Una profunda reforma judicial y procesal en Cuba

Como un excelente ejercicio legislativo calificó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), las discusiones de este lunes sobre los cuatro proyectos de leyes relativos a la esfera judicial, los cuales se someterán a aprobación durante el 7mo. Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, en su 9na. Legislatura, previsto entre el 27 y 28 próximos.

Ha sido un importante ejercicio participativo, porque no solo se trata de esclarecer dudas o hacer preguntas, sino que se han planteado problemas medulares, algunos que modifican parte de los textos de algunos proyectos, aseveró Lazo Hernández en la intensa jornada, la cual contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Igualmente, el Presidente del Parlamento detalló que la futura Ley de Tribunales de Justicia, la Ley de Proceso Penal, la Ley de Proceso Administrativo y el Código de Procesos, «tienen un trabajo muy amplio y participativo, y muy dedicado y profundo por parte de muchos compañeros de los tribunales, los organismos, las universidades, los diputados y también del pueblo».

Durante el debate de los diputados —en formato semipresencial, debido a la pandemia de la COVID-19, y a través de videoconferencia con los territorios— se recordó que estos proyectos de leyes fueron presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso del ejercicio de la iniciativa legislativa y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de nuestra Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, ratificó el amplio e intenso proceso de consulta que se realizó en el país con numerosas propuestas y ratificó como se ha dicho que estas leyes darán paso a una profunda reforma judicial y procesal en el ámbito de la justicia cubana.

Ley de tribunales de justicia

Al referirse específicamente al Proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, Remigio Ferro explicó que se recibieron 26 criterios de los diputados, con 25 propuestas, de las cuales fueron aceptadas 15 y diez se consideraron improcedentes, mientras que la población hizo llegar 19 propuestas. Resumió que se modificaron 42 artículos y siete de ellos contienen cambios sustanciales.

Además, dijo que las principales modificaciones apuntan a reforzar el principio de actuación colegiada de los tribunales y se definen con mayor claridad los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional (artículos 20 y 21).

Como cuestión de interés que se adicionó en el proceso de consulta, el Presidente del TSP comentó que recientemente como consecuencia de la crítica situación de algunos tribunales, en la dotación de jueces legos, se ha solicitado al Presidente de la ANPP convocar a elecciones parciales de estos en las Asambleas Municipales de 61 territorios del país.

Remigio Ferro señaló que se propuso modificar las disposiciones finales en el sentido de poner en vigor la ley el 1ro. de enero de 2022, a partir del consenso logrado entre el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Apuntó, también, que entre las modificaciones se propuso facultar al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para emitir las disposiciones necesarias, a fin de implementar la ley y garantizar su efectiva aplicación por los tribunales.

Tras la presentación, los diputados e invitados hicieron varias sugerencias y propuestas para lograr una ley más apegada a las necesidades y realidades del país. Remigio Ferro detalló que la Constitución como norma suprema del Estado es aplicable en todos los procesos penales, por tanto, tiene que estar presente como ley primera en todos los casos que llegan a los tribunales.

Sobre la preocupación de la diputada Diana Sedal Llanes, de Santiago de Cuba, sobre el uso de sellos en los tribunales, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, manifestó que la Ley de símbolos aprobada recientemente, establece que el Escudo sea utilizado para avalar los documentos oficiales que emita el Estado.

Entretanto, Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República y diputada por Guantánamo, precisó que la competencia de la Contraloría no es solo el control interno, sino el control de todos recursos del Estado. Mientras, la diputada Martha Mesa Valenciano, por Santiago de Cuba, destacó la importancia de que el pueblo participe en el sistema de justicia mediante la actuación de los jueces legos.

Sobre la participación directa de la ciudadanía, Remigio Ferro acotó que es uno de los signos distintivos del carácter democrático de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene la impronta de nuestro Comandante en Jefe. La aplicación de las leyes tiene en cuenta la racionalidad y la idiosincrasia de cubanas y cubanos

De ahí que no renunciar a la forma democrática de participación de la ciudadanía y los jueces legos, es una manera de control popular de los tribunales y le da transparencia a nuestro sistema judicial de cara a la población, muy diferente a lo que sucede en otros países. «Tenemos que seguir pensando cómo perfeccionamos esa forma de participación», expresó.

