Acuse de recibo
EL pasado 20 de febrero, desde Víbora Park, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, Rolando J. Rizo Oliva censuró aquí que, en medio de la actual crisis del transporte público que sufre el país, porteadores privados imponen precios y tarifas inaccesibles, que afectan sobre todo a adultos de la tercera edad, ciudadanos de a pie y personas vulnerables.
En tal sentido, Rolando ejemplificaba con varias carreras: para transportarse de La Palma a Mantilla, unos cuatro kilómetros, cobraban 50 pesos; y de La Palma al reparto Capri, cinco kilómetros, cien pesos. En los bicitaxis con motores de motorinas adaptados, el trayecto desde Etecsa, en el reparto Aldabó, hasta la Calzada de Bejucal, tenía una tarifa de 250 pesos.
«Son recorridos, manifestaba, que personas de diferentes edades se ven obligadas a realizar para trámites oficiales con la Oficoda o Registro de Consumidores, actualizaciones y servicios de Etecsa o las oficinas del carné de identidad. ¿Y todos esos transportistas serán legales?», preguntaba.
Al respecto, responde Yanet Hernández Pérez, Gobernadora de La Habana, que, en los dos primeros tramos aludidos por el remitente, lo establecido es que se cobren 45 pesos, en correspondencia con la distancia en la clasificación de tramos cortos. Y en el último deben cobrarse 75 pesos, porque se clasifica como un tramo medio.
Por ello, manifiesta que con la Dirección de Inspección de la Dirección General de Transporte de La Habana, se organizó un enfrentamiento en los lugares antes mencionados.
Del 3 al 9 de marzo se impusieron en esos sitios 38 multas por el Decreto-Ley 30, relativo a las violaciones de precios. Y se retiraron además seis documentos y una matrícula. También el 17 de marzo, en otro operativo, se impusieron 24 multas por el propio Decreto-Ley 30, con respecto a las violaciones de precios.
«Ciertamente, puntualiza, corresponden a personas que se encuentran ejerciendo esa actividad de manera ilegal; por lo que, de conjunto con la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria, se citaron y resultaron apercibidos de cumplir con los requisitos para ejercerla».
Asimismo, explica que se trabaja en el ordenamiento de las piqueras para tener un mejor control de la actividad que realizan.
Informa que se visitó a Rolando en compañía de la miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, Maritza Romero Draque, la especialista de Inspección del municipio de Arroyo Naranjo y el director de Inspección Estatal de la Dirección General de Transporte de La Habana.
Y le explicaron las acciones realizadas y las medidas tomadas, no solo represivas, sino también preventivas para solucionar esa problemática, con lo cual Rolando estuvo de acuerdo y agradecido por la atención brindada.
20
