Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Evaluar cada caso, sin recetas fijas y evitando todo cuanto huela a burocracia, es la fórmula para este trascendental proceso

«¿Qué pretendo hacer con la tierra? Producir viandas, tabaco, café, lo que sea... No tengo tradición campesina, pero mi esposo sí; desde pequeño trabajaba la tierra con su abuelo. Así que esperamos que nos vaya bien».

Trabajar, producir, luchar... son palabras que esta muchacha de 25 años quiere enseñar a su hijo cuando nazca, «y criarlo allí pegado a la vega», dice.

Luis Mariano Brook González se jubiló del Ministerio del Interior en 1995; desde entonces decidió plantarle reto a la tierra: «Me sentí con ánimos y opté por irme a trabajar a una CPA, la Victoria de Girón; quería ver si era capaz de producir lo necesario para mantenerme y aportar un poquito más también para los demás».

Brook pretende ahora regresar a sus orígenes, en el Batey de Bella Vista, en la zona cafetalera de Dos Palmas. «Ahora es necesario avanzar más. Todavía me queda un poquito de fuerza y acogiendo esta decisión del Estado vengo a solicitar una caballería en el café, allá cerca de donde vive mi familia. Espero que me dé resultado».

 Alberto Gutiérrez, de 74 años, pidió una caballería y media para sembrar cultivos varios. Foto: Heriberto González Brito  «Vine a legalizar la tierra que tengo», aseguró Idalmis. Foto: Heriberto González Brito Ello le implicará en lo adelante repartirse entre su casa y la familia en la ciudad y la nueva finca en la serranía, pero cree que vale la pena. Lo mueve el convencimiento de que la gente necesita el alimento tanto como trabajar, no solo en la agricultura, sino también en muchas otras ramas.

Así lo cree también Tomás Salas, quien con sonrisa bonachona y sombrero alón estuvo entre los primeros que ratificó su solicitud para hacerse cargo de tierras ociosas de su municipio.

Toda la vida ha estado vinculado a la tierra y ya mantiene con buenos resultados un área de cultivos varios en la zona de Santa Rita. «Estoy solicitando la misma tierra donde trabajo y una colindante que hasta hoy está llena de marabú y aroma. Quiero continuar con el cultivo e incrementar la ganadería. Ya tengo parte de los pies de cría y todo.

«También quiero incorporar a mis sobrinos, que salieron del Servicio hace poco. Los muchachos jóvenes cuando se ven sueltos tienden a descarriarse, así que vinculándolos a mis tierras aspiro a encaminarlos».

Tomás ha pasado la mayor parte de sus 42 años vinculado al surco, y es de los que piensa que con esta nueva medida habrá mayor fuerza de trabajo y por tanto mayor producción. «Según el embullo que tenemos aquí los solicitantes creo que esto va a ser un paso de avance: lo importante es que las tierras produzcan».

Progreso, compromiso y trabajo fueron reiteraciones por más de una treintena de personas que acudieron el primer día a las oficinas del Centro de Control de la Tierra en la ciudad del Cauto, con la intención de dar un vuelco a la situación de alrededor de 8 000 hectáreas ociosas o ineficientemente explotadas en dicho territorio.

Lograr que las personas que ocupen esas tierras lo hagan con entusiasmo, para contribuir a conseguir los resultados productivos que el municipio espera, está entre las expectativas del ingeniero Ismael Rodríguez Rodríguez, delegado de la Agricultura palmera, quien valora como muy saludable la implementación de los nuevos decretos.

Domingo Zoe Suárez Correa, director del Centro de Control de la Tierra en Colón, Matanzas, refirió que la primera jornada de otorgamiento de tierra fue masiva en este territorio: «Apenas abrimos teníamos un listado preliminar con 353 personas solicitantes», nos dice, además de entidades como el MICONS provincial, el punto de venta del CAI Sergio González, la empresa de servicios comunales y ocho Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS). Allí se repartirán más de 22 000 hectáreas inactivas.

Miles de personas de todo el país acudieron a este tipo de centro durante el primer día del proceso de entrega en usufructo de tierras ociosas pertenecientes al Estado. Esto corrobora el interés expresado durante los debates del discurso de Raúl en Camagüey el 26 de Julio de 2007, de los cuales se emanaron 11 104 planteamientos, 900 de estos dirigidos a la entrega de tierras ociosas.

