Acuse de recibo
El pasado 13 de agosto, Hortensia Fernández, residente en Isabel Rubio 112, entre Juan Gualberto Gómez y Mariana Grajales, en la ciudad de Pinar del Río, denunciaba aquí un salidero que llevaba más de cuatro años derrochando agua en la propia calle Isabel Rubio.
Al respecto, Robert Hechavarría, director (PS) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, nos respondió el pasado 16 de octubre, con una copia de la carta que enviara al director general del Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado.
Y precisaba que al conocer la queja, «se designó una comisión integrada por directivos y especialistas de la provincia y el municipio para evaluar el asunto y adoptar las decisiones correspondientes».
Informaba que «la comisión visitó el lugar, donde hubo un intercambio con la recurrente y varios vecinos, comprobándose la existencia del salidero, y al instante se le ofreció respuesta a la inconformidad de la misma».
«Se le explicó a la recurrente que el salidero no pertenecía a la Empresa de Acueducto, era responsabilidad de los moradores de ese lugar, porque era una acometida que se encontraba al descubierto la causante del despilfarro, y nadie se responsabilizaba con ella.
«Al no encontrar dueño de dicha acometida la Empresa decidió enviar una brigada. Se realizó una excavación en la acera y se clausuró la misma, la cual estaba desconectada y pegada al muro del portal de una vivienda… La situación descrita es un asunto atendido y la recurrente mostró conformidad y agradecimiento con la solución», concluía.
Agradezco la solución del asunto, pero no estoy tan conforme como «la recurrente». Un salidero público, a la vista de cualquiera, pertenece a todos, porque por ahí se nos va un elemento esencial para la vida. Pero si nadie se responsabiliza con la acometida, a Acueducto sí le correspondía resolver lo de todos y lo de nadie durante más de cuatro años, y hacer cumplir la política del país para con el agua. Y no lo hizo hasta que se reveló la denuncia en esta sección.
Curiosamente, es común que quien denuncia entuertos aquí, sea llamado por el que responde: recurrente, que en el rico Español, significa repetido, demandante, litigante, suplicante, reclamante o pretendiente. ¿Será porque recurren, repiten, reclaman y suplican con reiteración? Ojalá se les denominara clientes, con todos los derechos, atribuciones y urgencias que esa palabra implica.
La noble decisión de ofrecer subsidios estatales para construir y reparar viviendas a familias vulnerables y casos sociales extremos, requiere plasmarse con un alto grado de sensibilidad y justicia.
Yamila Molreira Azmarez (Calle 9na. entre Central y 6ta., reparto Mi Rancho, San Antonio de los Baños) es madre de un niño con delicado estado de salud, por problemas de insuficiencia renal. Y no tiene vivienda. Ambos permanecen en el Registro de Direcciones de la casa de su ex suegra.
Hace tres años que en su municipio se le aprobó un subsidio para la ejecución de su vivienda, y ya le fue entregado el terreno. Lo que no ha recibido aún es el financiamiento. ¿Cómo es posible?
Y Graciela Ballester (Calle 19 nro.18, Reparto Angostura, Antilla) tiene tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, macrocefalia y atrofia cortical de nacimiento. Luego de 16 años de trabajo, no ha podido laborar más. Solicitó la chequera de madre cuidadora y no se la dieron, porque su esposo trabaja. Si fuera madre soltera sí.
Lo cierto es que ha solicitado un subsidio estatal para concluir su casa por esfuerzo propio, que se encuentra a la altura de cerramento. Solo requiere poner la placa y terminar el baño con su fosa, y la meseta de la cocina.
Hace dos años le aprobaron un subsidio, pero afirma que cada vez que entra financiamiento al municipio en tal sentido, le dicen que se lo dan a los más necesitados. Y ellos siguen sin concluir su casa.
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