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La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental de Cuba renovó su demanda de incrementar el enfrentamiento a los delitos e ilegalidades contra los recursos forestales, la flora y la fauna silvestre y otros, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.
Jorge Álvarez Álvarez, director general de la institución, reiteró denuncias en ese sentido, esta vez al intervenir en la reciente asamblea anual para la evaluación de los resultados de la gestión en 2022 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Argumentó sobre lo imprescindible de aumentar la percepción de riesgo del dañino impacto que implican tales acciones depredadoras florísticas y faunísticas, a lo que se unen las transgresiones contra los recursos naturales, como los minerales, forestales y el agua.
Informó que el año pasado hubo 91 inspecciones ambientales estatales, de las cuales 50 tuvieron un carácter integral al contar con la participación de otros organismos reguladores.
En el caso de las violaciones de la legislación ambiental, en especial la relacionada con la flora y fauna silvestre, dijo que se aplicaron 44 contravenciones, incluidas 24 multas; decomisaron 4 524 especímenes; 765 metros cúbicos de madera; 29,4 toneladas de peces y 14,1 de crustáceos.
Respecto al control de entidades que poseen desechos peligrosos, señaló que por sus violaciones impusieron 122 sanciones administrativas, que contemplaron 96 multas.
En marzo de 2020 la dirección del país aprobó el Plan gubernamental para la prevención y enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los recursos forestales, la flora y fauna silvestre y otros recursos naturales. La iniciativa es coordinada por el Ministerio del Interior y se concibió como una plataforma para articular la prevención y la lucha institucional por todos los organismos de la Administración Central del Estado involucrados.
Desde entonces, se han incrementado las sanciones que se aplican ante semejantes hechos, sobre todo con la reciente legislación de bienestar animal, que también se ocupa de las especies de especial significación e incrementó las cuantías de las multas por aplicar.
Sin embargo, las acciones son aún insuficientes y se coordina con los gobiernos y autoridades locales para actuar de manera integrada y específica, de acuerdo con las características de cada territorio.