«A partir de ese momento se les llenó la declaración jurada, un modelo que está en todas las oficinas, muy fácil de llenar y que no lleva impuesto de sellos. Se le entregó a cada solicitante un modelo de aval para la CCS, que debe traer completado en un plazo de 15 días», explicó a JR el licenciado Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura.

El funcionario agregó que en el momento de la solicitud, quienes atienden el control de la tierra en los municipios dialogarán con los candidatos a usufructuarios. Estos plantearán sus intereses y propuestas, y se evaluará lo que está disponible en el fondo de tierras ociosas. A partir de entonces, de acuerdo con el solicitante, se define cuál es la tierra que se va a tramitar.

Ante resquemores como el de José Guilarte, candidato a tenedor de tierra del municipio de Boyeros, en la capital, de que se burocratice este proceso, el funcionario del MINAGRI sostuvo que los mismos interesados deben dinamizar ese proceso al ser ágiles con la entrega del aval de la CCS exigido.

«Tenemos previsto que a cada una de esas tierras que se van a entregar se le haga una medición catastral, pero hemos aclarado que son 30 días si no hay que medirlas, y 60 si requieren de mediciones».

Precisó que la población no tiene que ir a la Oficina Municipal de Hidrografía y Geodesia para gestionar la medición; solo debe hacer la solicitud, y la oficina de la tierra se encargará de asumir ese trámite que antes era tan burocrático y extenso.

  Los interesados en obtener tierras se personaron en las delegaciones municipales desde horas muy tempranas. «Tenemos una fortaleza a favor del tiempo y es que muchas de las tierras ociosas ya están mapificadas. Entonces estas solamente se asentarán en el mapa. Cuando el solicitante regrese a la Delegación es porque se le citó; y el Delegado, luego de reunirse con la Comisión Agraria de la localidad, definirá si se le entregará o no».

Olivera Gutiérrez subrayó que cuando el solicitante va a la oficina por tercera vez es para ser notificado de la decisión de la Comisión Agraria. Si se le otorgó la tierra, en ese mismo momento se le notifica, se inscribe y se hace el convenio ante la presencia de un asesor jurídico.

El día de la notificación, inscripción y firma del convenio se dejan claras todas las obligaciones de cada una de las partes. Automáticamente el solicitante ocupa las tierras de manera oficial, al contar con el certificado de tenedor inscripto que se le entrega en esa ocasión.

«A partir de ahí comienza su vida como usufructuario, sin otro trámite. Por eso le decimos a la gente que confíe en este proceso que está concebido con agilidad y sencillez.

«Un expediente, en el mejor de los casos, va a tener cinco documentos hasta la aprobación: una declaración jurada, un aval de la CCS, un mapa de certificación catastral, el acuerdo de la Comisión Agraria y la resolución que aprueba el trámite. Por lo tanto, si cada uno cumple con el plazo decretado, ningún expediente debe pasar de 20 a 30 días, por complicado que pueda ser».

El funcionario especificó que hay casos que requieren de un poco más de tiempo, como los que están propensos a denegarse, pues requieren de argumentos para informarle al solicitante el porqué no se accedió a su petición.

«Es bueno que se sepa que cuando se niega una solicitud el interesado tiene derecho a reclamarle al delegado provincial, quien analiza el caso en la Comisión Agraria de esa instancia. Mientras llega el dictamen, esa tierra no se le puede entregar a nadie más».

Existen lugares donde hay temores de que las tierras no alcancen para todos los interesados, y algunos se preguntan si pueden solicitarlas en otros municipios colindantes, pertenecientes en ocasiones a otras provincias.

En la capital, según Yanet Machado, funcionaria de la Agricultura, la misión de rescatar todas las áreas ociosas se hizo adelantadamente, al amparo de la resolución 960; por eso ahora solo existen 1 407 hectáreas deficientemente explotadas.

En la provincia de La Habana, el fondo de tierras ociosas asciende a 45 905 hectáreas y según las autoridades de la Agricultura en el territorio todas tienen bien definido su fin de acuerdo con la calidad de los suelos.

Fidel Lorente, director del Centro de Control de la Tierra en La Habana, aseguró que de estos suelos baldíos existen 11 942 hectáreas con posibilidades de riego, por estar cerca de canales y poseer pozos.

