Acuse de recibo
Mientras el Gobierno cubano está exigiendo urgencia y agilidad para atender los trámites de la población, hay entidades e instancias que, en la práctica, se desentienden de esas orientaciones, como lo refleja lo sufrido por Luis Enrique León Oduardo, residente en la calle 58 B, no. 3111, entre 31 y 33, en el municipio capitalino de Playa.
El remitente cuenta que, tras fallecer su esposa, comenzó los trámites legales para adquirir la propiedad de la vivienda, por no contar con el documento legal que la acreditara. Gestionó toda la documentación, incluidos el reconocimiento del matrimonio, el dictamen técnico emitido por el arquitecto de la comunidad y el visto bueno de Planificación Física.
El 6 de mayo de 2019 presentó toda la documentación en la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), y pensó que lo lograría en un término no mayor de los 90 días. Pero solo fue un pensamiento. Un sueño truncado.
Transcurrido el lapso y sin resultados, la hija de Luis Enrique, quien tiene un poder para representarlo, ha concurrido a la DMV en innumerables ocasiones. Y no le dan una respuesta categórica al respecto.
Primero comunicaron que estaba a la espera de la firma del subdirector jurídico. Posteriormente, que se encontraba pendiente. Más tarde, que el 4 de octubre de 2019 debían recoger la resolución concesoria.
«Todo fue incierto —afirma Luis Enrique—. Nos personamos y logramos contactar con el especialista, quien luego de darnos un sinnúmero de explicaciones diversas, nos informó que realizarían las investigaciones. Algo realmente inaceptable.
«Todo ello denota poca seriedad. No se ha realizado dictamen alguno para el Gobierno; y consecuente con ello, dicho órgano no ha podido pronunciarse. ¿Por qué tanto maltrato, si el trámite que estoy realizando es totalmente legal, y con todos los requisitos de ley? ¿Es que se está esperando por mi fallecimiento para darle otro destino a la vivienda?», pregunta el octogenario.
Manifiesta Luis Enrique que se siente engañado, porque no ha podido contactar con los máximos directivos de la Vivienda en el municipio, pues siempre están reunidos en el momento preciso. «Espero —afirma— que el Gobierno de Playa realice las gestiones correspondientes para viabilizar la legalización de mi vivienda, donde resido hace 40 años».
Una vez presentada la queja ante diversos organismos, Luis Enrique recibió, con fecha 3 de diciembre de 2019, una comunicación firmada por la directora de la DMV, informándole que su trámite está para ser firmado por ella misma.
«Y es ahí —señala— donde radica mi asombro, por no decir que es una total falta de respeto. ¿Cómo es posible que la mencionada directora haya sido capaz de firmar la respuesta a la queja, con el conocimiento pleno de su contenido, y aún no firma el documento que autoriza la transferencia de propiedad, el que presumiblemente se encuentra en su poder?».
Ese día 3 de diciembre, la hija de Luis Enrique se personó inmediatamente en la DMV, y le manifestaron que el expediente se encuentra en el Consejo de la Administración Municipal (CAM).
«Vuelvo a indagar —dice—: ¿Dónde está el expediente, en el CAM o a la firma de la directora? ¿Cuál es la causa real del retraso?».
Todo parece indicar que, a pesar de las exigencias de la dirección del país para que los trámites de la población sean ágiles y expeditos, una rémora de inmovilismo y lentitud anda enquistada por no pocos sitios. Hace falta una carga contra la morosidad y la desatención, que menguan la credibilidad ciudadana en las instituciones públicas del país.
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