Acuse de recibo
Danny Leyva Silva escribe desde Sabanilla, en el municipio tunero de Majibacoa, en donde el pasado 5 de enero se robaron la turbina sumergible del pozo que suministra agua a esa comunidad. Y no hay solución hasta ahora.
Refiere Danny que su papá, quien vive en La Habana, y entonces estaba de vacaciones en Sabanilla, se comunicó vía telefónica con la Presidenta del consejo popular, quien le informó que ya tenían otra turbina, pero que los cables no aparecían.
El lunes 27 de enero se personó en Atención a la Población del Gobierno Provincial y planteó la situación. Le respondieron que dicho asunto era responsabilidad del municipio y de la Dirección de Acueducto. Y el 13 de febrero él se comunicó con el puesto de mando de la provincia; pero siguen sin respuesta, y sin agua.
«Todo parece indicar, afirma, que la insensibilidad, la indolencia y el acomodamiento siguen dando margen a la poca atención a las comunidades. Y es bien conocido que sin agua la vida se nos hace más difícil. Esperamos que la respuesta sea la solución del problema, que es lo que necesita la comunidad».
Rolando J. Rizo Oliva, residente en San Gregorio, Nro. 114-C, en Víbora Park, municipio habanero de Arroyo Naranjo, considera que ante la severa crisis que enfrenta hoy el transporte público en Cuba la proliferación de transportistas privados con motorinas y triciclos eléctricos con capacidades para seis personas, es un paliativo, pero…
Y aquí viene su preocupación: el asunto son los precios o tarifas que implantan, inaccesibles justamente para quienes más lo necesitan: personas de la tercera edad y el resto de los ciudadanos de a pie.
Por ejemplo, manifiesta, trasladarse por esos medios de La Palma a Mantilla, unos cuatro kilómetros, cuesta 50 pesos; y de La Palma al reparto Capri, cinco kilómetros, cien pesos.
Y en los bicitaxis con motores de motorinas adaptados, de Etecsa, en el reparto Aldabó hasta la Calzada de Bejucal, que son aproximadamente unos tres kilómetros de distancia, cuesta 250 pesos.
«Son recorridos, afirma, que personas de diferentes edades se ven obligadas a realizar para trámites oficiales con la Oficoda o Registro de Consumidores, actualizaciones y servicios con Etecsa, y con las oficinas del carnet de identidad.
¿Y todos esos transportistas serán legales?», pregunta finalmente.
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