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Para Hart, siempre al lado de Fidel, el sistema jurídico cubano es la expresión del poder democrático del pueblo. Autor: Roberto Salas Publicado: 26/11/2022 | 10:54 pm
América Latina Latina y el Caribe tienen como símbolos más altos a Simón Bolívar, José Martí y una legión de próceres y pensadores que representan su conciencia histórica de un valor cultural y específicamente ético que serán de enorme importancia en el mundo a lo largo de este siglo XXI. Ellos nacen de una historia cargada de grandes acontecimientos que podemos sintetizar en la idea bolivariana de que somos «un pequeño género humano».
La idea del Derecho y la juridicidad, y su importancia en la evolución política y social de Cuba, e incluso en la proyección exterior de nuestro país, se ha expresado con valores universales trascendentales y de formas que muestran la riqueza jurídica y ética de la cultura nacional cubana.
Dicho esto, recordemos que los recientes acontecimientos ocurridos en diferentes lugares del mundo han puesto de manifiesto dramáticamente la enorme importancia de la juridicidad en la vida política de las naciones. Históricamente, han sido siempre la contrarrevolución y las clases reaccionarias en América Latina las que se han colocado al margen de la legalidad y, sin embargo, han pretendido presentarse, cínicamente, con las banderas del Derecho. De ahí la importancia de asumir en este continente la defensa de una tradición jurídica que consagre los derechos del pueblo y de sus instituciones.
Una tradición larga y rica
Cuba tiene una larga tradición y rica experiencia histórica sobre el tema del Estado y el Derecho. Esta debe ser conocida, en primer lugar, por parte de todos los trabajadores jurídicos de nuestro país, los estudiantes, profesores e investigadores de estas disciplinas claves para esclarecer caminos políticos en tiempos como los actuales.
La primera Constitución cubana expresó, desde entonces, los niveles más altos de la cultura jurídica, política y social de la nación emergente. En su contenido se revelaron las más altas escalas de la llamada cultura occidental. La República en Armas encarnó los intereses de la nación que venían de La Demajagua y de Yara; se estableció, a solo seis meses del levantamiento armado, un Estado cubano de Derecho. Ese es el verdadero día de la República de Cuba.
Desde aquellos tiempos, el tema del Derecho ha sido un componente fundamental de las luchas políticas y revolucionarias cubanas orientadas desde el principio a garantizar la independencia nacional y la defensa de los intereses de los pobres y explotados. Los decretos de abolición de la esclavitud constituyeron el eslabón inicial de una cadena de ideas jurídicas encaminadas hacia la justicia en su acepción cabal, es decir, universal, y fundamentada en sólidos principios morales. Asimismo, en nuestra tradición jurídica ha estado presente la necesidad de la unidad del país frente a sus poderosos enemigos.
En esa primera Constitución quedó consagrada la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley y la liberación de los esclavos. En aquella república, a medida que fue radicalizándose la lucha, se consolidó el nexo indestructible entre la independencia nacional y la liberación social.
Al convocar al reinicio de la guerra, en 1895, después de la tregua fecunda (1878-1895), el Apóstol y el Generalísimo Máximo Gómez señalaron en el Manifiesto de Montecristi que esta era la continuación de la gesta iniciada en 1868. En las memorables conversaciones entre Martí, Gómez y Maceo en La Mejorana, se llegó a acuerdos prácticos que tras la muerte del Apóstol se expresaron en las constituciones de Jimaguayú y La Yaya, dándole expresión y continuidad jurídica a la lucha por la independencia. Ello presuponía al Partido Revolucionario Cubano, organización política que era el alma de la Revolución, y un Gobierno democrático al que se subordinaba el Ejército Libertador.
Radicalidad del proceso revolucionario
El siglo XX comenzó en Cuba en medio de la intervención norteamericana, la Constitución de 1901 y la Enmienda Platt; la frustración del ideal martiano que aquellos sucesos significaron y el surgimiento de una conciencia nacional que rechazaba la tutela imperialista. Estas circunstancias generaron en el país un combate revolucionario que culminaría con la lucha contra la tiranía machadista en la tercera y cuarta décadas del siglo. En la línea primera de ese proceso estuvo lo mejor de la intelectualidad cubana junto a las clases populares.
