Acuse de recibo
Ahora que la reorganización de los servicios de salud ha concentrado consultas de especialidades en determinados sitios y días, urge que esa programación se cumpla al pie de la letra, para no defraudar y disgustar a los pacientes.
Gliceria Bueno escribe desde Avenida 11 No. 2819, en Zona de Desarrollo, Bahía Honda, provincia de Artemisa, para contar ciertas irregularidades en el policlínico de la localidad, con las consultas de especialidades.
Afirma que los especialistas de Angiología, Otorrino y Cirugía, entre otros, tienen previsto el cuarto miércoles de cada mes para atender y dar seguimiento a sus pacientes, quienes reservan sus turnos con antelación, y en muchos casos van allí desde zonas alejadas.
Las trabajadoras que dan los turnos, apunta Gliceria, son muy eficientes y atentas. La odisea comienza cuando ese cuarto miércoles, a las diez u 11 de la mañana, se anuncia a las personas que aguardan que los especialistas no vienen. Y alegan problemas de transporte o falta de combustible.
«Imagine —manifiesta— cuando tal información llega a esas personas, que se han trasladado desde diferentes lugares del municipio, en cualquier medio de transporte. Imagine cuántos sentimientos agolpados en ellos, que tenían su esperanza de curarse o mejorar con ese especialista. Y eso viene ocurriendo desde hace alrededor de siete meses».
Muchos de esos pacientes frustrados, precisa, son personas de avanzada edad, hasta en sillas de ruedas o con dificultades para caminar.
Gliceria comprende las dificultades con el transporte y el combustible, pero no como para que se afecten servicios tan importantes para la vida humana. Tiene que haber una cobertura para esas prioridades.
Francisco Castillo (Presidente Zayas No. 501-A, entre Céspedes y Maceo, Banes, provincia de Holguín) cuenta que su familia está constituida por cuatro adultos, que viven en una sola habitación con problemas constructivos, agravados con el ciclón Ike, que azotó a esa región en 2008.
Urgido por la necesidad de reparar y ampliar, al fin tiene los planos y la licencia constructiva, después de casi dos años de gestiones. Y como la licencia puede caducar al año, si no ha comenzado la obra, él solicitó y tramitó un crédito bancario de 10 000 pesos.
Francisco es desde hace diez años secretario docente de la Filial Universitaria Pedagógica de Banes, pero reza en la plantilla de la Universidad Pedagógica, que radica en la ciudad de Holguín. Y por ello, su salario sale por una sucursal bancaria de la cabecera provincial.
«Teniendo en cuenta la distancia, complejidad de transporte, y el que al menos dos fiadores solidarios deben presentarse conmigo en dos ocasiones en la referida sucursal para que se emita el crédito, además de las colas inmensas y los relati-
vos pocos casos que con ese objetivo se atienden en un banco —que por añadidura atiende a los residentes de la cabecera provincial—, le planteé la preocupación a la gerente del Banco Popular de Ahorro de mi municipio, para ver la posibilidad de que ese trámite se realizara en este. Y ella me plantea que no puede ayudarme, porque ese BPA asumiría los riesgos.
«Al paso que van las cosas, creo que habré invertido tiempo, dinero y esperanzas en vano. Por mucha voluntad política y estatal por mejorar las condiciones de vida de los cubanos, mientras existan trabas como estas, no avanzaremos.
«¿Tendré que solicitar otro crédito para los gastos adicionales de transporte y alimentación, en los viajes hasta Holguín para mí y mis fiadores solidarios? ¿Tendré que abandonar el derecho que, como trabajador con 30 años en la educación, me otorga el Estado, para solicitar el crédito y reparar mi vivienda? ¿No existe algún mecanismo legal al cual pueda acogerme para que se realice el trámite del crédito por el BPA de mi residencia?», pregunta Francisco.
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