Acuse de recibo
Desde Cayo Espino, en Manzanillo, provincia de Granma, me escribe bastante abatida Inés Ramayo L. de Guevara, trabajadora del vivero de Jibacoa, perteneciente a la Empresa Forestal Integral Manzanillo.
Denuncia Inés que tanto ella como otras siete obreras de esa empresa que residen en Cayo Espino, deben trasladarse diariamente cuatro kilómetros de la casa al trabajo, y no tienen transporte, pero tampoco se hace una gestión para venderles bicicletas.
No concibe la obrera que, laborando directamente en el campo, estén tan mal atendidas por la empresa en aspectos vitales como la alimentación y los instrumentos de trabajo. Para colmo, frecuentemente se alarga la fecha de cobro del salario, más allá del día fijo que tienen para ello.
Refiere Inés que ya están cansadas de plantear sus quejas en la unidad, la empresa y el Sindicato municipal, «y nadie nos pone atención; solo es exigencia de cumplimiento de la jornada».
Algo similar sufren los custodios o agentes de seguridad interna en COMAVE, una empresa de la agricultura en Artemisa, provincia de La Habana; lo atestigua en su carta Atilano Valdés Pino, uno de esos trabajadores, que reside en calle 31 número 2715, entre 27 y 29, La Matilde, en la propia Artemisa.
Refiere Atilano que, aunque en esa entidad hay preocupación por los trabajadores, la realidad de los custodios es bien diferente: sin medios para trabajar, fundamentalmente uniformes y chapillas que los identifiquen; sin botas, linternas ni capas para protegerse de la lluvia.
Tampoco les proporcionan gomas de bicicletas para transportarse, por lo cual pasan mucho trabajo recorriendo kilómetros para trasladarse de su casa al trabajo.
Argumenta el agente de seguridad la trascendencia de su trabajo: protegen recursos del Estado, y han contribuido a disminuir los robos y otros actos delictivos. Sin embargo, no tienen la atención de otros cuerpos de seguridad como SEPSA, DELTHA, que están mucho más estimulados.
«No somos marcianos», protesta Atilano.
La tercera misiva la envía Juan Gualberto López Álvarez, residente en calle 14 número 2, altos, entre Tercera y Séptima, reparto El Llano, en Holguín; y trabajador de la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales Celia Sánchez Manduley, de esa ciudad.
Juan Gualberto tiene 53 años, y en la medida que se acerca a la edad de jubilación le preocupa cada vez más un vacío que ahora aparece en su trayectoria laboral.
En 1968-1969, él pasó un curso emergente de maestros primarios populares en Dos Palmas, actual provincia de Santiago de Cuba. Se graduó en 1975, pero permaneció laborando como profesor desde 1970 hasta 1982.
Sin embargo, hoy no aparece en ningún documento que haya ejercido la profesión durante esos 12 años, aunque en los archivos de Educación provincial aparecen tomo y folio de sus graduaciones de estudios pedagógicos mientras ejercía la profesión.
Hace 20 años que Juan Gualberto está luchando infructuosamente porque le reconozcan ese tiempo laborado en diferentes entidades de Educación y Trabajo en municipio y provincia. Y nada. Es su esfuerzo y su tiempo entregados, nadie se los regaló. No es justo.
Tengo otras cartas con asuntos que no he podido reseñar, por distintas razones inherentes a sus autores.
En el caso de la misiva de Yaosley Cuéllar Acosta, de la escogida R-15-F en El Condado, Hoyo de Manicaragua, en el municipio villaclareño de Manicaragua, la letra es prácticamente ininteligible, impedimento serio para ser claros y precisos. Si mejora la caligrafía en una segunda misiva, algo podremos hacer.
Hay dos cartas de colectivos que no revelan identificación de nadie en particular como remitente, con su dirección correspondiente: una de la fábrica de cartón y cartulina Jesús Capote, de Santa Cruz del Norte; y la otra de vecinos de la cuartería de calle 15, en el central España republicana, de la provincia de Matanzas.
Es una norma de la sección que las cartas vengan identificadas, para evitar que, como nos ha sucedido en otras ocasiones, a la hora del esclarecimiento nadie se responsabilice con lo que se escribió. Gracias.
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