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Creado hace alrededor de 4 años, el Grupo de Información e Inspección Estatal del Instituto de Planificación Física (IPF) encabeza hoy la lucha contra las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanístico.
Compuesto por tres departamentos, correspondientes a las diferentes zonas del país, y subordinados al organismo central, es la dirección más joven de las pertenecientes a ese centro, y sus miembros se dedican a recorrer todo el país, aplicando controles integrales, de conjunto con el gobierno provincial y la Dirección de Planificación Física.
Además de las zonas urbanas en general, parte de su trabajo consiste en examinar las principales vías de interés nacional como la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las diferentes playas, así como otras áreas de interés turístico.
Yunet Feria Borrero, jefa del Grupo, explicó que el tema de las playas es precisamente uno de los centros de su trabajo, para lo cual realizan tres inspecciones anuales, en aras de garantizar el mejoramiento de este tipo de ecosistemas y áreas de interés turístico, dentro de las cuales se incluyó hace poco Ramón Antillas, ubicada en Holguín.
En lo respectivo al tema playero es donde han tenido mejores resultados, pues los gobiernos municipales y diferentes organizaciones e instituciones, con la participación activa del CITMA, han logrado que hoy el país pueda contar con varias playas libres de ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanístico, reconoció Feria Borrero.
«El enfrentamiento a ese tipo de ilegalidades es el centro del trabajo del grupo cada año, pues con el paso del tiempo el inventario de faltas ha ido en aumento, en la misma medida en que hemos ido mejorando en su detección», dijo.
Según cifras del IPF, su inventario cerró 2016 con 154 562 ilegalidades, en su mayoría constructivas, cifra cuyo mayor por ciento (124 710) corresponde a personas naturales.
Directivos del IPF afirman que uno de los principales motivos de esas ilegalidades constructivas radica no solo en el desconocimiento, sino en la indisciplina social, pues —afirma—a veces son las personas quienes no se informan acerca de lo que es o no correcto hacer, a la hora de ejecutar una modificación en sus viviendas u otros espacios públicos.
No obstante, el sector estatal y privado también lleva su cuota de responsabilidad. De ello dan fe las 29 852 ilegalidades cometidas por personas jurídicas, y sobre las cuales Yunet Feria Borrero declaró que existe una gran exigencia en este momento.
La necesidad de aminorar la frecuencia y cantidad de estas infracciones obliga a los organismos controladores del ordenamiento territorial y el urbanismo a continuar su labor comunicativa e informativa, de cara a fomentar una mayor cultura en la población.
