Acuse de recibo
Las pruebas de ingreso, tanto a la educación superior como a los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE), constituyen un necesario mecanismo de selección que genera cada año un arduo proceso en el que, además de los estudiantes que aspiran a la plaza, están implicados sus familias y amigos. Hay tensión, preocupaciones, felicidad para unos, angustias y nuevas metas para otros.
El 27 de abril último publicamos la misiva de Hecmir Morales Rodríguez (Matadero No. 103 A e/ Bembeta y Santa Catalina, Camagüey), a cuya hija se le había impedido la realización del examen de Historia de Cuba para el acceso al IPVCE Máximo Gómez.
De acuerdo con la explicación que le ofrecieron la autoridades del Ministerio de Educación al preocupado papá, la decisión respondía a que la nota de su hija en Matemática durante 7mo. grado era de 89,6 puntos, menor que los 90 puntos requeridos en virtud de la Resolución 306/2009 del propio Ministerio. Ya la muchacha había examinado Español y Matemática. No era, además, la única en esta situación, había más de 15 alumnos en todo el municipio que atravesaban por el mismo problema.
El papá revisó de inmediato el texto de la Resolución de marras y, según evocaba, esta afirma en su artículo 5.2, inciso d: «Tener como mínimo un promedio de 90 puntos en las asignaturas de Matemática y en el área de Ciencias Naturales en 7mo. y 8vo. grados».
De ahí que Hecmir se preguntara si la palabra promedio implica suma y división de cantidades, y si la Resolución faculta a los funcionarios para interpretar que se trata de notas individuales por grado en cada una de las materias señaladas. Por otra parte, el padre pensaba que si ya la estudiante había hecho las dos pruebas anteriores, nada costaba dejarla efectuar la tercera, en tanto se esclareciera el asunto.
Al respecto contesta Mercedes Escudero, directora provincial de Educación en tierra agramontina. Argumenta Mercedes que, cuando se conoció en el Departamento de Secundaria Básica de la Dirección Provincial las inquietudes de los padres, se realizaron los análisis y consultas correspondientes y se determinó que «pueden existir imprecisiones en la interpretación del aspecto 5.2 (d) de la RM 306/09, a partir de los términos “promedio de 90 puntos en las asignaturas de Matemática y en el área de Ciencias Naturales en 7mo. y 8vo. grados”, en lugar de decir entre ambos grados.
«Por lo anterior, se revisó nuevamente este aspecto y se decidió aplicar la segunda convocatoria de examen a los pioneros, según cronograma establecido en la provincia, el viernes 3 de mayo».
Destaca la funcionaria que esta valoración se hizo en la instancia de Educación provincial el propio viernes 26, fecha en que se convocó a los papás afectados. Ya el sábado 27, cuando la edición de JR estaba circulando, ellos sabían la decisión de que los jóvenes podrían examinarse.
«En el caso específico de Hecmir Morales Rodríguez, se visitó su casa el 30 de abril para darle respuesta oficial a su queja tramitada en el periódico», comunica la Directora. Y agrega que «actualmente se encuentran en proceso los análisis que se derivan de esta situación».
Agradezco la respuesta de Mercedes Escudero y la feliz decisión de que los muchachos pudieran finalmente acceder a la prueba de Historia. Llamo la atención, no obstante, sobre algo que puede convertirse en peligrosa tendencia. A veces, ante cualquier duda de si algo debe o no hacerse, la solución más fácil que ven algunos es la de prohibir, cuando a su alcance están las alternativas para preguntar, consultar… ¿Acaso no debería ser así?
Siempre recuerdo la máxima de bondad que Elizabeth, una excelente maestra de Español pinareña, llevaba como precepto a la hora de calificar: «Si el profesor duda, el punto debe darse al alumno».
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