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Fondo buitre CRF I Limited Autor: Adán Iglesias Publicado: 06/04/2023 | 12:01 am
«Aseguramos que nuestro país ha obtenido una victoria, porque lo que se pretendía era tener una sentencia contra la República de Cuba, para obligarla a negociar o impedir con ella el acceso a los flujos financieros internacionales», expresó en rueda de prensa Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, quien explicó que nuestro país ganó el pleito al dictarse el veredicto que establece que el fondo buitre CRF I Limited no es acreedor del Estado cubano.
«Además una sentencia contra la nación tiene fuerza ejecutiva y podían hacerse acciones contra patrimonios cubanos. Ese objetivo se enmarca también dentro de la política agresiva de los enemigos de la Revolución, pero no tuvieron éxito, porque nosotros durante estos tres años hemos defendido la verdad y la razón, y con ellas seguiremos en este proceso judicial».
Silvera Martínez recordó que el dictamen fue dado a conocer en audiencia desarrollada en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, presidida por la jueza Sara Cockerill, quien notificó a los abogados de las partes la sentencia correspondiente a la demanda interpuesta por CRF contra la República de Cuba y el Banco Nacional de Cuba.
«Mucho se ha tergiversado, engañado y ofendido. Recuerden los actos desagradables que ocurrieron en Londres, de ofensas a la delegación cubana, y siempre decíamos: “Lo hacen porque no tienen la razón”. Se unieron a ese combate contra la nación porque quieren dañar la acción soberana del país en el orden económico y financiero.
«Ratificamos esa victoria. Hemos cumplido con el deber de representar al país, al banco, y hemos logrado probar adecuadamente, a criterio del proceso inglés y a la jueza de esa nación, esos requerimientos.
«Agradezco al equipo de trabajo del país, a los abogados ingleses y españoles lo que se ha hecho y lo que seguiremos haciendo, porque esta es una etapa. Nosotros vamos a acudir al recurso de apelación en relación con lo decidido contra el Banco Nacional de Cuba, el cual debemos presentar a la jueza antes del 19 de mayo», precisó.
—¿Qué tiempo puede pasar para llegar a la conclusión de todo el proceso?
—A diferencia de las leyes procesales de Cuba, en las que están determinadas todos los términos, en Inglaterra no es así, son a consideración de la jueza. Somos optimistas porque hemos obtenido una victoria para la cual teníamos argumentos, y tenemos argumentos para continuar y obtener una nueva, que es la exclusión del Banco Nacional de Cuba.
El Ministro explicó qué demandas de exigencias puede haber, es un proceso lógico en el tráfico jurídico de un país, pero actuaciones dirigidas al cuello de la institución bancaria, o al Estado, no son usuales.
«Hay negociaciones, tratamientos, en el mundo hay una operatoria con respecto a las deudas en el escenario de los acreedores. No es un funcionamiento normal el que está sucediendo.
«No nos alegramos de tener un proceso judicial, pero hemos cumplido nuestras obligaciones, tenemos que ratificar cuáles son las características de las instituciones del país. En Cuba esos créditos no van al bolsillo de nadie, están destinados a la nación, y eso lo saben nuestros acreedores.
«Aquí la mayor dificultad en temas crediticios es el bloqueo, y ahora se suman estas acciones, habría que ver hasta dónde son parte de esa misma política y eso la vida lo dirá. Es un escenario de conflicto, de litigio, que es costoso para nosotros, pero también para los demandantes. Ellos tienen que enfrentar la verdad, algo que es difícil».
—¿Hubo un proceso judicial en Cuba contra los funcionarios del banco que propiciaron esta situación?
—Hay cuatro personas que fueron sancionadas. La esencia no es caer en la individualidad, pero uno de ellos tuvo una actuación intencionada, los otros no. No fueron actos realizados con el propósito de dañar al país, aunque se incumplieron obligaciones, lo cual cae en la esfera que muchos penalistas llaman delitos funcionariales. Y cuando el incumplimiento de esos deberes trasciende y tiene consecuencias graves entonces alcanza relevancia jurídico-penal.
