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Raúl junto al vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo Jorge. Autor: Estudios Revolución Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
Importantes temas vinculados a la actualización del modelo económico cubano se analizaron el pasado viernes durante la reunión del Consejo de Ministros presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Como primer aspecto de la jornada, Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, expuso los conceptos básicos que deberán regir en las relaciones del Consejo de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), con respecto a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), a tenor con la necesidad de separar las funciones estatales de las empresariales, aumentar las facultades de las empresas y elevar su responsabilidad en la eficiencia y control de los recursos.
Señaló entre los principios de este perfeccionamiento institucional que «los OACE solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones creadas por decisión gubernamental, que únicamente realizan funciones de carácter empresarial. En tanto, las Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar y atender a las OSDE, con el fin de exigir eficiencia y disciplina, así como el cumplimiento de la legislación vigente».
Andollo Valdés dijo que estos principios se aplicarán de forma sostenida y gradual en estrecha vinculación con el perfeccionamiento funcional de los organismos y del sistema empresarial propiedad de todo el pueblo.
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros reconoció la complejidad de este asunto, el cual hay que continuar estudiando. «Es importante la gradualidad en el proceso, para no dar bandazos», agregó.
En este punto los ministros consideraron como prioridad la preparación de todos los dirigentes, quienes finalmente llevan a la práctica la reorganización institucional. De ahí que se precisara la importancia de incluir en los planes de superación de los cuadros cada una de las políticas que aprueba el Consejo de Ministros y actualizarlos de modo sistemático.
Política para la Ley de Funciones y Servicios Estatales
Este viernes también se presentó la propuesta de política para la elaboración de la Ley de funciones y servicios policiales, la cual está en correspondencia con el Lineamiento 140 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, dirigido a garantizar la tranquilidad ciudadana. Con tal fin, expresó Andollo Valdés, «se trabaja en la institucionalización de las funciones y los servicios policiales».
Entre las principales propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros mencionó la necesidad de disponer de una Ley para garantizar el orden público, la defensa y la protección de los derechos ciudadanos, en cooperación con los órganos y organismos estatales, entidades económicas, instituciones sociales y los ciudadanos; así como fortalecer la autoridad, la protección y el respaldo legal de las fuerzas.
Andollo Valdés precisó que en el documento presentado se establecen conceptos básicos de actuación policial como el respeto a la Constitución y las leyes, el trato profesional, ético y humano, la actuación bajo identificación previa, así como la celeridad y racionalidad en el trabajo.
Cuentas por pagar y por cobrar
A continuación, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, realizó un análisis sobre la evolución y tendencias de las cuentas por cobrar y por pagar en el país, con cierre en el mes de diciembre del pasado año.
«De forma general —dijo— el proceso de ordenamiento en este sentido se ha caracterizado por una disminución de los saldos vencidos respecto a diciembre de 2012».
Señaló que durante el 2013 hubo una tendencia favorable en la liquidación de estas cuentas, pero los resultados aún no son los óptimos pues se mantienen indisciplinas, desorganización, falta de prioridad a esta tarea, e imprecisiones y formalismos en los contratos, por lo que resulta necesario continuar prestando atención y control sistemáticos a dicho proceso.
Inscripción de inmuebles estatales
María Esther Reus González, ministra de Justicia, dio a conocer el informe de cumplimiento del plan de inscripción de inmuebles estatales del año 2013, periodo en el cual se asentaron en los registros de propiedad 63 396 inmuebles, de un plan de 65 329.
Dio a conocer que en el periodo del 2010 al 2014 deben inscribirse 302 801 inmuebles y que al término del 2013 se habían inscrito 225 814, para un 76% de cumplimiento, lo que demuestra que se avanza en esta materia.
Sobre este tema el Presidente cubano reiteró «que esta es una tarea a la cual le debemos continuar prestando la mayor atención, pues contribuye al ordenamiento del país».
Uso eficiente del agua
Seguidamente, Inés María Chapman Waugh, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), presentó un análisis sobre el uso del agua al cierre del 2013 teniendo en cuenta la productividad agrícola, industrial y en los servicios asociados a este recurso, lo cual está respaldado en el Lineamiento 300 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se expresa que el balance del agua constituirá el instrumento de planificación mediante el cual se mida la eficiencia en el consumo estatal y privado.
