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Respetar la tarifa máxima de los productos agrícolas es un reclamo constante de los cienfuegueros. Autor: Laura Brunet Portela Publicado: 13/01/2020 | 09:32 pm
CIENFUEGOS.— «Tuve suerte esta vez», comenta una cienfueguera procedente de la feria agropecuaria sabatina, mientras abre con gusto la bolsa llena de cebollas. No solo ella se siente dichosa de que la buenaventura la haya puesto en el lugar exacto, en el momento preciso en que llegaba una inspección; también lo agradecen quienes engrosan la cola en el puesto de las costosas hortalizas.
Como casi siempre, hubo reajustes en la pizarra, supuestos remordimientos por infringir lo establecido, una multa, y el arreglo «temporal» a lo normado por el Gobierno en cuanto a las tarifas y la balanza.
La violación de los precios topados para los productos agropecuarios es de las que más duele al pueblo, porque apuñala el bolsillo y la alimentación balanceada, y atenta hasta contra la estabilidad emocional de quien a diario batalla porque se respeten sus derechos.
Pero no solo a la oferta agropecuaria se le ha puesto coto, también han normado el costo de la transportación particular intermunicipal e interprovincial, la comercialización de bebidas y refrescos —o mejor dicho, la reventa—, además de otros servicios como la barbería; y en todos ellos siguen las flagrantes vejaciones contra los cienfuegueros y cualquier otro que ponga pie al centro-sur de Cuba.
Alexander Corona Quintero, vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, señaló que «las personas todavía se quejan de las violaciones de los precios aprobados por el Gobierno, que se implementaron en un momento y que hoy se han enfriado».
La doble cara de las pizarras
En todas las provincias donde se ha establecido límite máximo para varios productos y servicios, los medios de comunicación han gritado a voces, y reiteradamente, las tarifas oficiales, con énfasis en el derecho y deber ciudadano de exigirlas y denunciar su quebrantamiento.
Pero todavía son pocos los que han echado mano, como libro de bolsillo, de los listados de precios que por ley deben estar expuestos, pero que escasas veces aparecen. Así, a muchos les sucede como a René Sarría González, que conoce algunos, y a sabiendas permite que lo flagelen. «Estoy consciente de que la malanga es más barata, pero la pago a diez pesos la libra por necesidad y siempre a la misma persona. Si me fajo con él, quién me la va a vender».
Prácticamente ninguna de las llamadas que recibe Paulino Pablo Díaz Santillán, al frente de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC), se refiere a fallos en cuanto a precios o gramaje. Así mismo sucede con el Observatorio de Precios, cuyos canales de denuncia en los municipios son poco empleados por la población.
La todavía insuficiente implicación popular en la denuncia es también, en parte, responsable de que términos como «ilegal permanente y reiterado» perduren en el léxico habitual de los inspectores de diferentes organismos.
Persiste la rancia costumbre del lado oscuro de la pizarra, uno para los inspectores y otro para el pueblo. «Hay tal agresividad en estos trabajadores que ya se creen con el derecho de mantener el desacato a la ley», declaró Díaz Santillán.
Tal vez por la dolorosa experiencia con los carretilleros como mediadores en la cadena de comercialización, no serán otorgadas nuevas licencias. Constituye la más radical de las medidas tras apercibir, en repetidas ocasiones, a estos y otros infractores sobre la obligación de cumplir con lo dispuesto por el Consejo de la Administración Provincial (CAP).
«Para nosotros advertir ya debe estar extinguido, porque han transcurrido muchos procesos en lo mismo. Soy del criterio de que la exigencia del cumplimiento de la legalidad socialista aprobada por nuestro pueblo, tiene que ser los 365 días del año, las 24 horas del día», manifestó Díaz Santillán.
Si bien el caso de los carretilleros sigue en el primer lugar, «para nada las acciones de control que hagamos van a ir dirigidas en lo específico a ningún sector, sino a restablecer la legalidad, a que se cumpla lo aprobado por el CAP», aclaró Félix Duartes Ortega, primer secretario del Partido en la provincia.
Modalidades y atrevidos para transgredir la ley hay en todos los sectores. Así lo han demostrado los constantes operativos del grupo de enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades que rectorea el CAP. Entre los organismos estatales han sido señalados Comercio y Gastronomía, la Empresa Provincial de Alojamiento, Gastronomía y Recreación, la Empresa Provincial de Campismo, Palmares y la Cadena de Tiendas Caribe.
«Se registran fuertes problemas con las normas de higiene e inocuidad de los alimentos, tales como neveras con comestibles desprotegidos, manipulación de alimentos con accesorios indebidos, desechos en áreas de elaboración, utensilios encostrados, tablillas de precios desactualizadas y dificultades con el gramaje y el peso», resumió Fara Iglesias González, vicepresidenta del CAP.
La DISC ha detectado ocultamiento de mercancías, el «concubinato» con revendedores, la oferta de productos caducados y constantes alteraciones de precios; incluso se han detectado complejos y provechosos engranajes, desde dentro y fuera de los establecimientos, para proponer —por no pocos cientos de pesos— los turnos de las colas de productos de alta demanda como el cemento, enseres de ferretería, la carne de cerdo, el gas licuado, y hasta los trámites de Vivienda y el Instituto de Planificación Física.
Hay cierta apatía en algunos cienfuegueros como Liuba Díaz Pérez, quien declaró que las políticas de precios topados «empezaron muy bien, pero ya no se acatan. Siguen vendiendo a los mismos precios altos de siempre y no veo que haya ningún control al respecto».
Sin embargo, otros se sienten parte importante de ese sistema de control sobre los violadores y no cejan en el reclamo por el respeto de lo establecido por el Estado cubano para favorecer la calidad de vida de su gente.
Crece el enfrentamiento, pero…
Datos y cifras de la labor de enfrentamiento en 2019 ratifican que desde las autoridades y los organismos impositores hay una lucha seria frente a la corrupción y las ilegalidades. El año pasado creció la imposición de multas, aunque la plantilla de la DISC dispone solo del 40 por ciento de sus trabajadores.
El retiro de licencias, los decomisos y otras rigurosas medidas sobresalieron como la «tapa al pomo» de los que pretenden escurrirse impunes ante la autoridad. Según informó la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), decomisaron tres camiones provenientes de Jagüey Grande, en Matanzas, cargados de col y piña de dudosa procedencia.
Además, por parte de la PNR fueron procesados más de 700 ciudadanos por incurrir en ilegalidades, cerca de 1 260 revendedores rindieron cuentas a la ley por actividad económica ilícita, acaparamiento y apropiación indebida, y más de una veintena de casas-almacén fueron desarticuladas.
Aunque a diario la imposición suma rayas a su favor, por cada una, en cualquier rincón de la provincia aparece otro indolente. Derretir el invierno de las políticas de precios no puede quedar solo en manos de las autoridades; hace falta el calor del pueblo con la denuncia oportuna para arrancar de raíz a quienes pretenden «vivir del invento».
