Acuse de recibo
Bastante soporta y sufre el consumidor-cliente-usuario cubano, por lo que he denominado, con los años y los palos que me ha dado la vida: «la dictadura del mostrador»: el maltrato y la desatención que ejercen sobre el ciudadano no pocos de quienes deben servirle con gusto, y contrariamente lo castigan y ningunean sin miramientos, imponiéndoles sus reglas del juego.
Clara Aurora Verdecia Borrego (Masó 411-D, entre 26 de Julio y Manuel Pedreira, reparto Castro, Bayamo) cuenta que el pasado 14 de febrero fue al Cupet de Carretera Central vía Holguín esquina a Amado Estévez a comprar dos jabones de baño para un regalo, acompañada de su nuera y el nieto de año y medio, pues es débil visual.
Al solicitar los jabones, le rogó a la cajera que le cambiara un jabón rosado por uno morado, pues era para regalar a un hombre. Y la empleada, subiéndole la voz, se negó. Le dijo terminantemente que lo regalara así.
Y otra empleada, que evidentemente cuidaba la mercancía y de alguna forma observaba el proceder de los clientes, algo necesario, le dijo de forma grosera a la nuera de Clara que saliera de la unidad con su bebé, pues traía una mochila en su espalda, y la juzgó como que podía robar, recalca.
«Pobre pero honrado», esgrime Danilo Pérez Serrano (Ánimas 455 A, entre Manrique y San Nicolás, Centro Habana, La Habana), al censurar la manera poco delicada y vulgar con que en unidades comerciales estatales, desde que la persona entra, se le vigila y trata como si fuera un virtual ladrón, al acecho de cualquier ratería.
El jubilado José Antonio Quintana de la Cruz (calle Sol 11, entre Vélez Caviedes y Recreo, Pinar del Río) cuenta que en enero pasado, sin él solicitarlo, le cambiaron la tradicional chequera por la tarjeta magnética para acceder a su pensión. Pero la tarjeta no llegó. Tuvo que cobrar ese mes por reservación de saldo, en la caja.
Tras siete visitas a la sucursal 1532 del Banco Popular de Ahorro (BPA), Quintana obtuvo la tarjeta y el pin. Y el 17 de febrero, 32 días después de comenzar los trámites, fue a cobrar infructuosamente con su tarjeta en un cajero. La pantalla de este le comunicó que él no tenía fondo depositado.
Fue a la sucursal 1532, y allí lo remitieron a la filial del Inass, que estaba cerrada, pues era sábado. El lunes inmediato Quintana volvió a la filial del Inass, y en este sitio la jefa, muy disgustada, le dijo que lo habían peloteado, y llamó a la dirección provincial del BPA, y lo redireccionó hacia allí.
De nuevo en el BPA, se excusaron con él, y le dijeron que su dinero había sido extraído por alguien, que podía ser un familiar suyo, él mismo u otro ladrón. Y le sugirieron que hiciera una denuncia en la Policía, a lo cual el cliente le respondió que en su casa no habían robado, que robaron un cajero de ellos y que, por tanto, ellos, de oficio, debían hacer la denuncia.
«Tres días después, afirma, con la ayuda de la unidad virtual, algo así como un Dios paródico, se comprobó que yo no robé al cajero, si no que este me robó a mí. Hoy 1ro. de marzo, hace 11 días del presunto robo. Dicen que las reclamaciones están en proceso, pero yo no he cobrado ni sé cuándo voy a cobrar. Ah, y se supone que viva con el ingreso de la jubilación».
Alfredo Sánchez Lara (calle 21 No. 4, apto. 53, entre N y O, Plaza, La Habana) relata que compró en una tienda, sita en 23 y 10, en el Vedado, un paquete de galletas de sal producidas el 28 de febrero de 2018. Solo 72 horas antes. La etiqueta del paquete revelaba que fue producido en la fábrica de galletas Billy, del Cotorro, en el turno 1, perteneciente a la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria.
«Las galletas, señala, están crudas, duras, filosas, difíciles y peligrosas de masticar. ¿Nadie probó esas galletas en la fábrica antes de envasarlas y lanzarlas al comercio?, pregunta.
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