Acuse de recibo
Desde el municipio habanero de Cerro, Lorenzo Cabrera Guirola contaba aquí el pasado 9 de enero que tiene la custodia legal de su hija de nueve años, y labora de chapeador de áreas verdes, con un salario de 480 pesos, sin ninguna otra entrada monetaria. Y su gran problema es que no tiene refrigerador. Los alimentos se echan a perder, y su niña va a la escuela con un pomo de agua al tiempo.
Sus gestiones con Asistencia Social de Cerro fueron infructuosas. Fue al Consejo de la Administración Municipal y al Comité Municipal del Partido. Escribió a autoridades a niveles provincial y nacional, y no pudo resolver nada.
Lorenzo aclaraba que no quería un refrigerador regalado, sino que le dieran un crédito bancario y le descontaran una cantidad mensual de su salario, para acceder a ese electrodoméstico. Una necesidad y no un lujo en este país.
Y responde Karelia del Portillo Raveiro, del departamento de Atención a la Población del Banco Metropolitano (BM), que según el Decreto Ley 289 /2011 del Consejo de Estado, y la Resolución 99 e Instrucción 6 de 2011 complementarias de dicho Decreto Ley, el Banco «está autorizado a otorgar créditos a particulares para fines específicos: la compra de materiales de construcción y el pago de mano de obra para acometer en las viviendas acciones constructivas por esfuerzos propios, y el módulo de cocción de alimentos».
Y precisa que «el propio Decreto Ley aclara que el otorgamiento de crédito para otros propósitos será aplicado en la medida en que las condiciones económicas y financieras del país lo permitan».
Agradezco la respuesta y la explicación de los límites que impone el Decreto Ley para la política crediticia a personas naturales. Pero mientras no estén garantizadas las condiciones económicas y financieras para otorgar ese tipo de crédito, el país debe mirar con enfoque humano y con un prisma muy diferenciado casos como este.
¿No podrían fomentarse créditos solidarios, en los cuales la Asistencia Social, o quizá personas jurídicas o naturales, fungieran de codeudores junto a las obligaciones de pago del beneficiario? ¿Será este un sueño disparatado? ¿Cómo ayudar a Lorenzo y a otros que como él laboran y se esfuerzan y no pueden costearse un refrigerador?
Marlenis Salazar Anaya, allá en El Hondón, en el municipio granmense de Niquero, sigue damnificada por el huracán Dennis, que en 2005 derrumbó su vivienda. Entonces levantó una facilidad temporal, y fue visitada por varias comisiones, tanto del barrio, como del municipio, dándole siempre las mejores esperanzas de recuperación.
Al cabo de los meses, ella solicitó un subsidio y realizó todos los trámites correspondientes. Pagó el terreno, le concedieron la licencia de construcción y le confeccionaron el plano de la vivienda. Todo ello en un expediente.
Varios meses después, el presidente del consejo popular le informó que le habían aprobado el subsidio por valor de 80 000 pesos. Ella le preguntó si debía dirigirse al Banco para ello, y la respuesta fue que debía esperar, pues «no había dinero».
Los meses pasaban, y como no le avisaban, ella fue a la Dirección Municipal de la Vivienda. Allí la atendió la ingeniera María Teresa Linares, quien, cuando revisó el expediente de Marlenis, se percató de que «la vivienda estaba dada como terminada, cuando nunca he tenido casa».
Marlenis le dijo que iría a quejarse al Poder Popular municipal, y la ingeniera le respondió que no había necesidad de eso. Y enseguida le conformó un expediente con su situación. Y le garantizó que en tres días podía ir a comprobarlo, el cual sería remitido al Consejo de la Administración Municipal.
«Desde ese momento hasta la fecha, afirma Marlenis, he participado en todas las convocatorias y despachos con el presidente del Gobierno, y no he tenido respuesta alguna. En 15 años».
Ya llegó un momento en que Marlenis tuvo que abandonar la facilidad temporal, por las pésimas condiciones para habitarla. Y sin poder hacer nada, con un salario muy bajo.
«¿Dónde está mi casa?, pregunta, ¿a quién le duele mi situación?».
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