Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 7 de octubre, desde Gaspar, municipio avileño de Baraguá, Ricardo Hugo Losada reveló, en nombre de los 26 asociados a la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Evelio Marrero, que desde junio de 2022 y hasta el cierre de septiembre no habían podido cobrar sus haberes. La CPA, productora de caña de azúcar, granos y hortalizas, ha llegado a un deplorable saldo económico-financiero, que les impide cobrar los ingresos por su trabajo. La situación se agrava en 2022, cuando apenas se cortaron 2 048 toneladas de caña, y los ingresos fueron insuficientes para pagar deudas con empresas y el Banco.

«La CPA, decía, no tiene los medios ni los recursos para saldar esa deuda que amenaza con crecer. No está en manos de los asociados, pero nos hemos mantenido en los puestos de trabajo, esperando por una solución que, a nuestro criterio, deben darle las entidades facultadas, y a las que se les ha comunicado: Azcuba, ANAP y Partido.

Acotaba que, en medio de una inflación insostenible, el 22 de septiembre, en asamblea general de asociados, se acordó unánimemente hacer esta petición por la prensa: solución definitiva al asunto, o la disolución de la CPA, para incorporarse a otro centro de trabajo.

Responde Antonio León Mursulí, director de Capital Humano de Azcuba, que las CPA se rigen por el Decreto-Ley 365/2018, que dispone que la cooperativa es una organización económica y social para producir y comercializar bienes y servicios mediante gestión colectiva para la satisfacción del interés social y el de los cooperativistas. Se constituye con el aporte de bienes y trabajo de sus socios, posee personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en su gestión y en la administración de los bienes. Cubre los gastos con los ingresos y responde por sus obligaciones. Las CPA se vinculan con empresas estatales agropecuarias y azucareras por relaciones contractuales, y reciben servicios que les permiten cumplir planes y programas.

Y el Código de Trabajo, añade, valida el derecho a recibir una remuneración justa, en correspondencia con los productos y servicios generados, la calidad y el tiempo real laborado, mediante el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo.

También el Decreto-Ley 365/2018 instituye el procedimiento para la posible disolución, liquidación o extinción de las cooperativas agropecuarias, que previo acuerdo de sus respectivas asambleas generales por el voto favorable de más del 50 por ciento de sus socios, puede solicitar el proceso de disolución. Este se aprueba por Resolución del Ministro de la Agricultura, teniendo en cuenta la consulta realizada a la organización superior de dirección empresarial y el criterio de la empresa estatal a la que se vincula, el de la ANAP o del sindicato correspondiente.

Señala que la CPA Evelio Marrero posee un comportamiento económico desfavorable en los últimos tres años, acumulando pérdidas al cierre de cada ejercicio económico, razón por la que el Grupo Azucarero Azcuba ha intervenido en ayuda económica para salvarla, mantener y recuperar la producción cañera. Por ello, ha comprado las deudas contraídas por la CPA en tres ocasiones, sin una respuesta productiva de la misma y con un decrecimiento cañero sostenido. Sus estimados para 2023 son 4 014 toneladas, en más de 1 076.7 hectáreas de fondo de tierra; de ellas 888.3 vacías, 165.6 con caña molible y un rendimiento de 24 toneladas por hectárea.

Posee cinco tractores, uno solo activo, dos combinadas KTP, 18 implementos agrícolas activos y dos camiones. Y presenta bajas producciones agropecuarias, aportando elementos de las reservas productivas de la CPA en su patrimonio, afectada en gran medida por problemas no solo objetivos, sino subjetivos y de administración. Hoy mantiene solo 18 cooperativistas y 11 vinculados por el Decreto Ley 300, con deudas por impagos de salario en nóminas a 43 trabajadores (algunos ya han causado baja), por un monto ascendente a $318 691.99 CUP, con cierre en la segunda quincena de septiembre, situación que ha resultado insostenible.

A raíz de la situación de impagos presentes, la Dirección de Azcuba aprobó excepcionalmente tratamiento financiero para el pago a trabajadores y cooperativistas atrasados a través de la casa financiera Arcaz, con la que se establece un compromiso de pago a amortizar en 2023, y dispone la necesaria toma de medidas organizativas y productivas que prevengan el incremento del monto de la deuda contraída.