Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Eran las siete de la noche del 4 de enero último, cuando en Mayía Rodríguez 842, en la Víbora, municipio capitalino de Diez de Octubre, Eduardo Sánchez Navarro sintió un estruendo, como de retorcimientos metálicos y de desprendimiento de muros. Un ómnibus de la ruta  A-70 había impactado contra el car porch suyo y el del vecino inmediato. Y tumbó el muro y la baranda de la casa siguiente.

No hubo accidentados entre ellos ni entre los que venían en la guagua, pero el impacto afectó a esas tres viviendas y la entrada de un pasillo interior, que da acceso a otros seis apartamentos; además de que dejó al descubierto, y expuesta a deterioro, la acometida por donde entra el servicio de agua.

Según relata Eduardo en su carta, ese día se personaron allí directivos de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana (EPTLH), quienes asumieron la responsabilidad por parte de dicha entidad en subsanar los daños. Y los afectados creyeron en sus palabras.

Luego de pasar por toda la rutina establecida para estos casos con la debida denuncia en la policía y demás trámites, quedó establecida la responsabilidad del chofer y la promesa y seriedad de la EPTLH para asumir los gastos de reparación total con sus medios y mecanismos establecidos para estos casos.

Días posteriores se personó en el lugar un miembro de la directiva de la EPTLH para dar los pasos necesarios con la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) a fin de comenzar lo antes posible la reparación de los daños. Y los vecinos permanecían confiados, aunque a la expectativa.

Los papeles de la DMV —entidad que establece el costo de las pérdidas y da luz verde para las reparaciones— fueron obtenidos el 10 de enero, a menos de una semana del accidente. Y en contraste con la morosidad y la desatención de la EPTLH, destaca Eduardo la rápida respuesta y apoyo inmediato en lo que les correspondía, de la propia DMV, la Policía Nacional Revolucionaria y Planificación Física.

«Desde entonces, afirma, por parte de quienes prometieron asumir la responsabilidad, lo que han proliferado son las trabas, demoras, justificaciones y el burocratismo en su máxima expresión, que tiran por tierra toda la confianza y transparencia de esa empresa. El funcionario designado, pasado los dos meses, se personó en el lugar con un contratista por cuenta propia, quien asumiría las reparaciones. Pero pasan los días, semanas y meses y seguimos sin una respuesta a los hechos».

Consigna Eduardo que el propio directivo, quien asume además otras responsabilidades y es el único que ha dado la cara ante los reclamos de los afectados, alega que ya todo está entregado hace mucho tiempo en el Departamento de Inversiones de la EPTLH. Y este no da respuesta ni el aprobado para comenzar la ejecución.

Según el funcionario informó, hay problemas con los ajustes de los nuevos precios a raíz de la Tarea Ordenamiento. «Pero estamos hablando de una deuda con nosotros hace seis meses», esgrime Eduardo, con toda la razón del mundo.

Es la segunda vez, explica, que un ómnibus se abalanza sobre los dos apartamentos del 842 y el 840. La primera fue en 2019, y los daños fueron reparados entonces con el esfuerzo propio de esos vecinos, que han visto desplomarse una vez más lo que levantaron con sus manos.

«Luego de este accidente, significa, los responsables no participan, ya no de la reconstrucción, ni siquiera de la recogida y traslado de los escombros».

Allí permanecen aún, impúdicamente, las evidencias del impacto. Pero detrás de esos amasijos de piedras y hierros retorcidos, pervive el daño sicológico y esa mezcla de incertidumbre y desconfianza con que las tres familias despiertan cada mañana, temerosas de que llegue la tercera arremetida. ¿Hasta cuándo?