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SANTA CLARA, Villa Clara.— Para afianzar el cumplimiento de los precios topados en los mercados de oferta y demanda, puntos de venta y carretilleros se han realizado más de mil operativos en esta provincia, desde la entrada en vigor de la medida el pasado mes.
Como resultado se retiraron 23 licencias, hubo siete decomisos y se impusieron 896 multas, en un trabajo conjunto de la policía, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el Grupo Estatal de Comercio y la Dirección de Inspección y Supervisión Integral.
Del total de las inspecciones, poco más de 800 se ejecutaron en el municipio de Santa Clara, donde radican la mayor cantidad de mercados de oferta y demanda, como parte de una acción sistemática para hacer cumplir la regulación, muy bien acogida por los consumidores ante los abusivos precios que fijaron los particulares tras los fenómenos atmosféricos.
Entre las causas de las confiscaciones, amparadas en el Decreto-Ley 315 de 2013, como resultado de violaciones graves en el trabajo por cuenta propia, se encuentran el ejercicio de una actividad de venta o prestar servicios desautorizados por la legislación para el trabajo no estatal, carecer de licencia sanitaria y vender productos o utilizar para su elaboración materias primas de procedencia ilícita.
En cuanto a la suspensión del permiso para comercializar se les aplicó a reincidentes en graves violaciones de las normas, como el engaño al consumidor al cobrarle más de lo establecido o entregarle menos, incumplir normas técnicas en la elaboración de productos e incumplimientos de las medidas higiénico-sanitarias, reveló Reinaldo Oms Pairol, director de la Dirección de Inspección y Supervisión Integral en la provincia.
Lo detectado para proteger al consumidor confirma la necesidad de mantener la presión sobre los vendedores para garantizar que se respete lo legislado.