En cuanto a la intervención de Lourdes Caballero Garzón, de Santiago de Cuba, sobre la suspensión de los jueces de su cargo, el Presidente del TSP dijo que esta suspensión es una medida preventiva, un estado provisional que se aplica en las circunstancias que se describe, como el caso de haber investigaciones previas por el Consejo de Gobierno, la existencia de condiciones que le impidan ejercer su función o si se está tramitando su renuncia.

Ley del proceso penal

En un segundo momento, los parlamentarios analizaron el proyecto de Ley del Proceso Penal, elaborada a partir de la necesidad de continuar perfeccionando el sistema de justicia en todos sus ámbitos y estructuras, para consolidar la seguridad jurídica, la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior.

Remigio Ferro explicó que en el análisis previo de esta propuesta se recibieron 69 criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 56, y todas las opiniones fueron conciliadas con sus proponentes. «También llegaron 1 800 propuestas de los organismos del sector jurídico y universidades, entre otros, de las cuales fueron aceptadas el 64 por ciento, así como 34 criterios de la población, de los cuales dieron a lugar cuatro.

«A partir de estas propuestas, dijo, se modifican 221 artículos, 18 de ellos con cambios sustanciales y el resto fueron perfeccionados en su redacción y otros detalles», detalló el Presidente del TSP, quien más adelante reseñó las principales modificaciones que se proponen.

Entre ellas, mencionó, que se amplía para los imputados entre 16 y 18 años de edad el derecho a designar abogado o contar con uno de oficio, así como recibir un tratamiento diferenciado de este segmento de los jóvenes que incurren en actos delictivos.

Además, precisó que se incorpora la definición del defensor (abogado) como sujeto procesal y sus requisitos, así como se excluye la aplicación de criterios de oportunidad por el fiscal, cuando se trata de funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción.

Otro cambio es que se elimina la obligatoriedad de proceder conforme al criterio de la víctima en los casos en que la ley establece, como requisito, que sea escuchada su opinión y se le da a esta la posibilidad de recurrir la decisión o de sostener la acción penal particular.

«También se incorpora dentro de las medidas cautelares la obligación de dar alimentos cuando corresponda a favor de las personas menores de edad u otras en condición de discapacidad y también se modifica la denominación de atestado director por abreviado y se refuerza el derecho a la defensa», puntualizó.

De manera particular, explicó Remigio Ferro que se amplía a 15 días el plazo para la investigación y presentación del expediente al tribunal y se extiende el plazo para la celebración del juicio oral y se establece que, entre la citación y la celebración del juicio deben mediar no menos de cinco días. Igualmente mencionó que se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del Código de las familias.

En la voz de los diputados en el plenario se escucharon más de 40 intervenciones, en su mayoría con términos técnicos en relación con este proyecto de ley, el cual fue calificado como «una propuesta moderna, marcada por las características propias de nuestro sistema judicial», al decir de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.

Igualmente, significó la importante modificación que se propone con respecto a la responsabilidad civil de cara a las víctimas, lo cual acoge mejores prácticas ante dificultades que presentaban normas anteriores al respecto. Además, precisó que será imprescindible una alta sensibilidad para la aplicación de esta norma por todos los operadores judiciales desde que se hace la denuncia, pasando por las decisiones de la fiscalía y los tribunales.

Por su parte, Yusuam Palacios Ortega, diputado por Sagua de Tánamo, Holguín, valoró la modernidad de los proyectos, no solo desde el punto de vista técnico-jurídico, sino en general para la concreción de una mayor justicia y ejercicio de los derechos.

Otro de los temas analizados fue la determinación del plazo de la instrucción del expediente de fase preparatoria. Sobre ello, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, apuntó que el mismo no debe exceder de 90 días a partir de la fecha de la resolución de inicio y solo puede prorrogarse por el Fiscal General, a partir de la complejidad del asunto, respondiendo al sentido de racionalidad y de optimizar los procesos.

Uno de los rasgos distintivos de este proyecto de ley, afirmó Toledo Santander, es que está profundamente permeado de un régimen de garantía al individuo y al ejercicio de sus derechos, al tiempo que se logra un balance armónico entre la protección de los derechos individuales y los de defensa de la sociedad; lo cual se logra, a su juicio, implementando el control judicial de los actos y reforzando el papel de control de la Fiscalía.

