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SANTA CLARA, Villa Clara.— En medio de la lucha contra las ilegalidades resulta sorprendente que haya administraciones que asuman una actitud benevolente o, más exactamente, de pasarles la mano a los transgresores.
Las cifras son elocuentes: desde enero hasta julio último de este año, la Dirección Integral de Supervisión en la provincia solicitó medidas disciplinarias complementarias para 3 340 trabajadores por cometer infracciones graves de engaño al consumidor.
Al cierre del séptimo mes solo se había sancionado a 2 268, lo cual confirma la morosidad con que enfrentan el problema, además de una manifiesta benevolencia: aplicaron 744 amonestaciones y a otros 773 acordaron eximirlos de culpa. Y esto ocurre a pesar de que fueron sorprendidos por los inspectores cuando cometían una grave infracción, por la cual fueron multados.
La falta de aplicación de medidas más severas, de acuerdo con la violación cometida, ha persistido durante el actual año, circunstancia que está en contradicción con el rigor que debe primar en el enfrentamiento a las ilegalidades.
Se distinguen entre los que imponen sanciones más suaves, por decirlo de algún modo, las unidades de Comercio Interior, la Empresa del Pan y los establecimientos de los mercados del agro, precisó la Dirección Integral de Supervisión en el territorio.
No obstante, hay organismos que asumen una actitud diferente, como lo demuestra la aplicación a 400 trabajadores de afectaciones en el salario y a 321 de cambio de puesto de trabajo por un tiempo o definitivo. Estas resultan más acordes con las violaciones que se cometieron.
Esa «generosa» actitud de determinadas administraciones revela crudamente la inconsecuencia en que incurren a la hora de ejecutar sus responsabilidades y despierta suspicacia sobre las causas de su actuación.
