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Al presentar el proyecto Ley de Procedimiento Administrativo —que luego fuera aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, subrayó su relevancia para mejorar la gestión pública en Cuba, mediante la corrección de prácticas negativas como el incumplimiento de plazos y la exigencia de documentación innecesaria, además de facilitar la participación ciudadana y al acceso a los expedientes administrativos.
La normativa complementa la Constitución de la República de Cuba y forma parte de una profunda reforma procesal y judicial, posicionando a nuestro país en la vanguardia mundial en procedimientos administrativos, detalló el Ministro, quien señaló que la ley disminuirá los riesgos de litigios judiciales y contribuirá a eliminar el burocratismo en la tramitación administrativa. «Estamos en presencia de una ley esencial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas», afirmó.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presentó destacó de esta norma jurídica su importancia para unificar los procedimientos en la administración pública y alcanzar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión gubernamental.
Atestiguó que se busca «eliminar procederes que entorpecen la vida económica y social, mejorar lo que resulte necesario y establecer un procedimiento en la gestión de la administración pública más transparente y accesible».
Además, detalló que la Administración Pública es la encargada de «poner en contacto directo a la ciudadanía con el Gobierno de la Nación, mediante la figura de servidores públicos, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata». Y calificó la norma de esencial para «combatir el burocratismo, deviene en eficaz mecanismo contra la corrupción, indispensable en la construcción de una sociedad más justa. Equitativa y de bienestar».
La diputada por La Habana Oricell Richards Fernández miembro de la Comisión Redactora, mencionó que la disposición normativa «responde a un mandato constitucional» y es esencial tanto desde el punto de vista jurídico, como para la protección al derecho de las personas.
Por su parte, Andry Matías destacó la extensión de la ley debido a su naturaleza cotidiana, ya que establece un dialogo diario con la ciudadanía y la gestión pública, un dialogo que hasta el momento ha sido disperso y muchas veces, extorsionado por prácticas institucionales.
«Responde a la necesidad de ordenar nuestra burocracia como forma de gestión», añadió. Además, dijo que «pone en claro los deberes y derechos tanto de las personas como de los funcionarios, y de su objetivo, ataja comportamientos innecesarios y fortalece la moralidad de los funcionarios públicos», insistiendo en la importancia de la decencia en la actuación en el sector.
La diputada habanera Karla Santana Rodríguez remarcó que la ley «favorece un marco de medidas que logra garantizar la buena administración». Reconoció que la norma jurídica es «superior en modelo y relevancia porque empodera al pueblo, permitiendo su actuar ante las irregularidades administrativas».
Mientras, el diputado Yordanis Andarcio Álvarez destacó la importancia de esta legislación para el ordenamiento jurídico cubano. En su intervención, subrayó que introduce principios jurídicos de «seguridad jurídica» y que su principal objetivo es «aplicarla con eficiencia y hacerla cumplir como establecen nuestros preceptos constitucionales».
La capitalina diputada Daisy Bárbara López Sao destacó que la norma contribuirá a eliminar trabas en las prácticas de tramitación administrativa. Recalcó, igualmente, el imperativo de una adecuada capacitación de los operadores de la norma y un proceso de comunicación social en aras de que la ciudadanía pueda ejercer los derechos y garantías que en la Constitución se refrendan.
En síntesis, esta Ley busca mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la relación entre la administración y los ciudadanos cubanos. Garantiza que los procedimientos administrativos sean más ágiles, transparentes y estén en línea con los derechos de la población.