Según explicó, al concluir el pasado año, en los 242 embalses existentes se almacenaban más de 6 400 millones de metros cúbicos de agua lo que representa alrededor de un 70% de la capacidad total.
Al referirse al plan, señaló que en el 2013 apenas se consumió el 85,8% del agua prevista. «Estos resultados —argumentó— no se traducen en un ahorro, sino que son consecuencia del sistema de control vigente sobre el Balance de Agua, donde solo se mide la ejecución real con respecto al plan aprobado sin tener en cuenta que la mayoría de los consumos reportados son superiores a las normas establecidas, al no controlarse la eficiencia en el uso de este recurso natural».
Para revertir dicha situación —consideró— es necesario regular la obligatoriedad de tener en cuenta el rendimiento o nivel de actividad vinculado al uso del agua, pues hasta el momento solo sectores como el turismo, la industria azucarera y el níquel, controlan el rendimiento del agua en sus producciones.
Explicó que la agricultura se ratifica como la principal consumidora, seguida por el abasto a los sistemas de acueducto. «Entre ambas consumen el 80% del total nacional», afirmó.
Más adelante comentó las estrategias que se implementan para lograr un uso eficiente del vital recurso. Destacó que de 69 presas con bajo aprovechamiento que existían en el 2012, la cifra se redujo a 55 en el 2013.
Otra prioridad está encaminada al uso de los trasvases terminados y ejemplificó con el de Sabanalamar-Pozo Azul, en la provincia de Guantánamo, donde se ha logrado una estabilidad en el suministro para el riego y otros destinos, principalmente en el Valle de Caujerí.
Como tercer aspecto aludió a la ejecución del programa de rehabilitación de redes y conductoras de acueducto. «Se avanza, pero no se logra medir su impacto en términos de eficiencia debido a que persisten el limitado metraje, las pérdidas en interiores de las viviendas y otras instalaciones socio administrativas, así como tarifas inadecuadas».
Chapman Waugh recordó que cuando en diciembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional del Agua, se inició un proceso de reorientación hacia un nuevo enfoque de gestión del INRH, a partir de lo cual se definió como meta implementar el control de la productividad del agua en todas las ramas de la economía, con énfasis en la agricultura.
Entre los aspectos que limitan el empleo de dicho indicador como herramienta para lograr un uso más eficiente enunció la escasa medición de lo que se consume y la subestimación de su valor económico.
Proceso de unificación monetaria
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, informó a los miembros del Consejo de Ministros sobre el proceso de creación de condiciones para la unificación monetaria y cambiaria el cual calificó como extremadamente complejo.
Reiteró que esta no es una medida que resolverá por sí sola todos los problemas actuales de la economía, y que «su aplicación resulta imprescindible a fin de restablecer el valor del peso cubano y de sus funciones como dinero». Todo ello, unido a las restantes políticas aprobadas, propiciará el ordenamiento del entorno económico y la medición correcta de sus resultados, agregó.
Acerca de las tareas desarrolladas en este periodo inicial, mencionó la realización de seminarios de preparación en todo el país sobre las normas emitidas en los que han participado más de 20 mil cuadros y funcionarios. «Esto ha posibilitado conocer un grupo importante de consideraciones que nos permiten profundizar e identificar dificultades que existen para enfrentar el proceso».
Consideró que los máximos jefes de los OACE, OSDE, consejos de administración provinciales y entidades nacionales son los responsables de conducir dicho proceso. «Hay que prever y anticiparse a cualquier problema para saber cómo responder ante ellos. La preparación será fundamental para evitar la mayor cantidad de tropiezos», concluyó.
Finalmente, el también Vicepresidente del Consejo de Ministros, expuso la política para el perfeccionamiento de los salarios, pensiones y otros ingresos, la cual está encaminada a cumplir con varios de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y tuvo su primera expresión en el reciente aumento salarial para el sector de la Salud.
Entre sus objetivos generales mencionó «garantizar que cada cual reciba un salario acorde con su trabajo; estimular la responsabilidad por desempeñar cargos de dirección y la promoción en los órganos de Gobierno y las empresas, contribuyendo a revertir el fenómeno de la pirámide invertida».
