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Foot cover de Noticia Autor: Juventud Rebelde Publicado: 11/12/2022 | 09:42 pm
Desde el pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, un paso más en el camino a fortalecer el derecho a una alimentación sana y adecuada de la población en Cuba, reconocido por los artículos 77 y 78 de la Constitución de la República.
La norma instrumentaliza jurídicamente el Plan Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, primero de su tipo en la historia nacional aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2020, y fue resultado de un amplio proceso participativo en el que intervinieron diversos actores vinculados con la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, gobiernos, entidades de la Administración Central del Estado y la sociedad civil.
La Oficina de la FAO en Cuba, a través del proyecto de colaboración Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba (POSAS), y el programa Impacto, Resiliencia y Transformación para la Seguridad Alimentaria Sostenible" (FIRST), ambos financiados por la Unión Europea, ha brindado asistencia técnica a su proceso de construcción e implementación, como un impulso a la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes e inclusivos, y contribuyan a la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.
Cuba ha implementado un amplio número de políticas que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de la población, pero el país dedica alrededor de 2 mil millones de dólares anuales a la importación de alimentos; sufre el impacto de una degradación progresiva de sus recursos naturales para la producción alimentaria (suelo, agua y biodiversidad), y enfrenta dificultades en el contexto actual para la producción, transformación y conservación de alimentos.
Por ello se enfoca en cuatro grandes desafíos: disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos, eliminar las pérdidas y desperdicios, organizar los sistemas alimentarios locales, y movilizar los sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación, para fortalecer la educación alimentaria y nutricional. Acompaña a estos retos una mirada a los enfoques de género y generacional, en respuesta a fenómenos como la escasa atracción de la agricultura para la juventud y la existencia de brechas que limitan la incorporación de las mujeres al campo.
Tres temas centrales de la agenda del Plan SAN han sido posicionados por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el país: la necesidad de promover la intersectorialidad como condición esencial para lograr soberanía alimentaria y la educación nutricional; de poner el conocimiento y la ciencia al servicio de la producción de alimentos; así como la importancia de fortalecer la estrategia de desarrollo territorial, descentralizando y dando mayor autonomía a los municipios, como eslabón indispensable para el avance de la nación.
La Ley SSAN permitirá regular la organización de los sistemas alimentarios locales que articulan la producción, transformación, comercialización y el consumo de alimentos, así como cuestiones generales sobre la garantía de la calidad e inocuidad en las cadenas alimentarias. Asimismo, establecerá las estrategias y medidas para la prevención y disminución de las pérdidas y desperdicios en las etapas de cosecha, post-cosecha y comercialización y pautará las obligaciones de actores de los sistemas alimentarios en la comercialización y transformación de alimentos.
La política de Desarrollo Territorial aprobada, su Decreto Ley 33 y la Ley SSAN (artículo 20) constituyen ahora los instrumentos que disponen los gobiernos para impulsar el desarrollo local sostenible, y en particular el desarrollo de Sistemas Alimentarios Locales, inclusivos y equitativos, en línea con la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la descentralización en el marco constitucional.
Es la hora y el turno del municipio, del desarrollo local y hacer realidad en cada territorio sistemas alimentarios sostenibles necesita de un cambio de visión de todos los actores que intervienen en dicho proceso, bajo la conducción de los gobiernos locales y la participación ciudadana, con énfasis en la juventud y las mujeres.
El gran desafío ahora es apoyar a los intendentes con herramientas y recursos a formular sus planes de acción para sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles y lograr los recursos financieros para implementarlos.
En momentos complejos como los que atraviesa la isla debido a la pandemia de COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el cambio climático, la implementación de esta Ley es una evidencia de la voluntad política del país de seguir desarrollando su sector agroalimentario de forma sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de las cubanas y cubanos.
*Marcelo Resende es Representante de la FAO en Cuba