El Director del Centro Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura aclaró que el Decreto-Ley contempla que todos los cubanos con capacidad legal pueden solicitar tierras, pero cada municipio tiene que evaluar casuísticamente, porque la entrega en otros territorios puede traer consigo que en un futuro se haga solicitud de construcción de vivienda.

«No podemos pensar que habrá un compromiso de garantizar facilidades de construcción a partir de que se reciba la tierra cuando se vive en otro municipio. Las cuestiones relacionadas con la vivienda están por definir todavía.

«Se podrá construir, pero esto estará sujeto a las licencias, permisos y definiciones de materiales como está establecido. Lo que sí está claro es que para eso no habrá nada especial ni extra».

El solicitante Guillermo Zulueta dice que hay tierras sin declarar insuficientemente explotadas, como las de Bijirita, en Rincón, donde existen condiciones como carretera, agua y otras inversiones del Estado, y no están disponibles para quienes quieran trabajarlas.

Richard Pérez y Evelio Almanza, delegados del MINAGRI en Boyeros y Bauta, respectivamente, aseguraron que pueden aparecer más hectáreas que las detectadas, y si alguien solicita una tierra que no se haya declarado ociosa, los inspectores tienen la obligación de visitarla y someterla a consideración.

El licenciado Olivera Gutiérrez precisó que el fondo de tierras se irá actualizando periódicamente, en la medida de las posibilidades, demanda y conveniencias locales.

«Para estas entregas se va a tener en cuenta la necesidad de autoabastecimiento territorial. Existen lugares con necesidades más extremas que otros y les urge incrementar algunas producciones, sobre todo en áreas del perímetro urbano que son fáciles de explotar. Dichos casos se evalúan con el Instituto de Planificación Física para hacer un levantamiento de las mismas y entregarlas.

«Estas estarán sujetas a lo que especifica la ley: que las tierras previstas para el desarrollo de pueblos y ciudades se podrán entregar, pero limitadas al tiempo de inicio de las obras sociales».

Si alguien solicita una tierra que no se haya declarado ociosa, los inspectores tienen la obligación de visitarla y someterla a consideración. Foto: Heriberto González Brito Persuadidas también por la necesidad de producir alimentos, pero ahora de manera oficial, las capitalinas Paula García e Idalmis Labrara, acudieron a las oficinas para actualizar la legalización, pues ambas disfrutan desde hace tres años de un pedazo de tierra que se les permitió explotar.

«Ahora sí lo mío es mío. Tengo ganado bovino y porcino. Y produzco leche. El plan del año ya lo cumplí, al entregar 386 litros al municipio de Boyeros», nos dice Paula, quien aclara que su hectárea no es muy fértil, pero gracias a que es médica veterinaria aplica la medicina homeopática para tratar a sus animales y plantas.

«Tres años atrás vine a la oficina de la Agricultura de La Lisa y pedí la tierra que ahora tengo, pero pertenecía a un centro de trabajo. Como ya se la cedieron a la Agricultura me llamaron para medirme el terreno y entregármela oficialmente. Allí tengo aguacate, limón, mandarina, maíz, plátano y yuca. No quiero más, vine a legalizar las que tengo», aseguró Idalmis.

Alberto Gutiérrez pidió en el municipio habanero de Bauta un terreno de una caballería y media que tiene ubicado desde hace años. «Esas tierras la trabajamos tres viejos, uno de 84 años, otro de 66 y yo con 74, que los cumplí el 13 de agosto. Las cultivo hace 40 años; primero fue con la Universidad, luego con Comercio, y desde el 2000 la estoy trabajando de forma particular, pues me las dieron, pero no tengo papeles».

Algunos casos como estos, que acuden solo para legalizar sus terrenos y ya tienen experiencia de lo que rinden los suelos cuando son explotados con sentido de pertenencia, consideran que los volúmenes productivos aumentarán de manera notable.

Gina Pineda, delegada del MINAGRI en Güira de Melena, reconoce como fortaleza el hecho de que los que más están solicitando tierras en esa localidad son familiares de productores independientes, con experiencia y medios para trabajar. Precisó que aunque la mayoría de los interesados son personas naturales, también tres CCS solicitaron más área.