«Un segundo elemento es que esos procesos jurídico-penales fueron exhaustivamente tramitados, fueron investigados en nuestro país en su momento y se cumplieron las exigencias del debido proceso. Estas personas que cometieron esos errores fueron sancionadas en las variables que decidió el tribunal. Todos fueron muy conscientes y responsables de las faltas que habían cometido.
«Toda la documentación referida a ese proceso fue entregada en Londres, y la mayoría de ellos declararon como testigos y expusieron con transparencia lo sucedido, lo cual da una perspectiva de mucho valor, porque fueron los protagonistas y aportaron mucho para esclarecer, decir y defender la verdad.
«Ellos declararon desde La Habana, porque es difícil mover a tantas personas, pero fueron aceptadas en el tribunal, y la jueza, en sus valoraciones expuestas en la sentencia, de 94 cuartillas, aludió a esas pruebas.
«Aquí no se inventó nada. Se supo que había irregularidad y se investigó por las instituciones bancarias, porque había documentos con fallas, y se fue conociendo de forma íntegra la verdad de lo acontecido. Y se sabía que eran graves las consecuencias y las estamos viviendo. Tuvimos que defender la República y seguiremos defendiendo al Banco».
—¿Qué impacto puede tener este proceso judicial para otros acreedores de nuestro país?
—Creo que el impacto de este asunto es positivo, porque el mayor mensaje que damos es que defendemos la verdad, e insistimos en que somos serios, transparentes, que el dinero que el país solicita lo utiliza para lo que dijo necesitarlo. Ese resguardo de la verdad nos lleva a que, cuando nos tratan de engañar, nosotros sabemos defendernos y es una manera también de salvaguardar a nuestros acreedores.
«Cuba y sus instituciones bancarias, como cualquier Estado, solicita préstamos. Acude a las instituciones diseñadas para ello. Por culpa del bloqueo nuestro país no puede acceder a los grandes espacios crediticios internacionales; por lo tanto, esa capacidad de préstamos la tenemos que buscar en diversas instituciones a las que podemos llegar.
«Que el pago de nuestras deudas lo hacemos en condiciones complejas, sí, y eso lo sabe y lo asume la inmensa mayoría de nuestros acreedores. Este proceso deja una enseñanza de cómo se conduce Cuba cuando sus acreedores son serios, válidos, correctos y cómo actúa contra los que no lo son».
Raíz de la demanda
Durante las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo Cuba tomó préstamos de Estados soberanos y prestamistas comerciales. En aquel momento, el Banco Nacional de Cuba era el Banco Central y, en el ejercicio de sus funciones, suscribió en 1984 los dos instrumentos financieros de deuda pública que son objeto de la demanda.
En ambos casos, el Banco Nacional de Cuba intervino como prestatario, mientras que los prestamistas fueron, en un caso, el Credit Lyonnais Bank Nederland NV y, en el otro, el Instituto Bancario Italiano. Ambos instrumentos financieros se ajustaron a la ley cubana y a las normas internacionales para ese tipo de negocios.
En ellos se acordó, entre otros aspectos, que si los prestamistas pretendían ceder sus derechos como acreedores de estas deudas públicas debían comunicarlo al Banco Nacional de Cuba y a nuestro país, y obtener su consentimiento. Sin esa aprobación dicha cesión no tiene validez jurídica. Por ello el demandante CRF no es el acreedor original de estos instrumentos, y nunca ha sido acreedor, ni del Banco ni de Cuba.
CRF es un fondo buitre constituido en Islas Caimán, un paraíso fiscal. Los fondos buitres se dedican a comprar a bajo costo la deuda de un determinado país a través de cualquier mecanismo, incluso mediante actos ilegales.
