministerio del Interior y otros organismos.