Ley del proceso administrativo

Como una herramienta que respalda las garantías de las personas, con un fuerte impacto en el ámbito institucional, calificó Remigio Ferro la Ley del Proceso Administrativo, quien precisó que para esta norma jurídica se recibieron 11 criterios de la población. De estos, nueve propuestas, de las cuales tres se aceptaron y seis resultaron improcedentes.

Al referirse a las principales modificaciones aseguró que se amplían algunos plazos para dotar de mayores garantías a las personas (demanda y contestación) recogidos en los artículos 85 y 87, entre otros. También en el proceso de consulta, expresó, se esclareció que como regla las pruebas se practican de forma concentrada en una sola audiencia.

Con la aprobación de esta ley se establece un cauce procesal adecuado a la naturaleza de los asuntos que se ventilan mediante este proceso. Se garantiza la tutela judicial de las personas frente al funcionamiento administrativo, la defensa del interés público y la garantía de la buena administración pública. También se fortalecen el papel activo del tribunal en los procesos, en la búsqueda de la verdad y la justicia, la participación de las partes, la oralidad y la inmediación.

En los debates, se remarcó la necesidad e interés de esta normativa para la ciudadanía, la cual tendrá mayores posibilidades de defenderse en instituciones judiciales de los actos que la ley considera como violaciones de sus derechos por parte de las entidades de la administración pública.

La diputada Liliana Mengana, por Santiago de Cuba, se refirió a las pretensiones en relación con la protección del medio ambiente y el daño ambiental, sobre lo cual la ministra del Citma, Elba Rosa Pérez Montoya, aclaró que antes de la Tarea Vida, el país contaba con regulaciones sobre las disposiciones ambientales sobre las que se están trabajando, además de que se propone una actualización de la Ley del Medio Ambiente.

En este sentido, la vice primera ministra, Inés María Chapman, agregó que existen programas establecidos para las problemáticas medioambientales, con procedimientos internos de cada organización y que analizan los trabajos a llevar a cabo ante las pretensiones. Y Remigio Ferro recalcó que se está trabajando con este Proyecto en la cultura de legalidad y derecho de los temas medioambientales, un proceso en el que está colaborando de manera constante el Citma.

Código de procesos

En la última parte de la jornada de este lunes los parlamentarios analizaron las propuestas relativas al Código de Procesos. Remigio Ferro manifestó que este proyecto de ley propone, de ser aprobado, remplazar en gran parte a la vigente Ley No. 7 De procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, promulgada el 9 de agosto de 1977.

Al respecto, se recibieron 21 criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 15 propuestas y cinco fueron improcedentes; mientras que, de organismos del sector jurídico, universidades y otros se recibieron 623 criterios, de los que fueron aceptadas 402 propuestas.

Entre las principales modificaciones, están las de 227 artículos, 22 de ellos contienen cambios sustanciales, a partir de las propuestas aceptadas y los restantes fueron perfeccionados en su redacción.

Se determinan los plazos en aquellos artículos que lo dejaban al criterio prudencial del tribunal, salvo tres situaciones en las que no es pertinente. Además, se precisa la intervención del fiscal y del defensor en los asuntos en que se ventilen intereses de personas menores de edad u otras en situaciones de vulnerabilidad, comentó el presidente del TSP.

Resalta, además, que se describen, con mayor coherencia, las combinaciones económicas y personales que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones judiciales, y se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del Código de las familias.

También se propone modificar las disposiciones finales en el sentido de poner en vigor la ley el 1ro. de enero de 2022, a partir del consenso logrado entre el TSP, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Además, facultar al Consejo de Gobierno del TSP para emitir las disposiciones necesarias a fin de implementar la ley y garantizar su efectiva aplicación por los tribunales.

En los debates los diputados no solo esclarecieron dudas, sino también plantearon cuestiones medulares para enriquecer las normas jurídicas. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez.

Desde cada una de sus provincias los diputados estudiaron las leyes propuestas e hicieron importantes sugerencias. Foto: Miguel Rubiera Jústiz/ACN

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