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Colaboradores intercambian con un vocal del Consejo Electoral Nacional sobre sus experiencias. Autor: Santiago Jerez Mustelier Publicado: 23/03/2022 | 10:04 pm
Pedro Daniel Barbachán Betancourt ha asistido a más de siete consultas populares del proyecto de Código de las Familias en su municipio del Cerro, en la capital. En las noches en que los pobladores se congregan para opinar sobre la norma, él observa cada detalle cuidadosamente, aguza el oído y escucha con atención, en ocasiones ofrece su criterio.
El joven, que cursa el segundo año en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, es colaborador en el proceso y ya forma parte de un momento trascendental en la historia de lo legislado hasta hoy en materia de familia en Cuba.
«Realizar la consulta popular es vital para que los pobladores que participen salgan esclarecidos, informen al resto de la vecindad y se genere un debate… Este proceso le otorga legitimidad a las legislaciones, permite adecuarlas y enmarcarlas a la realidad y constituye el ejercicio más importante de cualquier disposición normativa», considera.
Tal y como se recoge en la Ley No. 127, Ley Electoral, «los colaboradores son seleccionados por su destacada trayectoria estudiantil o laboral, quienes sin ser autoridades electorales auxilian a estas y a los supervisores en el cumplimiento de lo regulado».
Poco más de 50 futuros juristas han cubierto cerca de 200 consultas populares en La Habana. No se han limitado al rol de observación pasiva, sino que han sostenido intercambios de puntos de vista con la población y han propiciado el diálogo respecto a las cuestiones de mayor interés. Así seguirán hasta el venidero 30 de abril, cuando terminen las reuniones.
La coordinadora Amanda González Hernández, profesora de la Facultad de Derecho, refiere que velan por el cumplimiento de una serie de requisitos y garantías establecidas para el óptimo funcionamiento del proceso; entre estos, la asistencia de la mayoría de los electores de la circunscripción a la reunión, el respeto al criterio de los participantes y que este sea plasmado en acta tal cual fue formulado, así como la presencia del dúo de juristas encargados de dilucidar los aspectos de la normativa.
También les compete detectar incongruencias, actuaciones improcedentes con lo establecido y consignarlo a las autoridades electorales. En el cumplimiento de sus funciones constituye un paso imprescindible la capacitación, que incluye la lectura del proyecto y el conocimiento cabal de las principales instituciones y entramados del ámbito familiar.
Para la colaboradora Cynthia Marell Llorente Escobar, más personas están participando en la medida en que se identifican con los cambios que propone el Código y valoran cómo influirán en sus vidas directamente. Pero señala que todavía hay ciudadanos con desconocimiento porque no han leído el texto o no han podido acceder a este, en algunos casos.
La asistencia es escencial —considera Pedro Barbachán—, quien opina que en los sitios donde la concurrencia no ha sido masiva la consulta popular no tiene la misma calidad. «Es enriquecedora la discusión en la que buena parte de los electores se
encuentran preparados, conocen en profundidad el documento y comparten puntos de vista entre ellos, más allá de las explicaciones del personal jurídico.
«Incluso, es muy necesario que se manifiesten ideas contradictorias, pues ello ayuda a que los aspectos a regular sean lo más eficaces posible. El Derecho es una ciencia práctica y se nutre de la realidad».
Carla María López Izquierdo afirma que la norma revoluciona y tiene un carácter avanzado por lo que la población debe acercarse más al proyecto, sentirse parte de él y no repetir acríticamente las matrices de opiniones que «se mueven» en las redes sociales digitales.
Fungir como colaboradora en el proceso electoral ha sido de gran provecho para Dayli Lisandra Sánchez Vera, quien agradece la experiencia por lo mucho que aporta a su formación profesional, amplía los contenidos recibidos en la asignatura Derecho de Familia, y aumenta su cultura jurídica y la de los cubanos.
Pedro Barbachán cree que la consulta es una de las tantas expresiones de nuestra democracia y que otras leyes deberían pasar por el filtro popular, por la discusión de la gente antes de su aprobación definitiva en los órganos mandatados a tal efecto. «De este modo se configura cada vez más el Estado socialista de derecho y justicia social, y la máxima de que la soberanía reside en el pueblo, como refrenda la Constitución de la República», dice.
