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La firma de un convenio de colaboración cuatripartita, entre los ministerios de la Agricultura (Minag) y de Justicia, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, tuvo lugar este sábado en la sede del Minag, con la presencia de las máximas autoridades de cada uno de estos organismos.
María Esther Reus, titular del Ministerio de Justicia, explicó que la rúbrica del acuerdo procura arribar a un escalón superior del asesoramiento jurídico en la base productiva —unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de créditos y servicios y cooperativas de producción agropecuaria—, teniendo en cuenta que es imprescindible la producción de alimentos para el desarrollo económico del país.
Advirtió que con vistas a lograr un avance en las bases productivas, estas tienen que alcanzar un adecuado funcionamiento, para lo cual es necesario un asesoramiento jurídico desde el proceso de contratación, comercialización y distribución de productos, hasta para la reclamación ante el incumplimiento de los contratos.
Reus reconoció que hay bases productivas que no reciben asesoramiento jurídico y que este convenio, el cual consta de tres partes, podría ayudar a solucionar ese problema.
Acotó que el convenio tiene un primer acuerdo que ofrece indicaciones metodológicas y organizativas para todos los implicados, principalmente para las direcciones provinciales de Justicia, las que rectorarán en cada territorio el reordenamiento de este proceso.
Significó que el segundo documento está dotado de un plan de acción y un cronograma de ejecución, pues se necesita que se concrete efectivamente. En cambio, el tercero procura la especialización, porque el sector agropecuario tiene sus particularidades, por lo que los asesores jurídicos que lo atienden deben estar preparados.
Reus señaló que para estos profesionales se diseñará un programa de capacitación y se les garantizará el suministro de la legislación y materiales metodológicos. Además, insistió en que habrá una reorganización interna en cada una de las empresas o de la Organización de Bufetes, que permita que estos asesores tengan una mayor presencia en el escenario de la base productiva e incluso, en aquellas que lo necesiten, se procurará un asesor a tiempo completo.
Aseguró que desde este momento y hasta diciembre se trabajará con un cronograma de ejecución que coadyuvará a solucionar los reclamos emanados durante el proceso de balance con vistas al XI Congreso de la ANAP, el cual ha redundado en la solicitud del acompañamiento legal para que se acometan las transformaciones políticas y sociales que requiere el perfeccionamiento de las bases productivas.