No obstante las profundas debilidades derivadas del sistema social dominante, la Carta Magna de 1940 promulgada posteriormente fue una de las más progresistas de su época en América Latina. Entre las naciones del llamado Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado y sería necesario promover entre los estudiosos de las ciencias jurídicas investigaciones de Derecho comparado de dicha Constitución con otros textos de la época. Desde luego, sus medidas más avanzadas nunca se cumplieron, porque los Gobiernos corrompidos y entreguistas que le sucedieron así lo impedían.
A pesar de estas circunstancias, en la lucha contra la tiranía batistiana influyó, de manera importante, la defensa de la Constitución de la República, la que teníamos como bandera. Ello tuvo su fundamento en la tradición jurídica descrita, y se ejemplificó de manera muy evidente en dos momentos del período neocolonial (1902-1959). Hubo, en ese tiempo, dos Gobiernos que de manera clara y descarnada violentaron la Constitución vigente e instauraron una tiranía: los de Gerardo Machado (1926-1933), con la prórroga de poderes, y el de Fulgencio Batista (1952-1959), con su tristemente célebre golpe de Estado. Ambos generaron los procesos revolucionarios más radicales que tuvieron como punto de partida la lucha contra el quebrantamiento de la ley. El rechazo popular a la ilegitimidad de Gobiernos tiránicos está, como puede comprobarse, en la médula de la cultura jurídica y política cubana.
Así comenzó la lucha contra la tiranía. Luego la Revolución rebasó con creces el marco de la Constitución cercenada.
El proceso soberano en manos del pueblo trabajador
La Constitución socialista, aprobada en 1976 mediante ejemplar y masivo plebiscito popular, recoge la tradición cubana, que ya había rebasado el sistema pluripartidista, puesto que este resultó ineficaz para cohesionar y organizar democráticamente la lucha de nuestro pueblo. Cuando Fulgencio Batista, al servicio del imperio, dio el golpe de Estado contra un Gobierno constitucional en vísperas de elecciones generales en las que iba a triunfar un partido de extracción popular y donde se movían fuerzas de izquierda, se puso de manifiesto la crisis institucional. EI régimen de partidos fue incapaz de evitar el golpe de Estado y mucho menos de organizar la resistencia contra el mismo; no pudo restaurar la legalidad destruida. El sistema de partidos, en su mayoría corrompidos hasta la médula, feneció en el proceso de lucha contra la tiranía aun antes del triunfo de la Revolución.
En Cuba la concepción socialista del Estado superó la vieja fórmula divisionista y las asambleas del pueblo trabajador concentran el poder soberano del Estado en un órgano democrático de dirección estatal al que están subordinadas todas las instituciones de este carácter. El papel dirigente del Partido y su funcionamiento democrático vienen a representar la solución teórica y práctica que ha alcanzado y tiene hoy nuestro pueblo para consolidar y ampliar el socialismo, acorde con nuestras características y tradiciones, nuestra historia y realidades.
El sistema jurídico cubano es la expresión del poder democrático del pueblo. El Derecho y la democracia viven y se desarrollan en el seno de nuestra Revolución, pero deben hacerlo dentro de un marco de orden, disciplina y exigencia. Toda cuestión política, suceso económico o humano tiene vínculos directos o indirectos con el ordenamiento jurídico. Para cualquier debate en el terreno social, económico y político hay que pensar en la ley y en su aplicación. Cuidar y fortalecer el poder revolucionario del pueblo significa que el sistema jurídico institucional funcione con eficacia sobre la base de los principios éticos y políticos de la nación.
Es necesario realizar investigaciones que propicien una práctica jurídica y ética y una política ajustada a nuestras realidades y que conduzcan a la más amplia participación popular en los asuntos del Estado. Es necesario, además, exaltar la mejor tradición jurídica de la humanidad y marchar sobre sus fundamentos a favor de los intereses de los pobres de la Tierra, es decir, renovarla a favor de la justicia.
