Acuse de recibo
Desde el pueblo El Jamal, en el municipio guantanamero de Baracoa, el pasado 11 de mayo Migdoris Rodríguez denunció aquí una extraña irrupción sonora que perturba la paz de los vecinos y privatiza la plaza que antes servía para actividades culturales.
Refería que llegan unas personas con tres o cuatro carpas y bafles, y se apropian de ese espacio público. Viernes y sábados cierran la plaza y cobran a cien y 150 pesos por persona.
«Ahora parece que la plaza tiene dueño, sostenía, porque el Gobierno la ha rentado. Y la música es de viernes a domingo. No se puede estar tranquilo dentro de la casa, de lo alta que la ponen. Hay personas mayores, niños y enfermos, y uno se queja, pero nadie responde. Y la ponen a todo volumen y hasta las tres o las cuatro de la mañana, desde las dos de la tarde.
«No se puede ver televisión, decía, ni conversar en familia. Dentro de las viviendas las paredes tiemblan y los techos vibran. El que no padece de los nervios ya va a padecer, así como están las cosas.
«No hay dónde quejarse, no aparecen las autoridades correspondientes; solo bolsillos llenos de dinero esperando que llegue el próximo viernes para seguir cobrando.
Migdoris solicitaba que en medio de tanto desenfreno en lo que fue una plaza de todos, se hiciera sentir el peso de las autoridades.
«No podemos más, alguien que nos diga qué hacer, y nos explique si este nivel de volumen de la música tan fuerte es permitido. Estamos preocupados por el destino de los jóvenes de nuestro barrio, si lo único que tenían era esa plaza, y ahora tienen que pagar cada vez que la cercan», concluía.
Todo parece indicar que hay oídos sordos para el reclamo de Migdoris, pues acaba de llegar una segunda carta suya, en la que manifiesta:
«Miren lo que da vivir en un pueblo donde no se le hace caso a los problemas de los ciudadanos. ¿Recuerdan mi publicación del 10 de mayo sobre lo fuerte que ponen la música? Pues no se ha hecho nada. Y ayer me dirigí al presidente del consejo popular, quien me dijo que podían poner la música como ellos quisieran porque tenían un contrato.
«A los 20 minutos de mi queja vinieron y les dije a los dueños que fui yo, y 30 minutos más tarde vinieron los dueños de la música con un bafle y me lo pusieron a unos tres metros de la portería de mi patio.
«Son las 11 de la mañana y tenemos que aguantarlo hasta las tres o cuatro de la madrugada. Esto es terrible. Estamos perdidos. No tenemos quien nos defienda en este pueblo», concluye Migdoris.
«Me urge ayuda», clama desesperada Ana Delvis Torres Tamayo, vecina de calle San Andrés 64, Acopio, El Caney, Santiago de Cuba.
Cuenta que tiene una hija menor de edad, y el padre está preso. La pequeña solo depende de lo que ella pueda aportarle. Ana trabajaba como auxiliar general en el hospital Juan Bruno Zayas.
Y sin tener aún el tiempo para quedarse fija allí, se enfermó del corazón. Permaneció en terapia intensiva y ahora aguarda por la colocación de un dispositivo.
Fue llevada a la comisión médica, que diagnosticó que no puede trabajar, pues le prohíben hasta levantar un jarro de agua. Le plantearon que acudiera a la trabajadora social y así lo hizo. Le explicó su necesidad: que no tiene dinero para sacar los alimentos de la canasta básica de ella y de la niña.
«Me visitaron, afirma, y esta es la fecha en que no he recibido ninguna respuesta. Mi hija y yo no nos podemos morir de hambre. Necesito urgente una ayuda, porque no puedo ni siquiera hacer trabajos particulares. Además, no hay en la farmacia medicamentos de los que tengo que tomar. Y me falta mucho el aire».
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