Sin embargo, no se sabe ciertamente a qué niveles se elevará la producción cuando comiencen a explotarse en toda la Isla las tierras improductivas que arrojó el último levantamiento.

Funcionarios del Ministerio de la Agricultura consideran que es muy difícil en este primer año calcular lo que esas tierras pueden aportar.

«Se trata de tierras en su gran mayoría infestadas de marabú u otras plantas invasoras; por lo tanto en este primer año van a necesitar de una actividad intensa en función de ponerlas a producir», aseguró el licenciado Olivera Gutiérrez.

La batalla más dura será el control

Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura, hizo un aparte con JR para esclarecer algunas inquietudes expresadas por aspirantes a usufructuarios.

—¿Qué tierras son intocables?

—Está prohibida la entrega de áreas protegidas, destinadas para fines de la Defensa y otras de interés topográfico o de preservación del medio ambiente. Las arrendadas al Estado por agricultores pequeños, tampoco pueden entregarse en usufructo; seguirán siendo arrendadas, porque son parte de planes estatales importantes. Igualmente ocurre con las del patrimonio histórico y cultural, entre otras que por interés estatal se decida no explotar de ese modo.

—Se plantea que para solicitar tierra se necesita demostrar capacidad física y legal. ¿Cómo no ser arbitrarios ante esta condicionante?

—El Decreto Ley 259 exige que se tenga capacidad real, pero hay determinadas discapacidades motoras, de visión y audición que no imposibilitan la incorporación al laboreo de la tierra. Las comisiones municipales deben analizar cada caso y no pueden aceptar que alguien esté solicitando a su nombre un área y otro sea quien la trabaje.

«Los que decidirán tienen que evaluar sin aplicar recetas fijas, de manera tal que cuando se tenga delante un determinado sujeto se pueda discernir justamente, para que individuos sin escrúpulos no se amparen en estas personas con limitaciones para obtener tierras.

«Hemos previsto que el proceso se desarrolle con transparencia, pero hay que hacer un llamado a los interesados en tener tierra y a funcionarios a todos los niveles, para velar por la disciplina después que se entreguen.

«Se van a contraer compromisos serios relacionados con la entrega de productos al Estado, a fin de sustituir importaciones y elevar producciones para bajar los precios en los mercados.

«La batalla más dura será el control a partir de que entreguemos esas áreas. Debe fiscalizarse el cumplimiento de las medidas fitosanitarias, veterinarias, de conservación del medio ambiente y de los compromisos contractuales.

«Las CCS a las que estos usufructuarios se asociarán deben apoyar y controlar todo lo que se exige. Esta etapa es muy revolucionaria, pero lo que viene después es todavía más importante».

—Todavía no existen precisiones sobre la construcción de viviendas en esos terrenos, el impuesto ni créditos bancarios. ¿Cuándo se definirán estos asuntos?

—Los bancos han asegurado que se ofrecerán créditos mediante los mecanismos establecidos, siempre a través de las CCS. Estos créditos serán para la inversión y el fomento agropecuario.

«Sobre el crédito se está trabajando; se sigue la idea de que este no sea para recaudar, sino que tenga carácter ordenador. La ANAP, el Ministerio de Finanzas y Precios, el MINAZ, el MINAGRI y el Instituto de Cartografía Hidrografía y Geodesia ultiman precisiones para fijar su valor.

«El Instituto Nacional de la Vivienda, con los ministerios del Azúcar y la Agricultura, define el tratamiento que se les dará a los usufructuarios.

«Ninguna de estas imprecisiones debe convertirse en intranquilidad para los solicitantes. Tampoco deberían limitar el interés de explotar las tierras, porque serán correctamente aplicables una vez definidas, en un tiempo que no admite mucha dilación y que tiene que sintonizar con los plazos acordados para empezar a responder a las solicitudes».

—¿Habrá tratamiento especial para quienes asuman la atención de las áreas más afectadas por el marabú y la degradación?

—No debe existir. Las personas se van a vincular a las CCS y allí recibirán apoyo de sus miembros. Tendrán, mediante la propia cooperativa, servicio de comercialización, contratación de fuerza de trabajo y asistencia en la preparación de suelos. Además, los créditos deberán apoyar a los más necesitados.