Acuse de recibo
Odisa Betancourt describe lo que considera una violación de la legalidad socialista por la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en Guantánamo, ciudad donde ella reside, en el Edificio 56, apto. 295-B, entre 6 y 7 Oeste, en el reparto Caribe.
En 1990 sus padres eran propietarios de la casa sita en Flor Crombet 2731 esquina a 15 Este, San Justo. Y por interés estatal de construir un consultorio médico allí, les dieron dos viviendas del edificio 56: aptos 295-A y 295-B. El primero, a sus padres; y el segundo, a su hermana, su hermano y ella. Consta en expediente.
En noviembre de 2011, su hermana abandonó el país definitivamente, y de forma ilegal. Entonces, la DMV armó lo que ella califica de «proceso de oficio amañado y oscuro de adjudicación o expropiación de la vivienda, lo que se puede corroborar con el título de propiedad de la misma».
La DMV informó a Odisa, con fecha 29 de noviembre de 2011, que se había adjudicado el apartamento a otro ciudadano, «sin tener en cuenta las pruebas y argumentos que presenté a dicha institución en la contestación de emplazamiento», enfatiza.
El ciudadano a quien adjudicaron la casa, dice Odisa, nunca convivió de manera permanente, teniendo varias direcciones hasta 2010. Al saber que mi hermana abandonaría definitivamente el país, realizó el cambio de dirección. Yo vivo ahí desde 1990, y no me tuvieron en cuenta, sabiendo que esas viviendas fueron adquiridas por la de San Justo y dadas por el Estado».
Refiere Odisa que, según Vivienda, no aparecen documentos al respecto. «Pero mi madre está viva y clara de que firmó para nosotros tres. Está dispuesta a declarar y que le enseñen los papeles. Me pregunto dónde está esa documentación». Odisa exige que se investigue y se restituya la legalidad.
La salud de un niño es sagrada, nadie tiene derecho a afectarla. Por ello, escribe Yoagma Álvarez desde calle E, entre D y límite del núcleo urbano, en el reparto 30 de Noviembre de la localidad granmense de Guisa.
Ella tiene una hija de cuatro años, de bajo peso, con graves problemas de salud: enfermedad bronquial, crítica alergia ocular con conjuntivitis crónica alérgica, amigdalitis crónica y epilepsia. Lo avalan certificados médicos y las anotaciones en la historia clínica, desde que tenía un año. Por ende, no debe exponerse al polvo.
En mayo de 2011, señala Yoagma, en la parte exterior de donde vive, a solo 12 metros, el vecino colocó un molino para moler cáscara de arroz. «El polvo y el olor penetrante que produce el molino dañan y agravan la salud de la niña. La alergia se exacerba, con picazón y alteración en ojos, nariz y garganta; creándole desesperación.
«Por hiperactiva y epiléptica, se orina constantemente y es difícil tender los paños, pues se llenan de polvo; y al ponérselos nuevamente provocan alergia, en un ciclo insoportable. Me he visto obligada a salir de casa con la niña cuando muelen, incluso en mitad del almuerzo de ella».
La madre se dirigió a las autoridades locales, y se creó una comisión formada por Planificación Física, Higiene y Epidemiología, la ONAT e Inspección Municipal. Como resultado, la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) emitió respuesta por escrito el 11 de septiembre del 2011 al presunto dueño del molino y a ella: la ubicación del molino fue denegada. Había que retirarlo y demoler el local. El documento fue firmado por el director de la DMPF, Edilberto Aguilar, y la representante de Higiene y Epidemiología, Migdalia Vega.
Transcurridos 14 días, esa funcionaria autorizó a que se montara de nuevo, «acción que viola lo emitido en el documento dictado por la DMPF, el cual ella firmó». Pero antes, el lugar de ubicación del molino había sido visitado por la Comisión de Prevención municipal, del Poder Popular, la cual dijo que para instalar el mismo en zona urbana, debía autorizarse por dicha entidad y la Dirección de Higiene, y haberlo evaluado con los vecinos, para confirmar que no existía afectación ambiental, así como sonido estridente.
Al final, abunda, la DMPF echó atrás su anterior decisión y autorizó el molino, alegando que es correcto a esa distancia. Yoagma reclamó a la Dirección Provincial de Higiene el 11 de octubre del 2011, y aún no ha recibido respuesta. Por su parte, la Dirección Municipal de Trabajo verificó —el molinero tiene licencia de trabajador por cuenta propia—, y su respuesta fue que Yoagma no tiene razón. Pero, madre al fin, ella seguirá batallando por la salud y la paz de su hija.
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