Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Hoy eludo los problemas y regalo una hermosa noticia, enviada por Aurelio Ruiz, desde la granja de autoabastecimiento Camilo Cienfuegos, de la UEB 206 de la Empresa Thaba, en el kilómetro 20 y medio de Carretera Central, Loma de Tierra, municipio habanero del Cotorro.

Cuenta Aurelio que su hija Yunelvis Ruiz, residente en Palma Soriano, fue recluida por largo tiempo, con un embarazo cuádruple, en el Hospital Materno Mariana Grajales, de la ciudad de Santiago de Cuba. Y el 18 de diciembre de 2010 se le realizó una cesárea. Las cuatro niñas nacieron en estado muy crítico, por bajo peso; y la madre estuvo muy grave, por subida de la presión arterial.

Pero las cinco se salvaron y recuperaron, gracias a la dedicación, el esmero y la constancia de médicos, enfermeros, personal administrativo y de servicio… tantas personas, que Aurelio prefiere eludir nombres. Aquello fue un puesto de mando en vigilia por la vida.

En nombre de su familia, Aurelio agradece profundamente a quienes desde la ciencia y el conocimiento, y también desde el amor y la solidaridad, obraron el bien de tener sanas y salvas a sus cuatro nietas, y devolverle la vida a su hija.

Este redactor jura que nunca ha escrito algo con más gusto.

Abonando aclaraciones

En el campo cubano la tierra es tan sagrada, que cualquier inquietud o denuncia al respecto merece «abono», hasta que fructifique la semilla del esclarecimiento. Por eso revelé el 2 de noviembre de 2010 la carta de María del Carmen Artiles, desde el batey del extinto Central España Republicana, en el municipio matancero de Perico:

Ella contaba que era hija de un campesino, quien, al llamado de la Revolución, aportó sus tierras al movimiento cooperativo, y por más de 20 años fue presidente de la CPA 19 de Abril. Y en 2001, una comisión médica dictaminó que estaba incapacitado para trabajar.

En 2010 se aprobó la disolución de esa CPA, y las tierras pasaron a los fondos de una UBPC y de una CCS. Entonces, ella se dirigió a la ANAP municipal y provincial, para saber cómo quedaban los aportadores de tierra, como su padre. Y alegaba que no había recibido respuesta.

María del Carmen cuestionó el porqué se permitió el deterioro de la CPA, y no se tomaron medidas como, por ejemplo, el cambio de su directiva, o del objeto social. Y preguntaba más: ¿Por qué, si la disolución era inevitable, no se priorizó a los aportadores de tierras para que las solicitaran?

Responde Ángel Pérez, presidente de la ANAP en la provincia, que la CPA 19 de Abril, fundada en 1979, fue muchos años ejemplo de eficiencia. Pero, con el período especial, su cultivo principal, la caña de azúcar, degradó hasta no rebasar las 23 toneladas métricas por hectárea, y elevar los costos a más de 70 pesos la tonelada métrica. Todo desembocó en la irrentabilidad y la reducción de su fuerza de trabajo en un 60 por ciento. Hoy tiene adeudos superiores a los 600 000 pesos.

Los aportadores de tierra, aclara, fueron los abuelos de María del Carmen, no su padre. Y el área entregada les fue pagada entre los años 1981 y 1984.

Precisa que lo regulado al disolverse una CPA, es que las tierras pasen al Estado, y que él determine. En este caso, se prevé que queden adjudicadas a la UBPC España, y otras entidades con mejores rendimientos cañeros. El resto se podrán entregar en usufructo, por el Decreto Ley 259. A María se le explicó que tenía derecho a solicitar tierra, lo que no había hecho cuando Ángel respondiera.

Apunta Ángel que lo sucedido en esa CPA no fue un hecho aislado, a pesar de los esfuerzos del país. Y todo el deterioro fue analizado democráticamente en asamblea con los 36 cooperativistas que quedaron, los cuales concordaron en disolverla. Por cambio de directiva no faltó, pues, luego del padre de María del Carmen, se sucedieron siete presidentes en nueve años. Y en cuanto al objeto social, no estuvo previsto nunca su cambio, dice, pues esa CPA siguió siendo cañera y sus plantaciones se anexaron a la Empresa Azucarera Mario Muñoz.

Concluye aclarando que el Reglamento General de la Ley de Cooperativas establece que «una vez incorporada la tierra a la cooperativa, esta no podrá ser ocupada ni reintegrada a su antiguo propietario». Hoy, las personas que deseen trabajar la tierra tienen la vía de la solicitud por el Decreto Ley 259. Todo ello fue analizado con la demandante, concluyó.