Acuse de recibo
La historia que relata Jorge Luis Ferrera Ramírez es un capítulo absurdo de prohibiciones, y pudiera tener positivo desenlace con la instrumentación del Código de las Familias.
Desde Reforma 711, entre Calzada de Luyanó y Compromiso, municipio habanero de Diez de Octubre, él cuenta que cuando se casó con su actual esposa hace 22 años allá en Ciego de Ávila, ella tenía una hija de cuatro años de un matrimonio anterior, que se ha criado junto a él, como una hija. Y posteriormente tuvieron otra.
La hijastra, que actualmente tiene 26 años, compró una casa en La Habana, y les dio la oportunidad de vivir en ella, para que la hermana pudiera estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Pero en las oficinas del carné de identidad para el cambio de dirección hacia la casa de la hija mayor, solo pudieron hacerlo su esposa y la hija menor. A él no se lo permitieron porque… es su padrastro y no su papá.
«Ahora estoy ilegal en La Habana, dice, por no ser el padre legal de mi hijastra, y demostrando con documentos que estoy casado legalmente con su mamá. La he educado, alimentado, le he dado el tamaño que ella tiene sin la presencia del padre biológico. ¿Tengo que regresar a Ciego de Ávila donde vivíamos, y dejar a mi esposa e hija solas porque no se me permite estar con ellas?, pregunta.
El pasado 14 de septiembre, desde Gibara, Holguín, Alberto Calzadilla Anido (71 años) contó que a los 65 se jubiló y le propusieron reincorporarse a su labor de secretario de la Comisión del Foro de Ciencia y Técnica en Gibara. Y perpetuó su labor cinco años más.
En enero de 2022 presentó a la filial municipal del Inass su expediente relativo a los cinco años adicionales después de la jubilación, para el recálculo correspondiente y el aumento subsiguiente en su pensión. Allí remitieron su expediente a la instancia central del Inass en La Habana, responsable de concluir el proceso.
«Estamos ya en septiembre de 2022, decía, han transcurrido ocho meses desde que presenté el expediente, y esta es la fecha en que no he recibido una respuesta al respecto. ¿Acaso esos compañeros están por encima de la Ley y pueden engavetar un asunto tan importante para un ciudadano de este país, como es su sustento económico?»
Y el 15 de septiembre pasado, desde Santa Clara, Marisol Turró González refería que se había jubilado con 62 años en 2013, y entonces se contrató en su centro de trabajo. Ya el 24 de enero de 2022 presentó en el Inass de Santa Clara la documentación para el recálculo de la jubilación. Y hasta entonces no había recibido respuesta.
«He llamado y he ido en varias ocasiones a interesarme por mi situación, decía, y en el Inass me dicen que La Habana tiene mucho atraso y todavía no hay respuesta. Si ese es un derecho que tenemos, ¿por qué no se cumple? Mucho más si tenemos en cuenta que somos personas con 70 años o más. ¿Cuándo lo van a aprobar, cuando ya no existamos?», concluía.
Responde Benito Rey González, director de Pensiones del Inass, que a ambos reclamantes se les respondió que según investigaciones hechas se constató que tienen toda la razón; pero la demora principal está basada en el aumento de los trámites de incidentes a lo largo del país, que son ejecutados centralizadamente, y en la fluctuación de personal que tienen, lo que atenta contra la ejecución.
Afirma que se tomaron medidas para agilizar el procesamiento de los trámites pendientes. Se notificó a Marisol que el suyo fue resuelto y ya este mes pudo cobrar el incremento. Y Alberto Calzadilla Anido podrá efectuar el cobro de su aumento en noviembre, que se hace efectivo en octubre. Aclara que todos los trámites llevan incluido un pago inicial por concepto de diferencias desde la fecha de su solicitud.
«Ofrecemos disculpas por la demora y las molestias ocasionadas. Continuamos trazando estrategias y tomando medidas para evitar estas afectaciones a los beneficiarios y a la imagen de nuestra institución», concluye.
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