Bogotá-. junio 4.— Provisto de la fuerza que le han dado las movilizaciones populares escenificadas hace algunos días para demandar al Senado la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció que dispondrá por decreto la consulta popular, en la que se someterán a criterio del electorado esa medida y otras de carácter social entrampadas por el Congreso.
Cuando resta un año para concluir su gestión, el paso resulta crucial para un mandatario que apenas ha podido avanzar en el propósito de dotar de mejores condiciones sociales al país, como resultado de la labor de zapa del Congreso.
En cualquier caso, no sería disparatado especular que si la consulta, pese a todo, no avanza, los pasos dados por Petro serán importantes para seguir develando las oligárquicas posiciones de la derecha cuando están cerca las próximas presidenciales, y pese a que todavía no se sabe qué actitud tomarán Petro y su alianza Pacto Histórico ante ellas.
A pesar de que el Jefe de Estado pretende dictar la consulta presumiblemente de 12 preguntas, ese decreto todavía deberá tener el visto bueno de la Corte Constitucional, razón por la cual su implementación sigue siendo insegura.
El Presidente ha advertido en los días recientes sobre la posibilidad legal del decreto, en una obvia advertencia al legislativo que, pese a todo, no ha dado paso a la consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan.
Petro expresó su esperanza de que la Corte Constitucional ayude ahora al ejecutivo a reconstruir el concepto de Estado social de Derecho en Colombia, mediante la búsqueda de la igualdad y el bienestar humanos. El único dueño del poder es el pueblo, y nadie lo puede callar, aseveró.
La víspera, el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que esperarían hasta este miércoles. Si para esta jornada el Senado no daba curso a la medida, antes de siete días el decreto estaría ante la Corte, advirtió.
Ese paso significa un recrudecimiento del pulso del ejecutivo con la derecha, que ya ha tratado de instrumentar distintas tramas «judiciales» para encartar a Petro, en tanto este ha denunciado en los últimos días, además, que se preparan planes contra su integridad física.
Su advertencia de que el decreto hará más fuerte esos planes, ha sido confirmada por él mismo después, al denunciar que se están realizando «varias reuniones para coordinar atentados» en su contra. Petro insistió en que «en la extrema derecha mafiosa, la orden está dada», reportó Telesur.
«Yo inicié con mis propios equipos la investigación» y «denuncié públicamente el atentado, que adjudicamos a la “junta del narcotráfico” con sede en Abu Dhabi», afirmó Petro.
«Sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia», había anunciado antes, en alocución al país.
En las últimas semanas, se ha denunciado la presencia de lanzacohetes hallados cerca del Palacio de Nariño, sede del ejecutivo. Ahora Petro develó la introducción al país de dos misiles SAM 16 tierra-aire que iban a ser usados para asesinarlo durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP16), celebrada en octubre de 2024 en Cali.
«Usé técnicas de clandestinidad y entré a Cali por otros métodos (…) Nunca pudieron ubicar mis movimientos», explicó el Presidente, quien señaló que la llamada «junta del narcotráfico» es «la organización más poderosa de cocaína a escala mundial», integrada «por mafiosos de varias nacionalidades», narró Telesur.
Petro advirtió que este grupo criminal «tiene fuertes relaciones con políticos, la Fiscalía, y entra en la Policía», y le atribuyó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado por sicarios en Colombia, en mayo de 2022.
«Desde que presioné el cambio en la Fiscalía, decidió (sic) mi muerte. La Fiscalía ha encubierto asesinatos de la «junta del narcotráfico» en Colombia», denunció.
